Libro-La-rehabilitación-social-en-el-contexto-latinoamericano

Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos
de la sentencia definitiva, sean de interpretación y aplicación
restrictiva, con el cuidado de que no se desnaturalice la garantía
antes citada”.
Caso “López Álvarez vs. Honduras”, sentencia del 1 de febrero de
2006, CIDH.
“La legitimidad de la prisión preventiva no proviene solamente
de que la ley permite aplicarla en ciertas hipótesis generales.
La adopción de esa medida cautelar requiere un juicio de
proporcionalidad entre aquella, los elementos de convicción para
dictarla y los hechos que se investigan. Si no hay proporcionalidad,
la medida será arbitraria […]” y “[…]. Del artículo 7.3 de la
Convención se desprende la obligación estatal de no restringir
la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente
necesarios para asegurar que aquel no impedirá el desarrollo
eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia.
Las características personales del supuesto autor y la gravedad
del delito que se le imputa no son, por sí mismos, justificación
suficiente de la prisión preventiva […]. La prisión preventiva es
una medida cautelar y no punitiva. Se infringe la Convención
cuando se priva de libertad durante un período excesivamente
prolongado, y por lo tanto desproporcionado, a personas cuya
responsabilidad criminal no ha sido establecida. Esto equivale a
anticipar la pena […]”.
Caso “Suárez Rosero vs. Ecuador”, sentencia del 12 de noviembre
de 1997, CIDH.
“[...] De lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Convención se deriva
la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más
allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no
impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no
eludirá la acción de la justicia, pues la prisión preventiva es una
medida cautelar, no punitiva. Este concepto está expresado en
múltiples instrumentos del derecho internacional de los derechos
214