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La rehabilitación social en el contexto latinoamericano
CIDH 1 , y de modo complementario en las disposiciones previstas en los
arts. 1º, 2º, 8º y 25º de dicho instrumento.
La inteligencia de la norma es clara, la libertad personal es un bien
tutelado que corresponde a toda persona y del que nadie puede ser privado,
salvo en las circunstancias particulares previstas y legisladas ex ante por
cada Estado. Ello no es una mera afirmación, puesto que los Estados
Partes en el ámbito de la CIDH están obligados a adoptar las disposiciones
de derecho interno que sean necesarias, a fin de hacer efectivos los
derechos y garantías consagrados por la Convención 2 . Recordemos
que “los tratados modernos sobre derechos humanos, en general, y, en
particular, la Convención Americana, no son tratados multilaterales de
tipo tradicional, concluidos en función de un intercambio recíproco de
derechos, para el beneficio mutuo de los Estados contratantes. Su objeto y
fin son la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos,
independientemente de su nacionalidad, tanto frente a su propio Estado
como frente a los otros Estados contratantes. Al aprobar estos tratados
sobre derechos humanos, los Estados se someten a un orden legal dentro del
cual ellos, por el bien común, asumen varias obligaciones, no en relación
con otros Estados, sino hacia los individuos bajo su jurisdicción” 3 .
A su vez, ésta norma contenida en el artículo 7.1 que constituye el
correlato necesario de nuestro trabajo, se ve complementada por el art. 8º
de la CIDH que versa sobre las garantías del debido proceso, entre ellas:
el derecho de defensa, el derecho a ser oído, la garantía de imparcialidad,
1 “1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. 2. Nadie puede ser
privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por
las constituciones políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. 3.
Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios (…) – Conf. Art. 7 CADH
2 Este ha sido el temperamento adoptado por la Corte IDH en varios pronunciamientos, entre los
cuales cabe citar el caso “Villagrán Morales y otros”, en el cual frente a una impugnación del Estado
guatemalteco, se expidió “Es un principio básico del derecho de la responsabilidad internacional
del Estado, recogido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que todo
Estado es internacionalmente responsable por todo y cualquier acto u omisión de cualesquiera
de sus poderes u órganos en violación de los derechos internacionalmente consagrados (…). De
lo expuesto se colige que Guatemala no puede excusarse de la responsabilidad relacionada con
los actos u omisiones de sus autoridades judiciales, ya que tal actitud resultaría contraria a lo
dispuesto por el artículo 1.1 en conexión con los artículos 25 y 8 de la Convención” - Conf. Caso
“Villagrán Morales y Otros (Caso “Niños de la Calle), Sentencia del 19 de noviembre de 1999,
CIDH.
3 Opinión Consultiva 2/82 CIDH, del 24 de septiembre de 1982.
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