Libro-La-rehabilitación-social-en-el-contexto-latinoamericano

La rehabilitación social en el contexto latinoamericano
penitenciaria 45 , en ella igual podemos encontrar manifestaciones expresas
de la separación penitenciaria.
Históricamente nuestra legislación ya contemplaba la separación,
como antiguamente la trataba tanto el Código Penal de 1875 en su artículo
87, como en el Código de Procedimiento Penal, en el artículo 292. El
mismo principio se vislumbraba en la Ley N° 4.447 en su artículo 35 sobre
Casas de Menores, y finalmente en la Ley N° 16.618 como asimismo en la
reforma de la Ley N° 19.343 a ésta última, que agregó el último inciso al
artículo 29 sobre separación de menores y adultos 46 .
45 En Chile, el sistema penitenciario fue formalmente establecido mediante la Ley dictada el 19
de julio de 1843, durante la presidencia de Manuel Bulnes Prieto. Para su implementación se
seleccionó un sistema que se diferenciara de los extremos que caracterizan a los dos principios
de reclusión: solitaria perpetua, y de trabajo y vida en común. En 1843 se dictó un Decreto en que
se mandaba a construir la cárcel penitenciaria y en 1847 fueron trasladados los reos del presidio
ambulante. Recién en 1887 se dispuso que el Gobierno debía tomar a su cargo los Establecimientos
Penales. Dos años más tarde, se creó la Dirección General de Prisiones y el Consejo. Superior
Penitenciario. En 1892, el 10 de octubre, se aprueba por vez primera un reglamento para los
guardias especiales de las prisiones. En 1899 dicha guardia de prisiones se comenzó a llamar
Cuerpo de Gendarmes, y el 1 de septiembre de ese año se dicta su Reglamento. Pero el año que
marcó un antes y un después en el sistema penitenciario fue en 1911, ya que es dictado el primer
Reglamento Carcelario. Esta modernización al sistema es extendido con la creación del Instituto
Nacional de Criminología, en 1949 se inauguró la escuela penitenciaria de Chile. Para terminar
con el desarrollo histórico de la fundación de Gendarmería, y con su creciente modernización,
en 1979 se dictan las siguientes normas legales en vigencia: la Ley Orgánica de Gendarmería de
Chile, el Estatuto del Personal de Gendarmería de Chile, y el Reglamento de Uso de Armamento
para el Personal de Gendarmería de Chile. Asimismo, la reciente reforma de nuestra legislación
penal mediante la promulgación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código
Penal, y la modificación introducida en el artículo 38 de la LOGP mediante la Ley Orgánica
13/1995, de 18 de diciembre, aconsejan no demorar por más tiempo la aprobación de un nuevo
Reglamento que proporcione a la Administración el instrumento normativo adecuado para
afrontar la política exigida por el actual momento penitenciario y dar respuesta a los nuevos retos
planteados.
46 Ley N ° 16.618, Art. 29 : “En los casos de la presente ley, el Juez de Letras de Menores podrá
aplicar alguna o algunas de las medidas siguientes: 1°) Devolver el menor a sus padres, guardadores
o personas a cuyo cargo estuviere, previa amonestación; 2°) Someterlo al régimen de
libertad vigilada, lo que se efectuará en la forma que determine el reglamento; 3°) Confiarlo,
por el tiempo que estime necesario, a los establecimientos especiales de educación que esta ley
señala, y 4°) Confiarlo al cuidado de alguna persona que se preste para ello, a fin de que viva
con su familia, y que el juez considere capacitada para dirigir su educación. En el caso del N°
4°, el menor quedará sometido al régimen de libertad vigilada establecido en el N° 2°. Estas
medidas durarán el tiempo que determine el Juez de Letras de Menores, quien podrá revocarlas o
modificarlas, si variaren las circunstancias oyendo al Consejo Técnico de la Casa de Menores o a
alguno de sus miembros en la forma que determine el reglamento. En caso de no existir Casa de
Menores, deberá oír al funcionario indicado en la letra l) del Art. 3°. Tratándose de un menor que
ha sido víctima de maltrato, el Juez podrá, además de decretar las medidas indicadas en el inciso
primero, remitir los antecedentes a los Tribunales competentes para aplicar sanciones penales a
quienes resulten responsables, o para decretar otras medidas cautelares en beneficio del menor y
de su grupo familiar. En caso alguno el juez de letras de menores podrá ordenar el ingreso de una
persona menor de dieciocho años en un establecimiento penitenciario de adultos”.
91