La preeminencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial

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LAS RAÍCES HISTÓRICAS DEL “HIPERPRESIDENCIALISMO” ARGENTINO
SU EXPRESIÓN EN EL SISTEMA CONSTITUCIONAL Y SU ACTUACIÓN EN EL RÉGIMEN POLÍTICO
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La preeminencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial
Investigación correspondiente al período comprendido entre 1916 - 1983
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Doctor ALBERTO CASTELLS
Abogado GREGORIO HALAMAN
C O N I C E T - U S A L - U B A
Presentado ante el VI Congreso Nacional de Ciencia Política.
Universidad Nacional de Rosario
Noviembre de 2003
1

R E S U M E N
El debate sobre el papel que cumplen los jueces en su función de
administrar justicia se ha convertido en una ríspida cuestión institucional que,
trascendiendo la indagación puramente académica, concita el interés de la
ciudadanía en general. La discusión habitual entre teóricos y entre prácticos
concierne a las relaciones institucionales entre el Gobierno y la Justicia,
planteándose la confrontación entre el perfil de un Poder Judicial “independiente
de toda influencia” y la imagen de una Justicia “adicta al poder de turno”. El
estudio empírico del período histórico de corte, ha procurado plantear las
complejas relaciones de los dos poderes, poniendo en evidencia los frecuentes
conflictos que derivan de la “judicialización del poder” y de la “politización de la
justicia”. Tras capturar la tendencia expansiva y protagónica del Gobierno,
incluídas sus propias “facultades judiciales”, quedó habilitada la definición de un
concepto a título de inferencia conjetural : En el régímen “hiperpresidencialista”
argentino, las facultades judiciales del Poder Ejecutivo se fueron liberando cada
vez más de la intervención de magistrados independientes cuya misión era
precisamente la de impartir justicia. Tal desarrollo de facultades judiciales,
habilitadas en su orígen por los ordenamientos constitucionales en vigencia, trajo
aparejado el incremento de los poderes presidenciales a lo largo de las siete
décadas del período en estudio.
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Introducción
El debate sobre el papel que cumplen los jueces en su función de adminitrar justicia se
ha convertido en una ríspida cuestión institucional que, trascendiendo la indagación
puramente académica, concita el interés de la ciudadanía en general.
Habitualmente, el problema suele asociarse a la experiencia de la década del noventa
en nuestro país. En este sentido se lo suele caracterizar a menudo como la expresión de la
tendencia política y del modelo económico que prevaleció durante aquella década. Sin
embargo, la obra de varias generaciones de juristas, politicólogos y sociólogos, nos pone en
contacto con una problemática que tiene raíces profundas y connotaciones estructurales.
A nivel teórico la relación asimétrica entre el Gobierno y la Justicia se entronca
directamente con el análisis de la problemática del “hiperpresidencialismo” argentino y
latinoamericano, en cuyo estudio dicha relación es reconocida como una de sus
manifestaciones típicas. A nivel histórico, la experiencia argentina muestra que la
preeminencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial arranca desde nuestros mismos
orígenes hispánicos; tuvo expresiones perceptibles desde el inicio de la Organización
Nacional y subsistió durante el azaroso y convulsionado siglo XX. Protagonismo presidencial
que aparece registrada en la discusión doctrinaria en la que un caracterizado sector de autores
llegó a considerar esta influencia asimétrica como un elemento necesario del orden político y
no como una anomalía institucion. Poder hegemónico que se ha manifestado en el
ordenamiento jurídico a través de las facultades constitucionales del presidente en materia de
designación de los jueces y en una creciente legislación que traspasa gradualmente
competencias clásicamente judiciales al ámbito de organismos administrativos, que restringe
la revisibilidad judicial o que paraliza la ejecutabilidad de las sentencias contra el Estado.
Gravitación del Poder Ejecutivo que se ha manifestado, en nuestra historia política, en una
actuación institucional caracterizada por la selección y promoción de los jueces generalmente
afines al accionar presidencial, y por una correlativa tradición de sentencias autolimitativas
ante las decisiones del poder político.
