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La rehabilitación social en el contexto latinoamericano
El artículo 120 de la Ley 20.744 garantiza la inembargabilidad
del salario cuando éste no supere el mínimo vital, así refiere que “[…] el
salario mínimo vital es inembargable en la proporción que establezca la
reglamentación, salvo por deudas alimentarias […]”.
El artículo 147 de la Ley 20.744 agrega que “[…] las
remuneraciones debidas a los trabajadores serán inembargables en la
proporción resultante de la aplicación del artículo 120, salvo por deudas
alimentarias. En lo que exceda de este monto, quedarán afectadas a
embargo en la proporción que fije la reglamentación que dicte el Poder
Ejecutivo Nacional, con la salvedad de las cuotas por alimentos o litis
expensas, las que deberán ser fijadas dentro de los límites que permita la
subsistencia del alimentante […]”.
El Decreto 484/87 del Poder Ejecutivo de la Nación Argentina, se encargó
de establecer los importes inembargables de las remuneraciones de los
trabajadores. Dichos límites se establecieron a favor de la intangibilidad
de los salarios e indemnizaciones laborales, considerando el carácter
alimentario del salario mínimo del trabajador y de su grupo familiar. Así,
refiere: “[…] La remuneración mensual devengada es inembargable si no
supera a un salario mínimo. Embargable, y solamente en lo que exceda al
salario mínimo, en: un 10% si el excedente no supera un salario mínimo y
un 20% si el excedente supera un salario mínimo […]”.
Por lo tanto, las remuneraciones de los trabajadores privados
de su libertad no podrían estar sujetas a retenciones, ya que los sueldos
dentro de la unidad carcelaria son inferiores al mínimo legal, por ende,
inembargables, exceptuando el inciso b) del artículo 121 de la Ley 24.660
que prevé los alimentos.
Más aún, en el eventual supuesto de que los salarios dentro de
las instituciones penitenciarias alcanzaran el mínimo legal y móvil, sólo
podrían ser embargados en los porcentajes autorizados por el decreto
484/87 que rige para los trabajadores dependientes, y no los previstos
en la ley 24.660. Caso contrario, se aplicaría la norma más gravosa y
restrictiva para el trabajador, contraviniendo los principios pro-operario y
pro homine.
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