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La rehabilitación social en el contexto latinoamericano
Cabe también destacar otra problemática: la disposición del
tiempo de la persona. En efecto, los horarios de estudio suelen coincidir
con los estipulados para que realicen distintas labores y percibir un salario
para ayudar a su familia 30 . Coincidimos en este punto con el Procurador
Penitenciario de la Nación, Francisco M. Mugnolo, quien señaló que un
sistema de becas para aquellos que estudiaren complementaría de gran
manera el estímulo educativo de la ley 26.695 31 y 32 .
Esta interferencia en la educación por aspectos punitivos, es
inherente al modelo de pena estatal. Sin perjuicio de la crítica efectuada,
sostenemos que la nueva legislación es un avance en materia de
reconocimiento de derechos humanos, y un progreso sobre el que no hay
marcha atrás 33 .
No implica ello pretender que tiene un carácter superador o
salvador de los problemas de la prisión, pues en cierto modo reproduce
las relaciones y estructuras sociales en su modalidad actual. El cambio de
la lógica punitiva que se mantiene ininterrumpidamente desde los albores
del siglo XIII 34 depende de otros factores y circunstancias, mucho más
profundas y complejas que el tema aquí abordado, que implican ahondar
en la idea misma de “Estado”, “persona”, “ley”, “norma”, “prohibición”,
etc.
No desconocemos la notable desconexión que existe entre
la sociedad y las personas privadas de su libertad, proceso que en la
30 Sin perjuicio de ello, no se puede pasar por alto que para verse favorecido por el estímulo educativo
debe concluirse el ciclo educativo que se curse, no es suficiente la mera participación como
en otras actividades (laborales, etc.).
31 Aquí entra en juego uno de los principios básicos del derecho penal: la intrascendencia de la pena
o personalidad de la pena (artículo 5, inciso 3° de la Convención Americana Sobre Derechos
Humanos cuya letra refiere: “La pena no puede trascender de la persona del delincuente”).
32 “Amicus curiae” presentado por el Procurador Penitenciario de la Nación en la Sala IV de la Cámara
Federal de Casación Penal, in re “Prieto María Silvina”, resuelto el 21 de agosto de 2012.
33 Al respecto, el artículo 26 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos refiere: “Los
Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la
cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la
plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación,
ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos,
reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía
legislativa u otros medios apropiados”.
34 Véase al respecto Eugenio Raúl Zaffaroni, “La criminología como curso”, En torno a la cuestión
penal, Buenos Aires, Editorial B de F, 2005, p. 10 y ss.
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