Libro-La-rehabilitación-social-en-el-contexto-latinoamericano

Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos
establecen parámetros universalmente aceptados relativos al tratamiento
de detenidos, e instan a los Estados Partes para que adopten medidas para
su aplicación eficaz. Estas son: 1) Reglas mínimas para el tratamiento de
los reclusos (1957); 2) Conjunto de principios para la protección de todas
las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión (1988); 3)
Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley
(1978); 4) Principios de ética médica aplicables a la función del personal
de salud, especialmente los médicos, en la protección de personas presas
y detenidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes (1982) y; 5) Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la
administración de la justicia de menores, denominadas Reglas de Beijing
(1987).
Por otra parte y en el plano regional, esto es en el marco de la
Organización de Estados Americanos, la protección de los derechos de las
personas detenidas o encarceladas se inicia con la Declaración Americana
de los Derechos y Deberes del Hombre (1948), que en correspondencia
con los anteriores instrumentos internacionales, consagra un conjunto
de derechos para todas las personas que son igualmente aplicables a
quienes están sometidos a penas privativas de libertad. Posteriormente, la
Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) de
1969, abarca una serie de derechos vinculados con la debida protección
y tratamiento de las personas sometidas a cualquier forma de detención
(Arts. 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 23, 24, 25 y 26). Finalmente, debe
destacarse que en términos similares a la Convención contra la Tortura y
Otros Tratos o Penas Inhumanos o Degradantes, la Convención Americana
para Prevenir y Sancionar la Tortura de 1985, incluye disposiciones que
garantizan la protección de las personas detenidas o encarceladas.
Resta señalar que la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, en el año 2008, aprobó los Principios y buenas prácticas sobre
la protección de las personas privadas de libertad en las Américas, ello
en atención al incremento de casos de violación de derechos humanos de
los cuales son víctimas las personas privadas de libertad.
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