Libro-La-rehabilitación-social-en-el-contexto-latinoamericano

La rehabilitación social en el contexto latinoamericano
lograr sus propósitos, aunque ello signifique cometer nuevos delitos 68 . Lo
anterior se agrava por el hecho de que cuando los ciudadanos ven a otros
cometer acciones antisociales, sin que por ello sean objeto de sanciones
punitivas, la pena surte en tales personas un efecto “ejemplarizante a la
inversa”, pues ellos se verán tentados igualmente a cometer conductas
delictivas 69 .
Finalmente y en el mismo contexto de la situación judicial
venezolana, resta acotar la influencia que respecto del principio de
progresividad tienen algunas decisiones judiciales que, en la línea de la
política criminal venezolana reciente 70 , tienden a negar la concesión de
beneficios y fórmulas alternativas al cumplimiento de la pena privativa
de libertad 71 . Ello se traduce en un retroceso evidente del principio de
resocialización, en pro de una concepción retributiva de la pena.
68 Baiz Reina, “Impunidad: Como factor desencadenante de la criminalidad”, Capítulo Criminológico
Vol. 36, N° 2, abril-junio 2008, Maracaibo, Universidad del Zulia, 2008, pp. 74, 78.
69 Romero Rogelio, “La impunidad como factor criminógeno”, Archivos de Criminología, criminalística
y seguridad privada, Vol. VIII, enero-julio 2012 [On line] Disponible en: http://dialnet.
unirioja.es/servlet/busquedadoct=impunidad&db=1&td=todo&inicio=351, p. 2.
70 La política criminal venezolana de los últimos años ha seguido la tendencia que, a nivel global,
se destaca como rasgo característico del Derecho Penal moderno. El Derecho penal en la era de
la globalización, se define por la deliberada política de criminalización, antes que de descriminalización
o de despenalización, lo que se califica bajo la expresión de expansión patológica del
Derecho Penal. A la señalada característica se suman las siguientes: a) Frecuentes y parciales
alteraciones por el legislador de la Parte Especial del Código Penal o la edición de leyes penales
especiales; b) aumento de los marcos penales de los delitos clásicos; c) la protección institucional
(o funcional de los bienes jurídicos); d) amplia utilización de la técnica de los delitos de
peligro abstracto; e) menosprecio patente al principio de lesividad u ofensividad; f) erosión del
contenido de la norma de conducta; g) uso del Derecho penal como instrumento de (en flagrante contradicción con su naturaleza subsidiaria); h) poca preocupación
por los principios de igualdad y de proporcionalidad; i) transformación funcionalista de
clásicas diferenciaciones dogmáticas (autoría y participación, consumación y tentativa, dolo e
imprudencia, etc.; j) responsabilidad penal de la persona jurídica; k) endurecimiento de la fase
ejecutiva de la pena; l) privatización o tercerización de la Justicia y m) profundas alteraciones
en el área del proceso penal, para alcanzar la meta de la efectividad. Ver: Gomes Luis, “Globalización
y Derecho penal”, La ciencia del Derecho penal ante el nuevo siglo. Libro homenaje
al Profesor Doctor Don José Cerezo Mir. Coord. Díez Ripollés, José. Madrid, Editorial Tecnos,
2003, pp. 336-343.
71 En relación con este aspecto resulta de interés el estudio efectuado por Ferreira, en el que a partir
de la valoración de decisiones emanadas de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia
venezolano (tal es el caso de la Sentencia N° 35, del 25 de enero de 2001; de la Sentencia
N° 2715, del 29 de noviembre de 2004; de la Sentencia N° 3167; del 14 de diciembre de 2004; de
la Sentencia N° 812, del 11 de mayo de 2005; de la Sentencia N° 1648, del 13 de julio de 2005;
de la Sentencia N° 3067, del 14 de octubre de 2005; de la Sentencia N° 111, del 01 de febrero
de 2006; de la Sentencia N° 266, del 17 de febrero de 2006; de la Sentencia N° 227, del 17 de
febrero de 2006; de la Sentencia N° 1114, del 25 de mayo de 2006 y de la Sentencia N° 1325, del
04 de julio de 2006), concluye que en ellas se niega el programa penitenciario proclamado por el
constituyente venezolano, toda vez que no se ha dado la debida preeminencia a las medidas de
naturaleza no reclusoria en la ejecución penal, sino que por el contrario, en su criterio, el Tribunal
Supremo en su Sala Constitucional ha cimentado el discurso de la represión, la exclusión y
la aflicción penal. Ver: Ferreira Francisco, op. cit., pp. 344, 345.
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