Libro-La-rehabilitación-social-en-el-contexto-latinoamericano

La rehabilitación social en el contexto latinoamericano
aunque no necesariamente comparte sus presupuestos originales (las ideas
del criminal nato, del ser antisocial, de la existencia de “incorregibles” y
otras similares), pero sí su referencia a la realidad objetiva o positiva del
funcionamiento del sistema penal como aspecto central en el análisis de
instituciones como las penas.
Se trata pues, antes que de la discusión de las concretas medidas
que deberían adoptarse para “reducir el sistema penal”, de hacernos la
pregunta previa acerca de la función objetiva del encarcelamiento como
consecuencia jurídica de la realización de un hecho determinado.
Dicha discusión se limitará exclusivamente a las funciones
objetivas de las penas privativas de libertad, y no a una discusión general
acerca del sentido y finalidad de todo tipo de sanciones existentes,
pretéritas o imaginables. Tampoco se abordará directamente la discusión
acerca de cuál sea la función del derecho penal como un todo ni las ya
imposibles de abarcar discusiones acerca del contenido y funciones
del llamado “principio de culpabilidad” en general. Estas cuestiones se
abordarán, de manera limitada, únicamente en relación con el objeto de
este ensayo: discutir la función objetiva de las penas privativas de libertad.
2. Sobre los presupuestos del discurso dominante que concibe
la función de las penas privativas de libertad como respuesta
a la “medida de la culpabilidad” del condenado
El año 2001, Silva Sánchez asociaba lo que denominaba el
“retorno a la inocuización” para imputables, especialmente en el ámbito
de la legislación penal norteamericana contra autores de delitos reiterados
de carácter sexual, con el replanteamiento del “recurso a medios
de aseguramiento cognitivo, junto con la pena como mecanismo de
aseguramiento contrafáctico de la norma”, y se preguntaba “si el principio
de peligrosidad puede legitimar realmente (y hasta qué punto) una
intervención restrictiva de derechos sobre el sujeto activo”, ante lo cual
respondía que tales intervenciones no serían, en principio, ilegítimas, si
se respetaba el criterio general y formal de la legalidad, y, materialmente,
49