Libro-La-rehabilitación-social-en-el-contexto-latinoamericano

Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos
todo aquello que pueda arreglarse por tratarse de delitos de naturaleza
patrimonial o económica debe en la medida de lo posible transitar por una
vía distinta a la de un juicio penal. Se deben privilegiar, como ya lo ordena
el artículo 17 de la Constitución mexicana, las salidas alternativas al
proceso: mediación, conciliación, suspensión del procedimiento a prueba,
reparación del daño para la víctima, etcétera.
Debemos también revisar exhaustivamente los códigos penales
para ver qué conductas vale la pena castigar con cárcel. En sentido
contrario al populismo penal que ha dominado el escenario político
mexicano en los años recientes, hay que “deflacionar” los códigos penales
y buscar alternativas a problemas que muchas veces tienen hondas raíces
sociales y económicas. Reaccionar frente a esos problemas con el código
penal como única respuesta es una insensatez.
Tal como hoy funciona, la cárcel es un fracaso clamoroso. No
merece que sigamos invirtiendo cuantiosos recursos, sin exigir a cambio
un mínimo de resultados. Lo más sano sería pensar en un modelo de
derecho penal con menos sanciones de cárcel y más alternativas desde
el momento mismo en que inicia el proceso penal (o incluso antes) 24 .
Solamente así podrá revertirse una situación social que nos amenaza a
todos y no parece servirle a nadie, salvo a los funcionarios corruptos que
se benefician explotando a los presos y a sus familias.
Es importante exigir rendición de cuentas en el ámbito
penitenciario, para lo cual se deben implementar modernos sistemas
de gestión, crear indicadores que nos permitan visualizar con claridad
los avances o retrocesos que se produzcan, mejorar la capacitación del
personal, involucrar a la sociedad civil en el análisis de lo que sucede
al interior de los reclusorios, permitir que los medios de comunicación
24 Cabe recordar que la ya citada reforma constitucional de 2008 en materia de proceso penal
acusatorio introdujo en el artículo 17 de nuestra Carta Magna la obligación para el legislador de
establecer medidas alternativas al juicio en todas las materias, incluyendo la penal. Es una buena
noticia, no solamente para hacer más racional y razonable el proceso penal, sino también para
hacer más ágiles los juicios en otras materias.
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