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Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos sui generis en el mundo: CERESOS (154), CEFERESOS (2), penitenciarías (4), reclusorios preventivos (27), reclusorios regionales (18), cárceles regionales (9), cárceles distritales (67), cárceles municipales (150), granjas (2), una colonia penal y un centro varonil de estancia para la libertad anticipada y el tratamiento. De ellos, al gobierno federal le tocaría administrar únicamente 2 CEFERESOS y la Colonia Penal; al Departamento del Distrito Federal un CERESO, el centro varonil, una penitenciaría y 5 reclusorios; a las autoridades municipales 150 cárceles; y a los gobiernos estatales los 274 establecimientos restantes 9 . Así, el modelo carcelario mexicano construiría tantos mini sistemas penitenciarios como número de prisiones, cada uno de ellos administrado y operado de manera distinta por directores, generalmente, nombrados por el secretario de gobierno del estado o el propio gobernador. Sin experiencia, ni conocimientos o interés en la materia. Entre 1995 y 2005 la población penitenciaria se duplicó. Y aunque se dieron ampliaciones en la infraestructura instalada estas no sucedieron con la rapidez necesaria, ni con la proyección requerida para reducir la sobrepoblación. Datos del INEGI y de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social (año 2000) muestran el incremento: 1995 Población total: 93, 574 internos 2000 Población total: 154, 765 internos 2005 Población total: 205, 821 internos Fuero común 70, 288 Fuero federal 23, 286 Fuero común 113, 118 Fuero federal 41, 647 Fuero común 154, 350 Fuero federal 51, 471 5. La Reforma Constitucional de Justicia de 2008 En el mundo occidental la justicia se aplica a través de dos sistemas: El acusatorio / adversarial cuyo origen se remonta a las tradiciones de los antiguos pueblos anglosajones (commonlaw) y el inquisitivo, fruto del derecho romano continental (civil law). En el primero, las partes (acusado o imputado a través de su abogado defensor, y la víctima u ofendido a través del fiscal) llevan la batuta en la mayor parte del proceso y el juez queda a la espera de que le aporten los elementos necesarios para que pueda 9 Estadística penitenciaria nacional, diciembre 1995, Secretaría de Gobernación, Dirección General de Prevención y Readaptación Social, México, 1996. 232
La rehabilitación social en el contexto latinoamericano emitir una resolución. En el segundo, los encargados de la administración de justicia son los que inyectan dinamismo al proceso; un solo ente controla la función acusadora y enjuiciadora. Aunque en sus orígenes ambos sistemas operaban bajo determinados principios procesales, hoy en día las reformas que se han realizado en Europa y América Latina están construyendo modelos mixtos de justicia penal. A partir del 18 de junio de 2008 México ingresó a este grupo de países que están buscando construir modelos de justicia penal más eficientes y garantistas. Sin embargo existen dos inconvenientes que se están produciendo para generar la legislación secundaria que fijará los principios y reglas del nuevo sistema de justicia. El primer inconveniente está en una planeación del tiempo poco afortunada para la entrada en vigor. A cuatro años de iniciado este proceso, el rezago para implementar estas reformas está a la vista. El texto del decreto obliga al Congreso y al Poder Ejecutivo a expedir, antes de junio de 2011, la legislación secundaria que habría de regular el “nuevo sistema de reinserción social” y el “régimen de modificación y duración de las penas”. Esta fecha compromiso se venció hace más de un año y ni la Cámara de Diputados ni el Senado lograron los acuerdos necesarios para su aprobación. Actualmente, ambas asambleas representativas han concluido sus periodos de sesiones, sin la posibilidad de retomar el tema debido a la competencia electoral del 1 de julio de 2012 y el cambio de gobierno que se celebrará para diciembre del mismo año. Concediendo que no existen reformas de este tipo perfectamente proyectadas, los responsables de su implementación debieron tomar en cuenta las externalidades de este tipo y otros factores que influyen en las élites políticas. Desafortunadamente no fue así y con ello se ha frenado la urgente aprobación del nuevo Código Federal de Procedimientos Penales 10 , columna vertebral del sistema acusatorio / adversarial. 10 En teoría, si seguimos lo dispuesto en el artículo Segundo Transitorio del Decreto, el Código Federal de Procedimientos Penales debería entrar en vigor antes del 18 de junio 2016. Sin embargo, la iniciativa que presentó el presidente de la República está detenida en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. El Presidente cumplió con presentarla, pero los legisladores no han logrado aprobarla aún. En consecuencia, la siguiente legislatura retomará la discusión desde cero y entre el presupuesto, las comparecencias, los nombramientos, la agenda política, las efemérides y los “puentes legislativos” el Código Federal de Procedimientos Penales se irá retrasando poco a poco. 233
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