Libro-La-rehabilitación-social-en-el-contexto-latinoamericano

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Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos en un obstáculo para la prevención del delito 65 , la cual constituye un fin fundamental de la pena. Un índice alto de impunidad, refleja un funcionamiento inadecuado del sistema. En el año 2011, según datos ofrecidos por la Fiscal General de la República en la presentación anual de su memoria y cuenta, la impunidad en Venezuela se ubicó en 91,8% 66 . En relación con ese mismo año, organizaciones civiles denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que sólo el 3% de las violaciones de derechos humanos terminaron en acusación judicial. Destacaron que de 8.813 casos que recibió la fiscalía venezolana, el 93% fue archivado y únicamente el 3% resultó en una acusación. Respecto del período 2006-2010 Liliana Ortega, directora de la ONG Cofavic, señaló que de los 30.000 casos que recibió la fiscalía, solamente el 7% finalizó en acusaciones 67 . Frente a tales índices de impunidad, el fin preventivo general de la pena resulta poco menos que cuestionable, toda vez que el efecto intimidatorio asociado a la pena privativa de libertad se ve diezmado ante la inoperancia del sistema en la identificación, enjuiciamiento e imposición de sanción a los sujetos responsables de la comisión de hechos delictivos. Como lo destaca Baiz, la impunidad es un grave problema que afecta a la sociedad venezolana, que deteriora su credibilidad en los diferentes órganos que conforman la Administración de Justicia y origina una crisis de institucionalidad. Al propio tiempo, la falta de castigo se erige como un factor multiplicador de la criminalidad, pues cuando la persona no es sancionada por el delito o falta en que ha incurrido, cree que tiene el derecho de realizar las acciones que estime necesarias para 65 Bravo Luis, “La prevención en la obra de Rosa Del Olmo”, Revista CENIPEC N° 24, enerodiciembre 2005, Mérida, Centro de Investigaciones Penales y Criminológicas Héctor Febres Cordero, Universidad de Los Andes, 2005, p. 111. 66 Ver: República Bolivariana de Venezuela, Ministerio Público, Despacho de la Fiscal General de la República. Informe Anual 2011 a la Asamblea Nacional. Caracas, 29 de marzo de 2012 [On line] Disponible en: http://www.mp.gob.ve/c/document_library/get_fileuuid=c9efb1a0-93db- 4320-8c9f-be4d1a49397b&groupId= 10136. 67 Ver artículo de prensa publicado [On line] Disponible en: http://elimpulso.com/articulo/crimenes-e-impunidad-crecen-sostenidamente-en-venezuela#. En relación con el año 2012, el Observatorio Venezolano de la Violencia, dirigido por Roberto Briceño León, presentó la cifra de 121.692 casos de homicidios cometidos para ese año en Venezuela. Ver artículo de prensa publicado [On line] Disponible en: http://elimpulso.com/articulo/impunidad-se-consolido-envenezuela-como-promotora-de-violencia. 192
La rehabilitación social en el contexto latinoamericano lograr sus propósitos, aunque ello signifique cometer nuevos delitos 68 . Lo anterior se agrava por el hecho de que cuando los ciudadanos ven a otros cometer acciones antisociales, sin que por ello sean objeto de sanciones punitivas, la pena surte en tales personas un efecto “ejemplarizante a la inversa”, pues ellos se verán tentados igualmente a cometer conductas delictivas 69 . Finalmente y en el mismo contexto de la situación judicial venezolana, resta acotar la influencia que respecto del principio de progresividad tienen algunas decisiones judiciales que, en la línea de la política criminal venezolana reciente 70 , tienden a negar la concesión de beneficios y fórmulas alternativas al cumplimiento de la pena privativa de libertad 71 . Ello se traduce en un retroceso evidente del principio de resocialización, en pro de una concepción retributiva de la pena. 68 Baiz Reina, “Impunidad: Como factor desencadenante de la criminalidad”, Capítulo Criminológico Vol. 36, N° 2, abril-junio 2008, Maracaibo, Universidad del Zulia, 2008, pp. 74, 78. 69 Romero Rogelio, “La impunidad como factor criminógeno”, Archivos de Criminología, criminalística y seguridad privada, Vol. VIII, enero-julio 2012 [On line] Disponible en: http://dialnet. unirioja.es/servlet/busquedadoct=impunidad&db=1&td=todo&inicio=351, p. 2. 70 La política criminal venezolana de los últimos años ha seguido la tendencia que, a nivel global, se destaca como rasgo característico del Derecho Penal moderno. El Derecho penal en la era de la globalización, se define por la deliberada política de criminalización, antes que de descriminalización o de despenalización, lo que se califica bajo la expresión de expansión patológica del Derecho Penal. A la señalada característica se suman las siguientes: a) Frecuentes y parciales alteraciones por el legislador de la Parte Especial del Código Penal o la edición de leyes penales especiales; b) aumento de los marcos penales de los delitos clásicos; c) la protección institucional (o funcional de los bienes jurídicos); d) amplia utilización de la técnica de los delitos de peligro abstracto; e) menosprecio patente al principio de lesividad u ofensividad; f) erosión del contenido de la norma de conducta; g) uso del Derecho penal como instrumento de (en flagrante contradicción con su naturaleza subsidiaria); h) poca preocupación por los principios de igualdad y de proporcionalidad; i) transformación funcionalista de clásicas diferenciaciones dogmáticas (autoría y participación, consumación y tentativa, dolo e imprudencia, etc.; j) responsabilidad penal de la persona jurídica; k) endurecimiento de la fase ejecutiva de la pena; l) privatización o tercerización de la Justicia y m) profundas alteraciones en el área del proceso penal, para alcanzar la meta de la efectividad. Ver: Gomes Luis, “Globalización y Derecho penal”, La ciencia del Derecho penal ante el nuevo siglo. Libro homenaje al Profesor Doctor Don José Cerezo Mir. Coord. Díez Ripollés, José. Madrid, Editorial Tecnos, 2003, pp. 336-343. 71 En relación con este aspecto resulta de interés el estudio efectuado por Ferreira, en el que a partir de la valoración de decisiones emanadas de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia venezolano (tal es el caso de la Sentencia N° 35, del 25 de enero de 2001; de la Sentencia N° 2715, del 29 de noviembre de 2004; de la Sentencia N° 3167; del 14 de diciembre de 2004; de la Sentencia N° 812, del 11 de mayo de 2005; de la Sentencia N° 1648, del 13 de julio de 2005; de la Sentencia N° 3067, del 14 de octubre de 2005; de la Sentencia N° 111, del 01 de febrero de 2006; de la Sentencia N° 266, del 17 de febrero de 2006; de la Sentencia N° 227, del 17 de febrero de 2006; de la Sentencia N° 1114, del 25 de mayo de 2006 y de la Sentencia N° 1325, del 04 de julio de 2006), concluye que en ellas se niega el programa penitenciario proclamado por el constituyente venezolano, toda vez que no se ha dado la debida preeminencia a las medidas de naturaleza no reclusoria en la ejecución penal, sino que por el contrario, en su criterio, el Tribunal Supremo en su Sala Constitucional ha cimentado el discurso de la represión, la exclusión y la aflicción penal. Ver: Ferreira Francisco, op. cit., pp. 344, 345. 193
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