Libro-La-rehabilitación-social-en-el-contexto-latinoamericano

Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos
de ejecución de la única sanción estatal que todos los autores consideran
como un “mal” 3 , no podemos negar su existencia en la actualidad como
parte de la ontología cotidiana.
En cuanto a la finalidad de la pena privativa de la libertad, los
juristas, politólogos, sociólogos, etc., no responden con unanimidad.
No ingresaremos a ese interesante debate, sino que simplemente nos
remitiremos a la normativa vigente para vislumbrar cuáles son los criterios
rectores que atraviesan este tema. Al respecto, si analizamos la norma
suprema en la República Argentina, la Constitución Nacional, en su texto
original de 1853/1860, encontramos una única referencia a esta cuestión,
en la última parte del artículo 18: “[...] Las cárceles de la Nación serán
sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en
ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos
más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice” 4 .
Sin embargo, con la incorporación de los Tratados Internacionales de
Derechos Humanos con jerarquía constitucional en la reforma de 1994 5 ,
hallamos a la Convención Interamericana de Derechos Humanos que
señala en su artículo 5, inciso 6°: “Las penas privativas de la libertad
tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los
3 Francesco Carrara, “Programa del Curso de Derecho Criminal”, Buenos Aires, Editorial Librería
El Foro, 2010, Tomo I, Parte General, p. 405 y ss.
4 Sobre la intensa discusión generada en la doctrina a partir de esta norma, véase la obra de José
Daniel Cesano, “Garantías constitucionales respecto de la ejecución de las penas privativas de
libertad. Derecho penitenciario: aproximación a sus fundamentos”, Córdoba, Editorial Alveroni,
2007.
5 El artículo 75, inciso 22° de la Constitución Nacional reza: “Corresponde al congreso [...] 22°.
Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales
y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía
superior a las leyes. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración
Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos;
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención
y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño; en las
condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera
parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías
por ella reconocidos. Sólo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo nacional,
previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara.
Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el
Congreso, requerirán del voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada
Cámara para gozar de la jerarquía constitucional”.
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