Libro-La-rehabilitación-social-en-el-contexto-latinoamericano

Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos
de una decisión personal, ya sea a través de los representantes legales de
los menores 26 , o por motu propio en el caso de los mayores.
Centrémonos en este último caso. ¿Es una decisión voluntaria
la educación en contextos de encierro ¿El aprendizaje se vincula con
la evolución de etapas educativas o con obtener un premio para egresar
antes de la prisión ¿Se mantiene la relación estudiante/profesor dentro
del aula
Partamos de dos premisas básicas. Primero, y en consonancia con
lo señalado por Mariano Gutiérrez: la vida de la persona privada de libertad
mantiene dos ejes centrales: “prisión o libertad”. El objetivo primordial de
la persona es egresar de esa institución. Esta circunstancia tiñe cualquier
cuestión que acaezca intramuros. Por otro lado, y por más que el discurso
de la pena como defensa social está siendo levemente abandonado en pos
de uno antropocéntrico que reconoce los derechos inherentes a la persona,
es innegable que mientras exista la institución “prisión” rondará la idea
de “tratamiento” o “corrección”, pues de lo contrario se admitiría su
naturaleza real: que se trata de un mero depósito de personas excluidas de
la sociedad, lo que resulta un discurso políticamente inaceptable.
Ergo, si entrelazamos los puntos obtenemos tres pilares
indiscutibles: privación de libertad -tratamiento- libertad.
Retomemos las preguntas planteadas párrafos arriba.
Evidentemente hay un problema con la voluntariedad de la decisión por
educarse de las personas institucionalizadas en prisiones: no eligen con
total libertad empezar o concluir sus estudios, o especializarse en un arte
u oficio. Por más buena predisposición que tenga el preso de superarse y
aprender herramientas para desenvolverse con mayor solvencia cuando
recupere su libertad, cuestión que está fuera de duda, su intervención
en esas actividades es evaluada y luego utilizada para determinar su
“concepto”. El artículo 101 de la ley 24.660 refiere que “[…] se entenderá
26 Artículo 13, inciso 3° del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
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