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La rehabilitación social en el contexto latinoamericano
Ariel Garín concluyó también por la amplitud del alcance del
estímulo educativo, y destacó, para ello, la aplicación de los principios
“pro homine”, “favor libertatis” e “in dubio pro reo” 56 .
Víctor Eduardo Hortel, Director Nacional del Servicio
Penitenciario Federal, sostuvo que la conjunción de normas en cuestión
“deben ser siempre interpretadas en un sentido amplio y de la forma que
resulte más beneficiosa para el estudiante en contexto de encierro” 57 .
Francisco Miguel Mugnolo, Procurador Penitenciario de la
Nación, se presentó como “amicus curiae” ante la Sala IV de la Cámara
Federal de Casación Penal, y entre sus aportes indicó que en estos casos se
debía realizar una interpretación que permitiera la “aplicación a la mayor
cantidad de casos posibles dentro de lo mentado por el legislador, para
cumplir con el objetivo que se propusieron los representantes del pueblo
de estimular la educación en las cárceles de la Argentina” 58 . Asimismo, y
con relación a los principios que deben regir estas cuestiones agregó que
“en lo específicamente propio del ámbito penal, se debe propiciar aquel
entendimiento de una norma que habilite grados mayores de libertad del
individuo ante la duda respecto de qué regla legal es dable aplicar en una
situación en la que se dirime si una persona debe permanecer o no privada
de ese derecho fundamental” 59 .
Dentro de los antecedentes jurisprudenciales, uno de los primeros
que hizo lugar a la aplicación del artículo 140 de la ley 24.660 fue dictado
por el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de
Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires n° 23 60 .
56 Ibídem, p. 149.
57 Resolución n° 295 de la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, de fecha 24 de febrero de 2012.
58 “Amicus curiae” presentado por el Procurador Penitenciario de la Nación en la Sala IV de la Cámara
Federal de Casación Penal, in re “Prieto María Silvina”, resuelto el 21 de agosto de 2012.
59 Ibídem.
60 Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires n° 23, in re “Taboada Ortiz Víctor” resuelto del 20 de diciembre de 2011. Véase
el comentario a dicho fallo: Horacio Aguilar, Martín Federico Chasco, Martina Gómez Romero,
Florencia Maldonado, Tomás Pérsico y Daniela Sesma, “Estímulo educativo en contextos de
encierro. Alcances e interpretación” en Revista de Derecho Penal y Criminología, Editorial La
Ley, Año II, número 4, mayo 2012, p. 185 y ss.
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