Haciendo Justicia - Acceso al sistema

116 • MARíA TERESA SIERRA
grupos de poder regional, ha sido permeada por normas y costumbres
indígenas que en ocasiones contradicen la legalidad instituida. Esto provoca
que muchas resoluciones tomadas por autoridades judiciales oficiales
se resuelvan con base en acuerdos no siempre apegados a derecho, lo
que sin embargo no reconoce el discurso jurídico. Algo similar sucede en
las comunidades indígenas cuya situación estructural de subordinación
al derecho estatal ha provocado que la práctica de la justicia ponga enjuego
referentes legales provenientes de diferentes registros jurídicos, obligando
a la redefinición del derecho consuetudinario indígena. Tal situación
da cuenta de las tensiones que conforman al campo judicial ante la
exigencia de aplicar un modelo de justicia homogéneo sobre una realidad
jurídica y culturalmente diferenciada, lo que se agrava por la situación de
discriminación y las carencias estructurales que lo atraviesan. La aplicación
de la justicia revela por tanto la complejidad del orden jurídico regional
caracterizado por el inteIjuego de referentes normativos diferenciados
y por las relaciones de poder que los legitiman y no por la aplicación neutral
de la ley a ciudadanos abstractos que acceden a ella en supuesta
igualdad de condiciones.
Es bien sabido que la justicia en las regiones rurales del país, y particularmente
en las zonas indígenas, se caracteriza por la impunidad, la
violación de derechos y la imposición de la ley por parte de autoridades
generalmente mestizas vinculadas con caciques y los poderes regionales
(Paré, 1975; Barrera, 2000). Se trata en ese sentido de una justicia
excluyente amparada en el manto de la legalidad y del discurso jurídico,
incapaz de reconocer validez jurídica a los sistemas normativos indígenas.
Por esto mismo en diferentes regiones del país surgen y se refuerzan
procesos que buscan construir una justicia alternativa o bien
revitalizar y defender una justicia indígena que responda a otras lógicas
e intereses.' Tal situación sin embargo no permite comprender por
qué a pesar de todas estas dificultades y conflictos, en algunas regiones,
la justicia estatal es recurrida asiduamente por los vecinos de las comunidades,
al mismo tiempo que hacen uso de sus autoridades tradicionales
para resolver sus controversias.
Lo que resalta en la Sierra Norte de Puebla, tanto en el municipio de
Cuetzálan como en Huauchinango, es que las jurisdicciones indígenas
'Algunas experiencias en este sentido en comunidades nahuas del municipio de Cuetzalan, Puebla,
pueden verse en: Comisión Takachihualis, 1998. En otras regiones del país se desarrollan procesos muy
avanzados en relación con una justicia indigena alternativa y autónoma. de carácter regional, como es el
caso de la policía comunitaria de Guerrero (cfr. Barrera, 2000; Martínez, 2001).