Libro-La-rehabilitación-social-en-el-contexto-latinoamericano

Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos
un sistema de becas, conforme lo señaló el procurador Francisco Miguel
Mugnolo.
Por otro lado, a diferencia de lo que sostuvo el Tribunal Superior
de Justicia de Córdoba, creemos que en nada influye la fuente de
regulación de los institutos, es decir, si es una ley en sentido formal o un
decreto reglamentario. Es algo secundario que se vincula con la técnica
legislativa y especificidad de la materia. No olvidemos que la ley 26.695
es de carácter nacional, y posee igual fuerza y jerarquía que el Código
Penal de la Nación, por lo que puede sin duda alguna abarcar los institutos
allí reglados. Distinto hubiera sido si el estímulo educativo fuera previsto
en una resolución administrativa o en un decreto.
Finalmente, la falta de regulación temporal para el avance a
las distintas fases del período de tratamiento dificulta la aplicación del
estímulo educativo. Como se pudo advertir de la transcripción del marco
normativo que ordena la materia, para acceder a las fases de socialización,
consolidación y confianza, se evalúa el cumplimiento de distintos objetivos,
y no influye el transcurso del tiempo. Sin perjuicio de ello, creemos que el
progreso educativo mostrado por la persona deberían ser tenidos en cuenta
para la aplicación del artículo 7 de la ley 24.660: “El condenado podrá ser
promovido excepcionalmente a cualquier fase del período de tratamiento
que mejor se adecue a sus condiciones personales, de acuerdo con los
resultados de los estudios técnico-criminológicos y mediante resolución
fundada de la autoridad competente”. De esa forma, se podrá incorporar a
la fase de confianza gracias a sus avances en los distintos cursos, y luego,
ahora sí, en aplicación de la reducción de plazos del artículo 140, a los
últimos dos períodos.
6. Conclusiones
La intención legislativa de inclusión material de las personas
privadas de libertad al marco de prestaciones positivas que debe realizar
el Estado para cumplir con el programa de la educación como derecho
humano, constituye sin duda alguna un avance, no definitivo, sino,
esperemos, incipiente y alentador para nuevas modificaciones que alteren
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