Libro-La-rehabilitación-social-en-el-contexto-latinoamericano

Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos
-como por ejemplo, la prisión preventiva que restringe la libertad de
locomoción-, da lugar a la tradicional distinción entre coerción real
y coerción personal. La primera importa una restricción a la libre
disposición de una parte del patrimonio (de una persona); la segunda es
una limitación a la libertad física de la persona. Ambas tienen en común
la finalidad de garantizar la consecución de los fines del proceso y pueden
afectar, al imputado o a terceros” 10 .
Dentro del proceso penal, la libertad debe ser la regla general,
al menos así lo estatuye la Convención IDH, y por carácter transitivo,
los Estados Partes deberían así regularlo en sus respectivas legislaciones
internas (en el caso de Argentina, por ejemplo, todos los códigos procesales
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establecen que la
regla general es la libertad durante la sustanciación del proceso).
Así pues, toda vez que se trata de una medida restrictiva
de naturaleza procesal, a fin de verificar su validez y legitimidad,
deberá tenerse en cuenta que su procedencia sólo puede obedecer a la
verificación efectiva de un peligro procesal en un caso concreto. Estos
peligros están emparentados a la frustración del proceso, sea por fuga o
por entorpecimiento de la investigación. Tal como sostiene Maier “[…]
la coerción procesal es la aplicación de la fuerza pública que coarta
libertades reconocidas por el orden jurídico, cuya finalidad, sin embargo,
no reside en la reacción del Derecho frente a la infracción de una
norma de deber, sino en el resguardo de los fines que persigue el mismo
procedimiento: averiguar la verdad y actuar la ley sustantiva, o en la
prevención inmediata sobre el hecho concreto que constituye el objeto
del procedimiento. Por ello, es verdad que en el derecho procesal penal,
excluyendo los fines preventivos inmediatos, el fundamento real de una
medida de coerción sólo puede residir en el peligro de fuga del imputado
o en el peligro de que obstaculice la averiguación de la verdad” 11 .
Sólo será procedente en los casos absolutamente indispensables
para el correcto desarrollo de la investigación, y siempre que no hubiere
10 Cafferata Nores José I., “Medidas de Coerción en el Proceso Penal”, Córdoba, Marcos Lerner
Editora Córdoba, 1993, p. 17.
11 Maier Julio, “Derecho Procesal Penal”, Bs. As., Editores del Puerto, 1995, p. 514 y ss.
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