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La rehabilitación social en el contexto latinoamericano
IX. La necesidad de cambiar el modelo carcelario: notas
desde la experiencia mexicana
Autor: Miguel Carbonell
1. Introducción
La sanción más fuerte que se aplica a los delincuentes en
la mayoría de los países democráticos consiste en meterlos a la
cárcel y separarlos de la sociedad durante un tiempo, el cual es más
prolongado en función de la gravedad del delito que cometieron 1 .
La pena de prisión ha tenido a lo largo de su historia distintas
funciones y justificaciones 2 . Hoy en día se acepta que la cárcel es
simplemente una sanción: no sirve para cambiar la personalidad del reo, para
inculcarle valores o para que pueda arrepentirse de sus actos gracias a todo
el tiempo que permanecerá privado de su libertad. La cárcel es solamente
un castigo, cumplido el cual la persona tiene el derecho a reintegrarse
en la sociedad, contando con las herramientas necesarias para tal efecto 3 .
El problema, sin embargo, es que la cárcel no está sirviendo
ni siquiera para eso. Más bien parece que, a la vista de los datos
reales que tenemos disponibles, enviar a una persona a la cárcel puede
suponer en no pocas ocasiones empujarlos hacia una carrera delictiva
ascendente. Como lo ha sostenido la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, “cuando las cárceles no reciben la atención o los
recursos necesarios, su función se distorsiona, en vez de proporcionar
1 El principio de proporcionalidad entre el delito cometido y la pena que se le impone al responsable
está expresamente recogido en el artículo 22, párrafo primero, de la Constitución mexicana a
partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008.
2 Una explicación sobre el tema puede verse en Ferrajoli Luigi, “Derecho y razón. Teoría del
garantismo penal”, 10ª edición, Madrid, Trotta, 2011, páginas 385 y siguientes.
3 El artículo 18 de la Constitución mexicana señala que durante la pena privativa de la libertad se
deberán observar los propósitos de la educación, el trabajo, la capacitación para el mismo, el respeto
a los derechos humanos, el deporte y la salud de los internos. Esa es la agenda, ciertamente
encomiable, que traza nuestra Carta Magna. El hecho de que en la práctica se verifica en una
proporción muy escasa no la priva de un enorme valor ético y político, que tenemos que realizar
en la práctica del sistema carcelario como algo absolutamente normativo e incluso justiciable.
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