La investigación que ofrecemos se inscribe en ese marco referencial y forma parte de
una una línea de investigación general que pretende dar cuenta del “hiperpresidencialismo”
argentino, tratando de hacer inteligible una masa de fenómenos observables por medio de un
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conjunto de conceptos capaces de identificarlo y explicarlo. La investigación abarca el
período de corte entre 1916 y 1983, esto es, el correspondiente a la que hemos llamado
“Democracia inestable del siglo XX”, y que comprende dos ejes centrales de indagación:
Formalización normativa y Actuación institucional.
Formalización normativa
La doctrina clásica recibida del siglo XIX enseñaba que el Poder Judicial era
independiente de los demás poderes, pero los textos constitucionales revelaban que, para
poder cumplir sus fines, la Justicia debía contar con la iniciativa del Gobierno dirigida a su
organización, funcionamiento y aplicación 1 . En palabras de nuestro tiempo esto significa que
el Poder Judicial, más concretamente la Corte Suprema de Justicia, fue pensada como una
herramienta de gobernabilidad y de acompañamiento al Gobierno Nacional.
La normativa constitucional sobre designación de los jueces y la creación de una vasta
“jurisdicción” administrativa están ahí como evidencias experimentadas y bien probadas.
a) El marco constitucional
Por la Constitucional Nacional de 1853 vigente a lo largo del período, el titular del
Poder
Ejecutivo tuvo la facultad de intervenir en la composición del Poder Judicial, y de
condicionar, no pocas veces, ciertos procesos judiciales. Tomando distancia de los modelos
1 Cabe señalar que la preponderancia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, afirmada en el sistema
constitucional del siglo XX, fue compartida por la doctrina de los especialistas con muy pocas discrepancias.
Cuando las hubo, los estudiosos se concentraron más bien en discutir si tal preponderancia se identificaba como
una constatación de lo fáctico o como una expresión de lo deseable. a) Desde un reconocimiento fáctico
discutían la preeminencia del Poder Ejecutivo como “valiosa” o “disvaliosa”, entre muchos otros, Juan
González Calderón, Ricardo Zorraquín Becú, Dardo Pérez Guilhou, José Dromi, Héctor Mairal, Segundo
Linares Quintana, Miguel Ekmekdjián, Germán Bidart Campos. v. (González Calderón 1934, III:554);
(Zorraquín Becú 1967: 181 y ss.); (Pérez Guilhou, 1989: 143); (Dromi 1984: 107 y ss.); (Mairal:1984);
(Ekmedjián 1983-C: 199). En la misma posición, pero desde un enfoque ideológico muy particular, puede
citarse al politicólogo Roberto Gargarella, v. (Gargarella 1996, pari passu y espec.230) ; b) Desde una posición
prescriptiva asumían la “deseabilidad” de tal preponderancia del Poder Ejecutivo, de un modo explícito o
implícito, entre otros, por lo general más allegados al poder, Alberto González Arzac, Arturo Sampay, Julio
Oyhanarte, Juan Octavio Gauna. v. (González Arzac: 1989); (Sampay, 1949: 47 y ss.); (Oyhanarte, 1969: 62 y
ss.); Gauna, 1979-C: 922) ; c) Para una posición infrecuente de subordinación del Poder Ejecutivo al Poder
Judicial, se menciona a Humberto Quiroga Lavié. v. (Quiroga Lavié 1996: 807 y 1985: 229 a 231).
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eferenciales de atribución 2 , el art. 86 en su inc. 5 establecía que era atribución del Presidente
de la Nación “nombrar los magistrados de la Corte Suprema y de los demás tribunales
federales inferiores...”; y el inc. 22 lo facultaba en ciertos casos a “...llenar vacantes...por
medio de nombramientos en comisión” 3 . Asimismo, por el inc. 6 del mismo artículo, el
Presidente podía intervenir en el resultado de los procesos judiciales dictando conmutaciones
de penas e indultos resultantes de la comisión de delitos federales 4 .
La Reforma Constitucional de 1949 mantuvo las mismas facultades antecedentes, a
través de una idéntica redacción normativa, con la sola variante acumulativa de que los jueces
designados “...en comisión” podían ser ratificados en sus cargos sin limitación de tiempo 5 .
Con el fin de unificar la doctrina de los fallos, dicha Reforma Constitucional dispuso la
erección de la Corte Suprema en Tribunal de Casación sin que se lograra la mayor
independización de la Justicia, sino todo lo contrario 6 .
