Libro-La-rehabilitación-social-en-el-contexto-latinoamericano

Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos
Es cierto que la amplitud de esta reforma penal es uno de los
factores que provocan estos retrasos. Diez artículos constitucionales
fueron reformados y estos cambios permean transversalmente todo el
marco normativo secundario de justicia penal y seguridad pública. Desde
la dimensión normativa, se modifica toda la parte sustantiva, adjetiva y
ejecutiva; si lo vemos desde la esfera operativa las modificaciones abarcan
la seguridad pública, la procuración y la administración de justicia que
impacta a 25,383 servidores públicos adscritos a la Procuraduría General
de la República, 47,984 empleados de la Secretaría de Seguridad Pública,
1,139 jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación, 397,664
policías estatales, legisladores, académicos y estudiantes. Lograr la
convergencia entre los que crean, enseñan y aplican las reformas ha
generado una serie de omisiones y resistencias naturales.
La reforma al sistema de justicia también tiene un segundo
inconveniente que está en el régimen político. A la fecha, no ha podido
conducirse la reforma de manera ordenada, con objetivos comunes y
siguiendo un mismo propósito. Los responsables de su implementación
se han encontrado con que el modelo constitucional de “república,
representativa, democrática, federal, compuesta por Estados libres y
soberanos” contiene una raigambre de intereses divergentes, en la que
participan múltiples actores que frenan su operación.
Según datos de la SETEC, del 18 de junio de 2008 al 29 de febrero
de 2012 los rezagos de la Reforma de justicia, vistos exclusivamente desde
un enfoque de la aprobación y entrada en vigor de la legislación que se
requiere atender para su operación, son los siguientes:
• A nivel local, existen siete Estados que aún no han podido
expedir la legislación que regula la reinserción social y el régimen
de ejecución de penas (la cual debió entrar el 18 de junio de 2011):
Sonora, Tabasco, Colima, Coahuila, Veracruz, Sinaloa y Nayarit.
• Sólo 16 legislaturas locales 11 han conseguido aprobar los códigos
penales procesales que se requieren para fijar los principios y
reglas del nuevo sistema de justicia.
11 Aguascalientes; Baja California Sur; Coahuila; Campeche; Colima; D.F.; Guerrero; Hidalgo;
Jalisco; Querétaro; Quintana Roo; SLP; Sonora; Tabasco; Tamaulipas; y, Tlaxcala.
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