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Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos
prestaciones de trabajo atípicas, y en este caso, no sería necesario sustituir
el concepto de dependencia sino continuar administrando la aptitud que
han demostrado la jurisprudencia y legislación para sostener ese proceso
de adecuación permanente […]” 29 .
A mayor abundamiento, la relación de trabajo hace presumir la
subordinación antes referida, siendo una actividad voluntaria y personal
prestada por el trabajador y dirigida a la Administración Pública 30 .
Cabe destacar que la normativa laboral, protege a los trabajadores
en esta relación desigual existente entre empleador-empleado. Por ello,
se postulan diversos principios que consolidan el derecho de igualdad, el
derecho al trabajo y a la seguridad social. Destacaré aquí el conocido in
dubio pro operario -en caso de duda, se debe aplicar la más favorable o
beneficiosa para el trabajador-, que se complementa con el principio pro
homine que advertimos en la introducción que regiría el trabajo. Ergo,
estamos frente a un imperativo que impone la Constitución Nacional para
interpretar el plexo legal.
Volvamos con el salario mínimo vital y móvil. Sin perjuicio de
que se trata de una garantía constitucional y debemos otorgarle el mayor
alcance posible, encontramos una norma legal que disipa cualquier tipo de
dudas con relación a la aplicación del instituto. Así, el art. 140 de la ley
24.013 reza: “[...] todos los trabajadores de la Ley de Contrato de Trabajo
nº 20.744 y sus modificatorios, en el Régimen de Trabajo Agrario, de la
Administración Pública Nacional y de todas las entidades y organismos en
que el Estado Nacional actúe como empleador, tendrán derecho a percibir
una remuneración no inferior al salario mínimo, vital y móvil que se
establezca de conformidad a lo preceptuado en esta ley [...]”.
Por lo tanto, el piso determinado por el quantum que establece
periódicamente el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y
el Salario Mínimo Vital y Móvil 31 , no puede ser vulnerado en ninguna
circunstancia.
29 Goldin Adrián O., “Las fronteras de la dependencia”, Derecho del Trabajo, 2001- B- pág. 2039.
30 Artículo 23 Ley 20.744, ya citada. Inversión de la carga de la prueba, presunción de la relación
laboral.
31 Dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
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