Jéssica Cohen Villaverde y José Mª Blanco Navarro

En este contexto es presumible un descenso de la violencia extrema, en
tanto en cuanto no se produzcan incursiones desafiantes de otros cárteles y se
mantengan bajo control, o en cooperación, a las bandas locales. Sin embargo,
otros delitos cobran protagonismo: sobornos, secuestros, extorsiones, amenazas
y, en definitiva, todas aquellas acciones que, directa o indirectamente, tiendan
hacia un mayor dominio público, esto es la corrupción, se convierten en habituales.
La complejidad es evidente al tratarse de territorios con dualidad de
relaciones. El narco ejerce su mando, pero coexisten lazos institucionales con
el gobierno central. Panorama que se ve altamente desestabilizado cuando las
autodefensas entrar en juego como tercer actor.
Dentro del análisis de la dimensión territorial es preciso destacar la
importancia que para el narco representan las ciudades, municipios e incluso los
pueblos. Los principales cárteles mexicanos gozan en la actualidad de poder y
capacidad de acción a nivel internacional. Sus tentáculos se extienden a lo largo
y ancho de América, Europa, África y Asia (Saviano, 2014). Sin embargo este
despliegue, al menos en los términos hoy conocidos, no sería posible sin disponer
de un asentamiento previo. Es decir, en palabras de Bunker y Sullivan (2012)
“la afectación es internacional, los jugadores son locales”.
Las unidades locales son los primeros bastiones que el crimen organizado
ha de hacer suyos. No se trata en último término de obtener influencia política,
sino los réditos que de ésta se desprenden: apropiarse del mercado local, desarrollar
actividades con total impunidad –desde el menudeo hasta el transporte
de grandes mercancías-, cobrar impuestos, disponer del servicio de los cuerpos
de policía para uso propio, etc. Una vez obtenida esta hegemonía, penetrar en
localidades cercanas es más sencillo. El ciclo se perfecciona cuando la influencia
política interfiere en el ámbito estatal, incluso nacional. Tal es esta importancia
que en el año 2011, finalizando el sangriento periodo antes mencionado, el 71.5%
de las ciudades del país se encontraban bajo control del narco.
3.2. Dimensión institucional
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