Libro-La-rehabilitación-social-en-el-contexto-latinoamericano

Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos
Dicha perspectiva carece de fundamento normativo, puesto
que prescinde de una declaración constitucional y el orden de prelación
correspondiente. Es cierto que la relación entre el empleado y empleador,
en este caso, tendrá peculiaridades 34 , pero ello no implica utilizar ese
argumento para justificar cualquier reducción al conjunto de derechos
reconocidos por la norma superior. Por el contrario, el trabajo de los
privados de su libertad debe entenderse, como una relación laboral en
sentido estricto, de conformidad con el marco constitucional.
En conclusión, por imperio constitucional, la remuneración que
perciban las personas privadas de su libertad no puede ser inferior al
salario mínimo vital y móvil. Ello exige una urgente revisión normativa o,
como se dijo, la declaración de inconstitucionalidad y el posterior pago de
los montos que efectivamente corresponden.
4. Retenciones que se efectúan al salario de la persona privada
de su libertad
Como hemos mencionado en el apartado anterior, el trabajador
privado de su libertad percibe una cuarta parte menos que el mínimo legal
para los trabajadores en relación de dependencia.
Sin embargo, aquél no es el único inconveniente. El artículo 121
de la Ley 24.660 reza:
“[...] La retribución del trabajo del interno, deducidos los
aportes correspondientes a la seguridad social, se distribuirá
simultáneamente en la forma siguiente: a) 10% para indemnizar
los daños y perjuicios causados por el delito, conforme lo disponga
la sentencia; b) 35% para la prestación de alimentos, según el
Código Civil; c) 25% para costear los gastos que causare en el
establecimiento; d) 30% para formar un fondo propio que se le
entregará a su salida [...]”.
34 Por ejemplo: las vacaciones del empleado, también garantizadas constitucionalmente, son de
imposible aplicación.
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