Jéssica Cohen Villaverde y José Mª Blanco Navarro

sufrida en cortos periodos de tiempo. Sin embargo, sea una u otra causa la
predominante, el sistema judicial también es percibido como altamente corrupto
por la sociedad.
En cuanto al funcionamiento del sistema penitenciario, los datos son
también alarmantes. Un 27% de los ciudadanos tiene poca confianza en cómo
funcionan las cárceles, mientras que un 53% no tiene ninguna confianza. La
obsolescencia del sistema penitenciario, junto a una población reclusa que se ha
duplicado desde la década de los 90 (pasando de 103 presos por cada 100.000
habitantes en 1990 a 204 por cada 100.000 en 2012) y el aumento de los encarcelamientos,
así como de la duración de las penas, relacionados con el tráfico de
drogas, entre otros factores, configuran la superpoblación actual de las cárceles
mexicanas.
Parece esta una situación que no conlleva efectos secundarios sobre la
población general. Sin embargo se trata de un patrón que, en modo similar, se
ha reproducido en otros países del entorno con negativas consecuencias. Este es
el caso de Brasil y la organización criminal PCC, considerada la más grande del
país y que, además de controlar casi la totalidad del tráfico de mercancías ilícitas
desde la cárcel, es capaz de secundar episodios de violencia en las calles que
llegan a colapsar ciudades enteras, como la ciudad de Sao Paulo, la más grande
de Sudamérica, que en mayo de 2006 permaneció tres días fuera del control de
las autoridades. Cómo señalaron en su día Olson, Shirk y Selee (2010), cuantos
más presos se hacinen en cárceles hiperpobladas y mal gestionadas, más cerca
estará de estallar la guerra en su interior.
Como segundo gran riesgo derivado de esta situación, y no por ello
menos importante, se viene constatando que el ambiente carcelario actúa como
entorno facilitador en las tareas de reclutamiento de los cárteles, donde éstos
establecen verdaderas escuelas del crimen que gestionan con absoluta libertad.
La manifiesta deficitaria gestión del sistema penitenciario, la violencia interna, y
los elevados niveles de corrupción, no contribuyen sino a facilitar esta situación
(Dudley, 2013). Todo esfuerzo del gobierno en combatir los cárteles, mientras
éste se manifieste incapaz de controlar incluso los miembros de las bandas en-
15