Libro-La-rehabilitación-social-en-el-contexto-latinoamericano

Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos
social –hoy reinserción social- tuvo una única guía. La Ley que Establece
las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, que de
manera muy general contenía algunos principios de corte internacional
para clasificar a los presos y el tratamiento preliberacional. Para 1990
el gobierno federal retoma el tema a través del Programa Penitenciario
Nacional 1991-1994 y elabora un diagnóstico que confirmó y actualizó la
oprobiosa situación de las cárceles narrada por Otero. Se contabilizaron
444 cárceles (solo una era administrada por gobierno federal: la colonia
penal islas Marías) con una capacidad total instalada para albergar a 73, 286
internos, sin embargo existía una población de 93, 524 personas. El 53.3%
de la población total correspondía a procesados y el 43.7% a sentenciados.
La división por fuero arrojaba 65.7% personas recluidas por delitos del
fuero común y 34.3% por delitos federales. De todo este universo, el 5%
de la población fue considerada de alta peligrosidad, el 75% de mediana y
el último 18% de mínima, todos invariablemente mezclados.
La mala planeación también se podía apreciar en el número
de espacios que ofrecía cada cárcel: De los 444 centros penitenciarios,
253 podían albergar de 1 a 50 internos; 143 cárceles tenían cupo de
51 a 500 internos; 14 de 501 a 1,000 internos y únicamente 34 centros
penitenciarios contaban con la posibilidad de instalar a más de 1,001
internos. Con esta infraestructura era muy difícil lograr la readaptación
social ya que convivían procesados con sentenciados y hombres con
mujeres. El trabajo, la capacitación y la educación eran esporádicos. Los
casos exitosos de readaptación se daban por actos volitivos del interno
más que por el “tratamiento” recibido. Ante este escenario, el gobierno
federal inició en 1990 la construcción de lo que hoy conocemos como
Centros Federales de Readaptación Social y a través de convenios con las
entidades federativas se fijó como objetivos:
I. Despresurizar el Sistema Penitenciario Nacional, mediante la
agilización de los procesos penales y lograr que los procesados
representen mayor porcentaje de población dentro de los centros
penitenciarios.
II. Agilizar el otorgamiento de los beneficios para reducir la
estancia de los internos sentenciados del fuero común.
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