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La rehabilitación social en el contexto latinoamericano
IV. El salario de las personas privadas de libertad.
Algunas reflexiones a partir de la normativa argentina
Autora: Cecilia Laura Senesi
1. Introducción
El trabajo de las personas privadas de libertad, en el marco
normativo de la República Argentina 1 , es un elemento de vital importancia
para el condenado y el Estado. Ello, pues constituye uno de los ejes
centrales de la readaptación social 2 que el primero puede optar por escoger
(recordemos que no se puede imponer 3 ), y el segundo debe desarrollar, por
imperio constitucional 4 .
En este sentido, nos aproximaremos brevemente a la concepción
actual del trabajo como derecho, en desmedro de la antigua noción que lo
1 Nos ceñiremos a la República Argentina, sin perjuicio de que las conclusiones adoptadas puedan
-y así lo esperamos-, ser de utilidad en otros países.
2 Ley 24.660, artículo 1º: “La ejecución de la pena privativa de libertad, en todas sus modalidades,
tiene por finalidad lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender, y respetar la
ley procurando su adecuada reinserción social promoviendo la comprensión y el apoyo de la
sociedad […]”.
3 Al respecto, Zaffaroni Eugenio; Slokar Alejandro; Slokar Alagia, “Derecho Penal. Parte General”,
Buenos Aires, Editorial Ediar, 2002, pp. 934 y ss.
4 La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 5, inciso 6º y el Pacto Internacional
de Derecho Civiles y Políticos, en su artículo 10, apartado 3º, aluden a la “reforma y
readaptación social” de los privados de su libertad. Tratados Internacionales con jerarquía constitucional
en virtud del artículo 75, inc. 22 de la Constitución Nacional, cuyo texto reza: “Corresponde
al congreso [...] 22°. Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con
las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos
tienen jerarquía superior a las leyes. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre
Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención
sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño;
en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno
de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y
garantías por ella reconocidos. Sólo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo
nacional, previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada
Cámara. Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados
por el Congreso, requerirán del voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de
cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional”.
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