Los Manifiestos, Actas y Estatutos de los gobiernos de facto, disponían -atribuyéndose
poderes “supraconstitucionales”- la remoción de los magistrados judiciales y conferían al
Poder Ejecutivo de facto la potestad de designar “por sí solo” a los jueces, sin perjuicio de
conservar las demás facultades judiciales propias de los presidentes constitucionales. Así,
cumplida la finalidad primera y esencial de “derrocar el régimen de la dictadura” y
2 Sobre la designación de los jueces, cabe señalar que en los Estados Unidos, pese a las sucesivas enmiendas al
texto constitucional durante más de doscientos años, el art. 2º. sec. 2ª.cl.2ª. permaneció inalterado. Sobre la
participación de cuerpos colegiados independientes en la designación de los jueces y otros aspectos
complementarios de interés v. (Mairal, 1984. secc.II:.46-49 y 57-63); (Cueto Rúa, 1998-A:1125); (Maffuchi,
1996-E:1141). Sobre sistemas de designación de jueces en otras democracias durante el período en estudio,
puede verse (Benet, 1991-A: 831); (Sini ,XII: 21 y 2000-E-1396); (Pita, E. 1994-B: 753); (Pizzolo 1999-A:
227); (Sagüés, 1998-F: 1145).
3 Según el inc. 5 del art. 86 de la C.N. la designación debía hacerse “...con acuerdo del Senado”; según el inc.
22 del art. 86 de la C.N. el Presidente quedará habilitado para llenar las vacantes cuando ocurran durante el
receso del Senado, “....por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima legislatura”.
El jurista Joaquín V. González señalaba que el sistema de cooptación correspondía a una “elección de tercer
grado” , que nosotros ponderamos hoy como distanciada totalmente de la soberanía del pueblo y de los
principios republicanos de gobierno. v. (González, s/f: 286)
4 El art. 86 inc. 6 de la C.N. establecía que el Presidente “Puede indultar o conmutar las penas por delitos sujetos
a la jurisdicción federal, previo informe del tribunal correspondiente, excepto en los casos de acusación por la
Cámara de Diputados”.
5 Al respecto, el inc. 22 del art. 86 establecía que “...las vacantes cubiertas... deberán ser consideradas en la
Legislatura inmediata”.
6 .- Según el miembro informante de la Convención Reformadora, Arturo Enrique Sampay, con la erección de la
C.S. en Tribunal de Casación se pretendía modificar saludablemente nuestro sistema de cointralor de la
constitucionalidad de las leyes en cuanto establecía la obligatoriedad de la doctrina judicial a todas las
sentencias, aunque sin alterar el efecto llamado “intuitu personae”, esto es, aplicable al caso concreto, y evitando
los inconvenientes que podría ocasionar un efecto “erga omnes”, que convierte la sentencia particular en un
verdadero acto legislativo de carácter universal. La sanción del instituto, reclamado por la doctrina nacional y
por las declaraciones de los congresos de juristas, no contribuyó a la mayor independización de la Justicia,
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“desmantelar sus estructuras”, las Directivas Básicas de la “Revolución Libertadora”
mandaban “afianzar la independencia del Poder Judicial y la dignidad de la magistratura”
mientras varios decretos-leyes disponían sucesivas remociones 7 . Por el art. 12 del Acta de la
“Revolución Argentina”, declaró cesantes a los miembros de la Corte Suprema de Justicia,
mientras la Junta Revolucionaria facultaba al Presidente de la Nación a designar a los nuevos
jueces y al Procurador General de la Nación 8 . A su turno, el art. 5º. del Acta del “Proceso de
Reorganización Nacional” dispuso la remoción de los ministros de la Corte Suprema de
Justicia y del Procurador General de la Nación y por una “ley” de facto del Poder Ejecutivo,
se declaraba “en comisión” a la totalidad de los magistrados y funcionarios judiciales 9 .
b) La “justicia administrativa”
A partir de la legislación originada en el siglo XIX –y aún antes-, el Poder
Ejecutivo pasó a ejercer funciones “jurisdiccionales” en el ámbito de la administración
pública, ya fuera entendiendo en los pedidos de reconsideración de sus propias decisiones, ya
decidiendo las controversias mediante el llamado recurso jerárquico, a resolver por el propio
titular del gobierno por vía de un formal decreto. Es así que durante los casi setenta años del
período en estudio, se fue organizando en sede administrativa el extenso sector de la llamada
“jurisdicción administrativa primaria” que, abarcando competencias teóricamente judiciales,
aunque carecemos de información documental empírica que nos permia contrastar tal ponderación. v. ADLA,
p.141.
