Libro-La-rehabilitación-social-en-el-contexto-latinoamericano

Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos
c) Las juezas y jueces de garantías penitenciarias asegurarán los
derechos de las personas internas durante el cumplimiento de la
pena, así como sus modificaciones;
d) El establecimiento de medidas de acción afirmativa para la
protección de los derechos de las personas privadas de libertad
pertenecientes a grupos de atención prioritaria; y,
e) El Estado establecerá condiciones reales de inserción social y
económica de las personas, luego de haber estado privadas de su
libertad.
En el año 2007, el gobierno nacional decidió declarar en estado
de emergencia el sistema penitenciario del país, tomando en cuenta la
problemática en la cual se encontraba inmerso, con elevados niveles
de hacinamiento carcelario y un sistema altamente corrupto y carente
de inversión, el cual se mantenía en constante crisis institucional. La
mencionada declaración de emergencia tenía prevista la construcción de
nuevos centros de privación de la libertad, la adecuación de los existentes y
la implementación de un modelo de atención integral para la rehabilitación
social (Senplades, 2013).
La aplicación de estas políticas tuvo como resultado el incremento
de la capacidad carcelaria en el país y la modernización de su actual
infraestructura. Sin embargo, aún era preciso el establecimiento de una
mayor capacidad instalada para precautelar las condiciones de vida digna
de la población privada de la libertad y la profundización material de las
directrices generales establecidas en la Constitución de la República. En
tal virtud, dentro del Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, se ha
incluido como política pública la de “Consolidar la transformación del
sistema de rehabilitación social”, como acápite 6.4., dentro del Objetivo 6,
el cual pretende “Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer
la seguridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos”.
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