Haciendo Justicia - Acceso al sistema

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sólo un marco general que no agota ni determina las maneras locales
de la justicia. Lo específico de Oaxaca es que los municipios en su
gran mayoría son indígenas y así son reconocidos por el gobierno
estatal, especialmente después de las reformas legales sobre derechos
indígenas de 1995 y 1998,5 lo que tiene implicaciones de orden jurídico
y político en lo que respecta a fortalecer a las autoridades indígenas
y los sistemas consuetudinarios de elección. En el caso de los
mixtecos de la montaña de Guerrero el síndico municipal es el agente
principal de la justicia en la cabecera municipal, cargo ocupado
generalmente por un indígena, mientras los otros cargos de la justicia
municipal, juez y agente auxiliar del ministerio público, son
ocupados por mestizos. Por el contrario en Zinacantán las autoridades
municipales son indígenas y en la justicia intervienen varios
jueces de paz, y a nivel del paraje los mayores. También aquí en la
práctica de la justicia participan otras autoridades no reconocidas
oficialmente.
Prevalece así una estructura legal definida por el Estado a la cual
se encuentran incorporadas las comunidades indígenas. Tal estructura
cristaliza toda una historia de dominación y exclusión a la que se
han visto sujetos los pueblos indígenas y ante la cual han debido negociar
y adecuar sus prácticas de justicia y su derecho. Se observan
no obstante diferencias importantes en las diferentes regiones estudiadas.
El caso que llama más la atención es el de Zinacantán, en Chiapas,
debido a que las autoridades zinacantecas han conseguido conservar
bajo su control la justicia y la gestión política de las comunidades y
del municipio con una gran habilidad: negocian continuamente con
el Estado y sus estructuras para mantener una autonomía sobre sus
decisiones, como lo hace ver J. Collier. Encontramos aquí una estructura
judicial de gran peso y con una fuerte legitimidad para
atender los asuntos de los habitantes del municipio, con una población
de 35,000 personas (2001). No obstante la politización de las
disputas, particularmente por el impacto de los partidos políticos y los
procesos electorales están agudizando las tensiones locales y cuestio-
'En 1995 se reformó el código electoral del estado de Oaxaca para reconocer usos y costumbres
electorales en de los municipios indlgenas; en 1997, aparece una nueva versión de esta ley referida ahora
a la renovación de los ayuntamientos que electoralmente se eligen por normas de derecho consuetudinario.
En 1998, se publica la Ley sobre Derechos y Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca, que
avanza en el reconocimiento de derechos indígenas (cfr. Recondo, 2001).