7 .- v. Directivas Básicas. 7/12/1955.
8 La Junta Revolucionaria facultó al Presidente de la Nación a designar a los jueces de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación y al Procurador General de la Nación (Decr. 7/66) quienes fueron nombrados el 4/07 (Decr.
42/66).Además de las designaciones se dictó una normativa completa que abarcaba un Reglamento para la
Justicia Nacional y un Reglamento Interno, estableciendo las facultades de superintendencia de la Corte
Suprema y Tribunales inferiores.
9 Al declarar en comisión a la totalidad de los magistrados y funcionarios del Poder Judicial, el art. 10 del
Estatuto y la ley 21.258 interrumpían la aplicación del art. 96 de la C.N. que prescribía la garantía de
inamovilidad de los jueces. El jurista Enrique Groisman consideraba al respecto que “la dictadura” (...) “colocó
al Poder Judicial en una contradicción insalvable. Pretendió mantener a la vez la ficción de una justicia
independiente y la vigencia de las razones de Estado, las vías de hecho, la discrecionalidad absoluta, el
decisionismo... Se creó, de esa manera, una dinámica peculiar en la que los jueces debían fundar sus sentencias
aplicando las reglas lógicas y los argumentos racionales, interpretando las normas como si el país estuviese
regido por un estado de derecho”. v. (Groisman, 1987: 8). Similar posición era la sostenida por Enrique
Vázquez. v. (Vázquez, 1985: 58). En la posición contraria, esto es aceptando la condición de iure del Poder
Judicial, Adolfo Gabrielli afirmaba que “Contrariamente a lo ocurrido con el Congreso Nacional cuya
disolución significó que sus atribuciones legislativas se desplazasen al Poder Ejecutivo, la sustitución de los
miembros de la Corte Suprema por otros designados por el gobierno de facto en nada afectó a la naturaleza y
funciones del Poder Judicial que conservó, por eso mismo, su condición de poder de iure” v. (Gabrielli,
1986:16).
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se fue asignando al Gobierno para fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones
administrativas de un Estado en expansión 10 , con la consecuente réplica de los administrados
agraviados en sus derechos 11 . Este nuevo “poder del príncipe”, ampliamente reconocido por
10 Sobre la existencia de la “jurisdicción administrativa”, la doctrina y la jurisprudencia se encontraban
divididas.No obstante, era opinión casi unánime que la actividad administrativa podía tener sustancia o
contenido “jurisdiccional” y en ese sentido se entendió que la jurisdicción podía ser “judicial”, o sea ejercida por
los órganos del Poder Judicial o “jurisdiccional”, o sea estar a cargo de órganos administrativos. v. (Dromi,
1992, t. 1: 73).
