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La rehabilitación social en el contexto latinoamericano
las personas “«imponer penas» en una variedad de casos cuidadosamente
diseñados para ver qué factores influyen de hecho en sus juicios sobre
la pena” 21 . Sin embargo, la sustitución del “análisis filosófico” por el
“empírico” para determinar la pena “merecida por la culpabilidad” no
elimina el problema lógico planteado, sino que sencillamente lo ratifica:
si es cierto que la pena “merecida” en un lugar y momento histórico
determinado depende de las “intuiciones” acerca de la “justicia” que
existan en esa comunidad, entonces son “merecidas” (legítimamente)
la prisión por un tiempo determinado y las multas que esa comunidad
“intuya” como “merecidas” en un momento determinado para un caso
dado. Pero habrá que asumir que, entonces, son igual de “merecidas”, en
otro tiempo y lugar, la prisión y las multas en otras cuantías, la muerte,
la prisión perpetua, las torturas, las penas corporales, el trabajo forzado,
etc., en la medida que dichas sanciones correspondan a las “intuiciones”
acerca de la “justicia” que existan en la comunidad de que se trate. De
donde se sigue que no existe una relación lógica entre “las intuiciones de
justicia de la comunidad” y las respuestas penales de dicha comunidad,
sino una relación meramente empírica y contingente. Y esa relación no
afecta a las funciones que, como veremos más adelante, objetivamente
cumplen las penas privativas de libertad (que es lo que aquí interesa), sino
únicamente las “intuiciones” de la “comunidad” que permiten “explicar”
su “merecimiento”.
4. La cuestión normativa
¿Existe en los ordenamientos contemporáneos alguna limitación
a la imposición de sanciones privativas de libertad, según la culpabilidad
(o su medida) del agente
Es más bien claro que no hay en los tratados internacionales
más importantes en Derechos Humanos para la región (CEDH y PIDCP)
21 Robinson, Paul H., Principios distributivos del derecho penal. A quién debe sancionarse y en qué
medida, Trad. M. Cancioe I. Ortiz, Madrid: Marcial Pons, 2012, p. 163. La base del error lógico
en este caso se encuentra en las premisas de la investigación del autor, al señalar que “asume que
se puede justificar la institución de la pena”, y que lo que debe averiguarse son los criterios de
distribución de la misma, los cuales permitirían resolver la cuestión de “¿quién debe ser sancionado
y en qué medida” (p. 31). Sin embargo, no existe ninguna relación de implicancia lógica
entre la determinación de la responsabilidad de una persona y la clase y medida de la sanción a
imponérsele.
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