Haciendo Justicia - Acceso al sistema

156 • MARÍA TERESA SIERRA
sólo 27 vecinos habían podido juntarse para una faena con el fin de hacer
una obra colectiva. El temor de ser acusado de abuso de autoridad
por "los derechos humanos" parece efectivamente funcionar como una
presión sobre las autoridades indígenas quienes no quieren verse involucradas
en problemas y prefieren no exigir coactivamente las faenas y
mucho menos encarcelar a alguien por no hacerlas. Esta situación puede
ser revertida dependiendo del reconocimiento que tenga la autoridad.
Así por ejemplo en otras comunidades, como en Xiloxochico, observamos
que las autoridades conseguían organizar las faenas e involucrar
a los vecinos de manera más eficaz.
La oportunidad de observar diferentes juzgados en las juntas auxiliares
de Cuetzalan permite destacar diferencias importantes en las
maneras de ejercer la justicia en las comunidades, lo que se debe principalmente
a la legitimidad de quienes ocupan los cargos para atender
los asuntos y resolverlos, ya la mayor o menor conflictividad vigente
en las comunidades. Pudimos constatar, por ejemplo, el caso del
juez en Santiago Yancuictlalpan, una de las comunidades con más diferenciación
social y poder económico, con presencia importante de
mestizos, que prefería enviar la mayor parte de las disputas al municipio
que resolverlas localmente ante el temor de represalias y venganzas;
opinión que nos fue referida por gente de las comunidades y
que pudimos constatar en varios de los pases enviados al municipio
acompañando los casos. Tal temor no es, sin embargo, infundado, ya
que en muchos de los asuntos están involucrados parientes o compadres
lo que para algunos puede interpretarse como favoritismo. En
otras ocasiones, la filiación política de la autoridad ha incidido en que
se recurra o no ante el juez, se decida buscar a otra autoridad local, o
bien pasar el caso al municipio, como se pudo observar con el agente
de Yohualichan. En este caso, su pertenencia a Antorcha Campesina le
significó el rechazo de algunos vecinos y la reducción de asuntos
atendidos localmente por esta autoridad (cfr. Vallejo, 2000). No obstante
estos casos de autoridades deslegitimadas contrastan con lo que
pudimos observar en la práctica de otras autoridades que contaban con
el reconocimiento para atender una gran cantidad de asuntos que se les
presentaban: tal fue lo que sucedió con el juez y el agente de San Miguel
Tzinacapan, eljuez de Yohaulichan, el agente de Santiago Yancuictlalpan
y eljuez y el agente de Xiloxochico. Todas estas autoridades durante
sus actuaciones parecían tener claros sus límites ante la legalidad
del Estado, y Estaban preocupadas de actuar de acuerdo a ciertos már-