11 La presión ejercida por los administrados cuando se sintieron perjudicados por el Estado nos remite a tres
preguntas de interés: A) ¿Qué se entiende por la llamada “jurisdicción administrativa”; B) ¿Cuándo y cómo se
origina tal “jurisdicción administrativa”?; C) Qué discusiones teóricas y prácticas trajo aparejadas? A) El
especialista en la materia, Elías Guastavino, señala que la jurisdicción (administrativa) ha sido definida como la
función estatal (administrativa) dirigida a hacer efectiva la sanción que la norma jurídica contiene cuando lo
que ésta dispone no ha sido voluntariamente cumplido. Precisa Guastavino que mediante una descripción
comparativa se ha opinado que no cualquier acto que importe la aplicación de normas jurídicas supone el
ejercicio de una facultad “jurisdiccional” por la administración, sino solamente aquellas que en el régimen
institucional ordinario corresponde resolver a los jueces, aunque por excepción el legislador haya atribuído su
conocimiento a órganos de otro poder. v. (Guastavino, 1988, t. I: 39). B) Cuando la legislación argentina del
siglo XIX no preveía en forma expresa la posibilidad de un recurso judicial contra las resoluciones
administrativas, la vía judicial se reputaba inexistente y únicamente subsistía la vía del recurso extraordinario
ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación., diseñado como vía excepcional y cuyos presupuestos de hecho y
requisitos formales eran consecuentemente restrictivos. v. Zorraquín Becú, 1967:182); (Dromi, 1992: 171 y 195-
199); Cassagne, 1997-D: 667); (Guastavino, 1988, t. I: 45). Los orígenes de tal “jurisdicción administrativa”, en
su forma contemporánea, se remontan al siglo XIX. En los EE.UU se creó, en 1855 la Cámara de Quejas –Court
of Claims- y en 1887 la Comisión Interestatal de Comercio, multiplicándose este tipo de organismos con
facultades jurisdiccionales a partir de la década del ´30. v. (Guastavino 1988, t. I: 261, 272); (Mairal, 1984: 7-9).
En Francia se creó el Consejo de Estado en 1799 y ya en 1806 se organizó en su interior una sección destinada
exclusivamente a los asuntos contenciosos y estableciéndose el procedimiento respectivo. En 1872 el Consejo
de Estado recibió la facultad legal de resolver las controversias que se le plantearan por sí, sin consulta al poder
administrador, y con la reforma de 1953, se crearon tribunales administrativos departamentales e
interdepartamentales con competencia general, reservándose para el Consejo el carácter de tribunal de apelación
y de casación respecto de las decisiones de aquellos. v. (Mairal, 1984:56-63). En Italia, tras la Unificación, se
creó también un Consejo de Estado y en 1889 se instaló una jurisdicción administrativa ordinaria, al agregarse la
Sección Cuarta del Consejo. Leyes posteriores reglamentaron el procedimiento ante estos tribunales
administrativos y precisaron su competencia. v. (Sandulli, 1971, cit. Mairal , 1984: 76-81). En España se creó un
Consejo Real en 1845 y en décadas posteriores organismos jurisdiccionales diversos. v. (Mairal, 1984: 76-81).
Avanzado el siglo XX la noción de “jurisdicción administrativa” empezó a ser utilizada por el derecho positivo –
art. 99 del D. 1759/72, reglamentario de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos 19549 -, por la
jurisprudencia de la CSJN, y por los dictámenes administrativos de la Procuración del Tesoro. C) Sobre la
existencia de la “jurisdicción administrativa” se expidieron los administrativistas a lo largo del período. A
principios de siglo se recibieron las enseñanzas de Lucio Vicente López; en las décadas del ’20 y del ‘30 se
discutió sobre la nueva “jurisdicción” administrativa con Rodolfo Bullrich y Rafael Bielsa; entre 1950 y 1960
Benjamín Villegas Basavilbaso estudia la consolidación del instituto. v. (López, 1902); (Bullrich, 1941);
(Bielsa, 1921); (Villegas Basavilbaso, 1949-1956). Entre los administrativistas contemporáneos se plantea la
discusión doctrinaria sobre el concepto de “jurisdicción” aplicado a la administración. Esta cuestión a la que
Elías Guastavino dedicó gran parte de su vida intelectual, interesó también a gran cantidad de estudiosos. v.al
respecto (Gordillo, 1990, t. II: 1); (Mairal, 1984, t. I:10-12); (Dromi, 1992: 106-109); (Cassagne, 1984:759);
(Bianchi y Tahuil, 1991: 25); (López, 1979: 105 y ss).; (Ekmekdjian 1983-D: 344; 1988-D: 269; 1986-E: 319);
(Barraza, 1985-D: 671); (Danielián 1964). Sobre la variedad de regímenes establecidos en los países del
continente y las confusiones y malentendidos originados en la recepción de distintos modelos procedentes del
common law y del continentalismo europeo, v. (Lambert, 1969: 426-435).
