Jéssica Cohen Villaverde y José Mª Blanco Navarro

Aún cuando en sus inicios el término “crimen organizado”, acuñado
en 1929 por el criminólogo John Ladesco, surge fruto de acciones individuales
propensas a la complicidad en su comisión, si se lleva a cabo un pormenorizado
análisis bibliográfico, en uno u otro territorio, subyace inequívocamente un elemento
común: su funcionamiento no puede ser entendido sin el abrigo de la
corrupción (Lupsha, 2005; Beittel, 2011; Morris, 2013)
La existencia de corrupción, en cualquiera de sus formas, viene derivada
de la pugna por el poder territorial, y de la protección y respaldo que para sus
actividades busca el narcotráfico. En este sentido cabe destacar como ámbitos
institucionales esenciales en el funcionamiento de los estados de derecho la dimensión
política, la policial, la judicial y la penitenciaria.
Si bien, en términos generales, el número de zonas de guerra ha disminuido,
según muestra el Índice de Paz México de 2013 (IPM, 2014) se ha
producido un aumento de la corrupción en todo el país. Ambos indicadores
permiten advertir que, una vez conquistado el terreno, el paso subsiguiente es
interceder en la agenda política local así como obtener libertad de movimientos.
Ambas acciones son imposibles si no se captan personas que se encarguen del desempeño
de estas labores en la esfera pública. Es entonces cuando la corrupción
entra en auge y, como muestran los datos a continuación expuestos, las líneas
que distancian el estado y el crimen organizado se desdibujan y los intereses del
crimen organizado pasan a protegerse por encima de los de los ciudadanos.
Según el índice de Percepción de la corrupción de Transparencia Internacional
(IPC), México se sitúa en el puesto 105 de 176. Dato que viene a
reafirmar la hipótesis expuesta de coexistencia del crimen organizado junto a
la corrupción. Respecto a la policía, el nivel promedio de corrupción percibido
(dónde 5 = extremadamente corrupto y 1 = nada corrupto) obtiene una puntuación
de 4.54, considerándose así como altamente corrupta.
Respecto al sistema judicial, la problemática también es evidente. El
indicador de eficiencia judicial muestra una cifra de homicidios que no finalizan
en condena de más del 90% en algunos estados. Este dato puede ser debido a
una sobrecarga del sistema judicial nutrida por la elevadísima tasa de homicidios
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