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La rehabilitación social en el contexto latinoamericano
una medida menos gravosa que pudiera neutralizar tales peligros con
la misma eficacia. Es por ello que deben constatarse en cada caso los
requisitos de: necesidad, provisionalidad, mínimo de prueba, idoneidad,
carácter cautelar, legalidad y la aplicación de todas las garantías que hacen
al debido proceso. Al respecto, señala Binder “[…] la prisión preventiva
sólo será legítima si es una medida excepcional, si su aplicación es
restrictiva, si es proporcional a la violencia propia de la condena, si
respeta sus requisitos -es decir, si hay una mínima sospecha racionalmente
fundada y si se demuestra claramente su necesidad para evitar la fuga
del imputado-, si está limitada temporalmente de un modo absoluto y se
ejecuta teniendo en cuenta su diferencia esencial respecto de la pena.
Solamente si se cumplen en conjunto todos y cada uno de estos requisitos,
se estará respetando el diseño constitucional del uso de la fuerza durante
el proceso penal” 12 .
Es de notoria importancia remarcar su condición de medida
cautelar y naturaleza procesal, puesto que en varias ocasiones se procede
a restringir la libertad más allá de los límites autorizados por ley, violando
de este modo las garantías del debido proceso y las previsiones del art.
7 CADH. De este modo, cabe afirmar que toda medida privativa de la
libertad que se funde en circunstancias ajenas al proceso (tales como:
gravedad del delito imputado, reincidencia, clamor social, etc.) será
reputada inválida, y la privación de libertad ordenada en consecuencia,
será insanablemente ilegal. Ni la naturaleza del delito imputado, ni su
gravedad o mayor escala penal, pueden limitar por sí solos la libertad
durante el proceso, puesto que sin importar la calificación legal del hecho
que se le atribuye a un imputado, antes de mediar sentencia definitiva de
condena, prevalece el estado de inocencia. En sentido, al decir de Alberto
Bovino “[…] la existencia de peligro procesal, es importante destacarlo,
no se presume. Si se permitiera una presunción tal, la exigencia quedaría
vacía de contenido, pues se ordenaría la detención aun cuando no existiera
peligro alguno. No basta, entonces, con alegar, sin consideración de las
características particulares del caso concreto, o sin fundamento alguno
que, dada determinada circunstancia -v.gr., la pena prevista legalmente-
12 Binder Alberto, “Introducción al Derecho Procesal Penal”, Buenos Aires, Ad Hoc, 1993, p. 17.
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