Libro-La-rehabilitación-social-en-el-contexto-latinoamericano

Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos
de los medios y derechos que posea el condenado, o más bien, de los
medios que puedan serle incautados. Por lo mismo, no afectan a quienes
puedan eludir las sanciones económicas o privativas de derechos mediante
la interposición de terceros poseedores o la intermediación de personas
habilitadas para ejercer “a la luz” los derechos que el condenado ejerce
“en la sombra”. Y es por ello que la única sanción que actualmente parece
surtir efectos disuasivos (“que contuviese a otros de cometer delitos”),
parece ser, en estos casos, la que recae sobre el propio cuerpo, esto es, la
pena privativa de libertad.
Según hemos anticipado, ante la evidencia del uso encubierto de
la prisión como medida de seguridad, Robinson estima que es posible
proponer la creación de dos sistemas de justicia: uno para imponer “penas
merecidas” y otro para regular el “internamiento preventivo”. Cada uno de
estos sistemas se regiría según sus propios principios distributivos. Así, las
“penas merecidas” deberían imponerse en toda su extensión, sin necesidad
de “revisión periódica”, como requeriría el “internamiento preventivo”;
las “penas” deberían consistir “dentro de los límites impuestos por la
dignidad humana, hacer sufrir”, en tanto que el “internamiento preventivo”
no supondría ese sufrimiento adicional al encierro; el “internamiento
preventivo” podría sustituirse en casos de baja peligrosidad del sujeto por
tratamientos de deshabituación, control telemático u otras alternativas a la
prisión, las “penas” no, porque son “merecidas” y “expresan la condena”;
el “internado” tendría derecho al tratamiento, el “penado” no 30 . A grandes
rasgos, y si no prestamos atención a las reglas que regulan la suspensión
de la condena y la ejecución progresiva de las sentencias en España y
Alemania, ni al hecho de que la imposición de medidas de seguridad
postdelictuales es decidida por la justicia criminal de dichos países,
podríamos decir que en ellos se contempla en cierta medida la propuesta
de Robinson. Pero hay que admitir que es en una medida muy reducida y
que, en todo caso, ello no impide que, objetivamente, la pena privativa de
libertad sea incapacitante, cualquiera sea el nombre con que se designe o
el “fundamento” con que se imponga.
Lo que aquí se propone es, en cambio, que si hemos llegado al
convencimiento de que las penas privativas de libertad cumplen factual y
30 Robinson, op. cit., p. 141s.
72