Libro-La-rehabilitación-social-en-el-contexto-latinoamericano

Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos
juez natural, plazo razonable, y estado de inocencia. Adquieren
fundamental importancia éstas dos últimas, puesto que en los casos de
prisión preventiva el encierro constituye una gravosa limitación respecto
de una persona que, aún estando sometida a proceso, goza del estado de
inocencia hasta tanto una sentencia firme de condena lo desvirtúe. Pues, tal
como sostiene Ferrajoli “Hacer recaer sobre el imputado una presunción
de peligrosidad basada únicamente en la sospecha del delito cometido,
equivale de hecho a una presunción de culpabilidad” 4 . Este temperamento
es receptado por la Corte IDH al señalar “el principio de la presunción de
inocencia, tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención,
exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba
plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta
o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla” 5 .
Asimismo, tratándose de medidas provisionales cuya duración
debe estar delimitada temporalmente, y cuya extensión no puede ir más
allá de los límites indispensables para asegurar el desarrollo del proceso,
adquiere notable relevancia la consideración de la garantía de plazo
razonable. Debemos tener presente que la enumeración de la norma no
es taxativa y a la vez constituye un pliego de “garantías mínimas” 6 , es
decir, un parámetro por debajo del cual los Estados no pueden actuar, bajo
pena de incurrir en responsabilidad internacional por incumplimiento de
las pautas de los arts. 1º y 2º CIDH.
La prisión preventiva, en tanto medida limitativa de la libertad, es
de naturaleza provisional, temporal, precautoria y eminentemente procesal,
y no puede -al menos de modo válido- fundarse en circunstancias ajenas
a los peligros procesales: esto es, entorpecimiento probatorio o peligro
de fuga. Pues tal como señala Cafferata Nores, la prisión preventiva no
4 Ferrajoli Luiggi, “Derecho y razón. Teoría del garantismo penal”, Madrid, Trotta, 2000, p. 551.
5 Conf. Caso “Cantoral Benavides”, Sentencia del 18 de agosto de 2000, CIDH.
6 “1.Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable,
por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad
por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para
la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier
otro carácter. 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia
mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene
derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas (…)”- Conf. Art. 8 CIDH.
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