Libro-La-rehabilitación-social-en-el-contexto-latinoamericano

La rehabilitación social en el contexto latinoamericano
b) Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de
1999
El análisis de la previsión de la pena en el marco de la Constitución
venezolana, obliga a referir en primer término los artículos 2 y 3 del texto
constitucional, en los que se define al modelo de Estado como democrático
y social de derecho y de justicia. El haberse acogido dicho modelo implica,
desde el punto de vista de la concepción de la sanción penal, que ésta no se
aplica únicamente porque se ha cometido un delito, sino que debe existir
un objetivo ulterior que el Estado pretende alcanzar con su imposición 39 .
Como lo destaca Gómez Grillo, la Constitución de 1999 “[…]
es la primera Carta Magna que en la historia nacional entra en
la cárcel […]” 40 , específicamente a través de los artículos 272 41
y 184 42 . En los términos del mencionado autor, de los referidos
preceptos derivan los mandatos sobre los cuales descansa el
sistema penitenciario venezolano. Estos son: 1) Rehabilitación del
interno o interna y el respeto a sus derechos humanos. 2) Espacios
para el trabajo, el estudio, el deporte y la recreación, necesarios
para el debido tratamiento reeducativo. 3) Profesionalización
penitenciaria, es decir, universitarios con título de penitenciaristas
39 Bolaños Mireya, op. cit., p. 17.
40 Gómez Grillo Elio, “El actual penitenciarismo constitucional de Venezuela”, Ciencias Penales:
Temas actuales. Homenaje al R.P. Fernando Pérez Llantada S.J. Coords. Vásquez Magaly y
Chacón Nelson, Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, 2003, p. 36.
41 Artículo 272: “El Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del
interno o interna y el respeto de sus derechos humanos. Para ello, los establecimientos penitenciarios
contarán con espacios para el trabajo, el estudio, el deporte y la recreación, funcionarán
bajo la dirección de penitenciaristas profesionales con credenciales académicas universitarias,
y se regirán por una administración descentralizada, a cargo de los gobiernos estadales o municipales,
pudiendo ser sometidos a modalidades de privatización. En general, se preferirá en
ellos el régimen abierto y el carácter de colonias agrícolas penitenciarias. En todo caso, las
fórmulas de cumplimiento de penas no privativas de libertad se aplicarán con preferencia a las
medidas de naturaleza reclusoria. El Estado creará las instituciones indispensables para la asistencia
post-penitenciaria que posibilite la reinserción social el ex-interno o ex-interna y propiciará
la creación de un ente penitenciario con carácter autónomo y con personal exclusivamente
técnico”. En relación con el artículo 272 ver, ampliamente: Rodríguez Alejandro “Constitución
y Derecho Penal”, Un análisis de las disposiciones constitucionales con incidencia en el ámbito
jurídico-penal. Caracas, Ediciones Liber, 2001, pp. 78-82.
42 Artículo 184: “La ley creará mecanismos abiertos y flexibles para que los Estados y los Municipios
descentralicen y transfieran a las comunidades y grupos vecinales organizados los servicios
que éstos gestionen previa demostración de su capacidad para prestarlos […]”.
183