Libro-La-rehabilitación-social-en-el-contexto-latinoamericano

Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos
Con los anteriores fundamentos, para BUSTOS RAMÍREZ, en
el caso del menor, se debe partir de que el juicio de inimputabilidad debe
tener dos niveles. En primer lugar, el reconocimiento como persona del
sujeto enjuiciado, y por tanto de los derechos que le son inherentes. Esto
implica, que se desplace todo ideal proteccionista frente al menor, que le
niegue su condición de persona y ente autónomo 97 .
Ahora bien, en cuanto al segundo nivel, al considerarse el menor
como persona, se le reconoce una capacidad de respuesta tomando en
cuenta su especial condición. Según BUSTOS RAMÍREZ: “el juicio de
inimputabilidad del joven respecto del hecho injusto por él cometido, no
significa “irresponsabilidad”, ya que siempre se le aplica una sanción,
aunque sea mediante un fraude de etiquetas (señalándose que es una
medida tutelar o benéfica y no una pena). Se produce en razón del hecho
injusto (delito) una intervención coactiva del Estado respecto del joven.
Es por eso que no se puede hablar de irresponsabilidad el menor, al menor
se le hace evidentemente responsable por sus hechos, de ahí la medida
coactiva, y ello porque ciertamente es responsable, porque es persona y,
por tanto, sus actos son plenos de significación dentro del sistema social.
De ahí entonces que resulte un burdo fraude de etiquetas plantear que al
menor no se le aplica un derecho penal, sino otra cosa” 98 .
En otras palabras, la inimputabilidad del joven no impide su
responsabilidad ni que se le aplique el Derecho Penal, por lo cual se
deben aplicar todas las garantías del Derecho Penal en general y además
profundizarse en aquellas que se requieran, por razón de su especial
situación 99 .
97 Ibídem, pp. 476-477.
98 Bustos Ramírez Juan, “Imputabilidad […]”, p. 478.
99 Ibídem, pp. 479 y 481-482. Lo anterior supone que sólo se le puede exigir una responsabilidad
determinada en la medida en que se ha dado al sujeto las bases de formación para tal capacidad
de respuesta; esto es, que como mínimo se le haya facilitado el acceso a la enseñanza básica.
Toma en cuenta también los anteriores aspectos: Ríos Martín Julián C. y Segovia Bernabe José
Luis, “La ley de responsabilidad penal de los menores. Cambio de paradigma: del niño en peligro
al niño peligroso”, en “Estudios Jurídicos del Ministerio Fiscal”, VI, Ministerio de Justicia de
España, 2000, pp. 550-551: “La cuestión, por tanto, no es si tiene la facultades psíquicas y la
madurez suficiente para comprender el alcance normativo, que de antemano en estas edades,
hay que ponerlo en entredicho, sino si las normas penales le motivan de tal forma que puede
llegar a abstenerse de cometer la conducta prohibida. De manera que, el menor no solo ha de
conocer el contenido normativo, sino también, que ha de encontrarse en situaciones en las
que pueda regirse, sin grandes esfuerzos, por ella”. Posteriormente Ríos Martín Julián Carlos,
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