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todos los ordenamientos constitucionales del período 12 , fue tomando forma operativa a través
de una amplia red de órganos, de dispositivos y de procedimientos. Así : a) Los distintos
gobiernos de iure y de facto que se sucedieron a lo largo del período, fueron siendo facultados
para crear organismos, centralizados o descentralizados, dotados de concentradas facultades
preventivas para inspeccionar instalaciones, verificar documentación, secuestrar mercaderías,
designar interventores y clausurar locales. Se trataba de entes administrativos que estaban
provistos de amplias atribuciones para instruir sumarios e imponer sanciones a través de
multas dinerarias, decomiso de elementos, suspensión de actividades. Entes administrativos
que a través de tales dispositivos fueron tomando intervención en prácticamente todos los
sectores de la vida nacional 13 b) En los regímenes formalmente de iure y de facto que se
12 Dada la ineludible responsabilidad del Estado por su actuación -reconocida a partir de la C.N. de 1853 cuyo
art. 100 establecía la competencia judicial federal en “los asuntos en que la Nación sea parte”- se aceptó sin
discusión que el poder administrador interviniera como actor –en defensa de sus derechos frente a los
administrados- o como demandado –en las acciones de los administrados contra el Estado- v. (Dromi, 1984, t. II:
326 y 689) . La creación legislativa de organismos administrativos con funciones judiciales adoptó modalidades
propias y diferentes de las de los modelos de países referenciales. Según los marcos impuestos por los sistemas
constitucionales, los autores suelen clasificar los modelos que se organizaron con las jurisdicciones
administrativas y judiciales en sistemas de jurisdicción única –como en los EE.UU., España y, al menos
formalmente, los países latinoamericanos- en los que los organismos jurisidiccionales administrativos
constituyen una “jurisdicción primaria” con revisión en sede judicial; y sistemas de doble jurisdicción –como
Francia o, a su modo, Italia- en los que la jurisdicción administrativa abarca todo un sistema completo de
instancias organizadas en forma paralela y separada del poder judicial ordinario v. (Mairal, 1984: 17-19).
13 Se ofrece un relevamiento normativo que da cuenta de la Creación de organismos dotados de amplias
facultades preventivas. A) Sobre fiscalización de actividades civiles y comerciales. En las décadas del ’50 y
’60 la mayoría de tales regímenes de control evolucionaron hacia la creación de órganos autárquicos
especializados en supervisión y control. Así : Inspección General de Justicia (LL. 21768 y 22315); Instituto
Nacional de Acción Cooperativa –INAC- (LL. 11388-19219-20338); Instituto Nacional de Acción Mutual –
INAM- (LL. 12921-17376-19332). v. (Halperin, 1972: 117-146). Para mayor información v. (Contte, 1978);
(Favier Dubois,1996); (Cahián, 1996). Sólo el control administrativo de las actividades sindicales permaneció
siempre en organismos de la administración central, pero cada vez de mayores dimensiones y facultades. Así:
Ministerio de Trabajo (LL. 14455-20615-21235-22105). v. (Krotoschin 1976: 171-202; B) Sobre fiscalización de
actividades de producción primaria e industrial. A diferencia de las anteriores, la fiscalización de la producción
se atribuyó a un reducido conjunto de organismos de la administración central con amplias y variadas
competencias. Tales fueron : Ministerio / Secretaría de Agricultura y Ganadería , Secretarías de Comercio, de
Industria y Minería Sobre fiscalización de producción agropecuaria , registro y control de reproductores (L
13015); control de aplicación de plaguicidas (L.20418); control de creaciones fitogenéticas (L.20247); control de
uso de fertilizantes (L.20468); control de sanidad vegetal (LL 3219, 4084, 4863, 12405, 13708; control de
producciones específicas como yerba mate, azúcar, té, algodón y granos, (L.14516,15236,17173, 14770, 14831,
12516, 16478); control de producciones forestales (LL 4167, 12103, 12636, 13263,14008, 15430) ; fiscalización
de la pesca (LL. 17500, 13622, 20018). Sobre tales organismos de control v. ( Pigretti, 1982). Para mayor
información v. (Silvestre de González Arzac, 1990-E: 369); fiscalización de producciones industriales (LL.
