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La rehabilitación social en el contexto latinoamericano
emitir una resolución. En el segundo, los encargados de la administración
de justicia son los que inyectan dinamismo al proceso; un solo ente
controla la función acusadora y enjuiciadora. Aunque en sus orígenes
ambos sistemas operaban bajo determinados principios procesales, hoy en
día las reformas que se han realizado en Europa y América Latina están
construyendo modelos mixtos de justicia penal.
A partir del 18 de junio de 2008 México ingresó a este grupo
de países que están buscando construir modelos de justicia penal más
eficientes y garantistas. Sin embargo existen dos inconvenientes que se
están produciendo para generar la legislación secundaria que fijará los
principios y reglas del nuevo sistema de justicia. El primer inconveniente
está en una planeación del tiempo poco afortunada para la entrada en vigor.
A cuatro años de iniciado este proceso, el rezago para implementar estas
reformas está a la vista. El texto del decreto obliga al Congreso y al Poder
Ejecutivo a expedir, antes de junio de 2011, la legislación secundaria que
habría de regular el “nuevo sistema de reinserción social” y el “régimen de
modificación y duración de las penas”. Esta fecha compromiso se venció
hace más de un año y ni la Cámara de Diputados ni el Senado lograron los
acuerdos necesarios para su aprobación. Actualmente, ambas asambleas
representativas han concluido sus periodos de sesiones, sin la posibilidad
de retomar el tema debido a la competencia electoral del 1 de julio de 2012
y el cambio de gobierno que se celebrará para diciembre del mismo año.
Concediendo que no existen reformas de este tipo perfectamente
proyectadas, los responsables de su implementación debieron tomar en
cuenta las externalidades de este tipo y otros factores que influyen en las
élites políticas. Desafortunadamente no fue así y con ello se ha frenado
la urgente aprobación del nuevo Código Federal de Procedimientos
Penales 10 , columna vertebral del sistema acusatorio / adversarial.
10 En teoría, si seguimos lo dispuesto en el artículo Segundo Transitorio del Decreto, el Código
Federal de Procedimientos Penales debería entrar en vigor antes del 18 de junio 2016. Sin embargo,
la iniciativa que presentó el presidente de la República está detenida en la Comisión de
Justicia de la Cámara de Diputados. El Presidente cumplió con presentarla, pero los legisladores
no han logrado aprobarla aún. En consecuencia, la siguiente legislatura retomará la discusión
desde cero y entre el presupuesto, las comparecencias, los nombramientos, la agenda política,
las efemérides y los “puentes legislativos” el Código Federal de Procedimientos Penales se irá
retrasando poco a poco.
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