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La rehabilitación social en el contexto latinoamericano
Caso “Jorge, José y Dante Peirano Basso vs. Uruguay”, sentencia
del 6 de agosto de 2009, CIDH.
“[…] es aceptado que el Estado, sólo como excepción y
bajo determinadas condiciones, está facultado para detener
provisionalmente a una persona durante un proceso judicial aún
inconcluso, con la atención de que la duración excesiva de la prisión
preventiva origina el riesgo de invertir el sentido de la presunción
de inocencia, convirtiendo la medida cautelar en una verdadera
pena anticipada. En este sentido, la Comisión ha afirmado que, al
establecer las razones legítimas que pudiesen justificar la prisión
preventiva, “en todos los casos deben tomarse en consideración
los principios universales de presunción de inocencia y de
respeto a la libertad individual. Como derivación del principio de
inocencia, se exige un límite temporal “razonable” a la prisión
preventiva en virtud del cual toda persona debe recibir el trato de
inocente hasta tanto una sentencia condenatoria firme establezca
lo contrario. Aquí se presenta un conflicto entre la garantía de
no ser privado de la libertad personal hasta el dictado de una
sentencia que imponga una pena en función de la culpabilidad
por el hecho cometido y los deberes del Estado de respetar esos
derechos y de que el proceso no se vea frustrado en su ejecución
por la incomparecencia del imputado o en la obtención de la
prueba […]. Como toda limitación a los derechos humanos, ésta
debe ser interpretada restrictivamente en virtud del principio pro
homine, por el cual, en materia de reconocimiento de derechos,
se debe estar a la norma más amplia y a la interpretación más
extensiva e, inversamente, a la norma y a la interpretación más
restringida en materia de limitación de derechos. Ello se impone,
asimismo, para evitar que la excepción se convierta en regla,
debido a que esa restricción de naturaleza cautelar se aplica sobre
una persona que goza del estado de inocencia hasta tanto un fallo
firme lo destruya. De ahí la necesidad de que las restricciones de
los derechos individuales impuestas durante el proceso, y antes
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