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La rehabilitación social en el contexto latinoamericano
condenados”; por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, en su artículo 10, inciso 3°, refiere: “El régimen penitenciario
consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la
readaptación social de los penados. Los menores delincuentes estarán
separados de los adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado a
su edad y condición jurídica”. En el orden interno, es clave lo dispuesto
por la ley 24.660 6 , titulada “Ejecución de la pena privativa de la libertad”,
cuyo primer artículo señala: “La ejecución de la pena privativa de libertad,
en todas sus modalidades, tiene por finalidad lograr que el condenado
adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley procurando su
adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de
la sociedad [...]”.
De lo expuesto se desprende con claridad que la pena privativa
de la libertad girará en torno a la readaptación o reinserción social de
la persona. Decir ello no implica, bajo ningún punto de vista, legitimar
la pena a partir de la prevención especial positiva, pues existen serios
reparos frente a ello 7 . Sin embargo, y si tomamos en cuenta el estado de
vulnerabilidad que presentan las personas que sufren este tipo de pena 8 ,
corresponde preguntarnos por las medidas que les debe ofrecer el Estado,
y brindar así distintas herramientas para superar ese estado marginal que
se ve notablemente empeorado por la estadía en lo que Foucault llamó
“fábrica de delincuentes” 9 .
En el presente trabajo se analizará un dispositivo que ha devenido
en derecho humano o fundamental (en adelante se utilizarán los términos
en forma indistinta): la educación. En consecuencia, en primer término
se abordará su anclaje normativo a nivel general, así como puntualmente
en relación con las personas privadas de su libertad. Posteriormente
se analizará brevemente la problemática de la educación en la lógica
punitiva. Finalmente, y como eje central, nos aproximaremos al problema
del alcance que se le otorga al estímulo educativo, como herramienta
fundamental en el cese de la medida privativa de la libertad.
6 Publicada en el Boletín Oficial el 16 de julio de 1996.
7 Por todos, véase a Eugenio Raúl Zaffaroni, Alejandro Alagia y Alejandro Walter Slokar, “Derecho
Penal. Parte General”, Buenos Aires, Editorial Ediar, 2002, p. 62 y ss.
8 Louis Wacquant, “Castigar a los pobres. El gobierno neoliberal de la inseguridad social”, Barcelona,
Editorial Gedisa, 2010, p. 281 y ss.
9 Michael Foucault, op. cit., p. 270: “La prisión no deja de fabricar delincuentes”.
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