3975, 14467, 17400, 19771, 22372). C) Sobre comercialización de bienes y servicios. La fiscalización del sector
comercio fue probablemente el más profusamente legislado y de mayor conocimiento público. En control de
precios máximos, cuotas de producción y márgenes de comercialización (LL. 12491, 12830, 12983, 12492,
13906, 14120, 14440, 14550, 14558,14559,16454, 17017, 17557, 18071, 18397; 18947, 19203, 19230, 19283,
19350, 19508, 19686, 20125, 20680; en pesas y medidas y otras disposiciones de lealtad comercial (LL. 17016,
17088, 20802); sobre comercialización de cereales (L. 21469). En todos los casos el órgano jurisdiccional era la
Secretaría de Comercio de la Nación, en el ámbito de la administración central. v. (Rubianes, 1984: 691);
(Guastavino, 1988, t. II: 77-140. D) Sobre transportes y telecomunicaciones. La fiscalización en materia de
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alternaron en las siete décadas del período, los presidentes fueron progresivamente habilitados
para organizar tribunales administrativos encargados de resolver conflictos relacionados con
tributación, obras públicas, tasación de expropiaciones y arrendamientos rurales ; así como
nuevas incriminaciones contravencionales sustanciadas por funcionarios municipales y
policiales ; hasta llegar al establecimiento de tribunales militares facultados para procesar y
sancionar a la población civil en casos de conmoción interior y desborde social 14 .
c) La posibilidad jurídica de demandar al Estado, fue evolucionando en función de
sistemas normativos que terminaron por encumbrar el papel protagónico del Poder Ejecutivo
a lo largo del período en estudio. Desde 1916 hasta 1932 el Estado sólo podía ser demandado
judicialmente previa autorización o “venia” legislativa; desde 1932 hasta 1972, se requería
reclamación administrativa previa “con actos definitivos que causaren estado”; a partir de
1972, esa cada vez más amplia “jurisdicción administrativa primaria” quedó definitivamente
sistematizada 15 : los reclamos de los agraviados por las resoluciones de los órganos del Estado
navegación marítima, fluvial y lacustre (LL.3445, 16872, 18392, 20094, 20404); sobre policía de la navegación
en general (LL. 20405, 20190) ; sobre responsabilidad profesional de los capitanes (LL. 18770, 19496, 20395).
v. (Ray y Crom, 1964: 116-118). Para mayor información v. (Ray 1981); sobre navegación aérea (L. 17285,
Código Aeronáutico) v. (Lena Paz, 1975); sobre transporte terrestre (LL. 13893, 14224,22934, 21844;
(Guastavino, 1988, t.II: 201-235); sobre control de las comunicaciones (LL. 19798; 22185.) v. (Casas, 2000: 78-
85 ; (Comisión Nacional de Comunicaciones, 1998: 21-23); (Guastavino 1988, t.II: 193-199); E) Sobre
entidades y actividades financieras. La fiscalización de actividades bancarias y cambiarias (LL. 12156, 14467,
18061, 19359, 20184, 18924, 20539, 20574, 21525, 22338 ); sobre control de actividad aseguradora (L 12360);
sobre control del mercado de capitales (L. 17811); sobre liquidación de entidades financieras (L 22529) . v.
(Mauro 1987: 995). Para mayor información v. (Garrone, 1978); F) Sobre recaudación tributaria, aduanera,
laboral-previsional .En control tributario impositivo (LL.11683 y t.o. de 1964 y 1978; 16654, 21358) v. (Jarach,
1980). Para mayor información v. (Giuliani Fonrouge y Navarrine, 1996); sobre control aduanero (LL.
810,5527,11281,14291,14792, 15798, 21898, 22415) v. (Tossi, 1997). Para mayor información v. (Tossi, 1997);
sobre control laboral y previsional (LL. 8999, 14155, 18692. 18694, 18695, 20555, 20556, 20744) v.
(Krotoschin, 1972: 295-334 y 335-340). Para mayor información, (Del Bono 1996).
14 Se ofrece un relevamiento normativo que da cuenta de la Creación de tribunales administrativos especiales
encargados de resolver conflictos suscitados entre los administrados y el Estado. a ) Sobre obras públicas.
Resolución de conflictos relacionados con obras públicas. Creación de la Comisión de Arbitraje en Obras
Públicas. Sobre procedimiento para la tasación de expropiaciones (L.21499) y sobre conflictos de
arrendamientos rurales. Creación de las Cámaras de Arrendamientos y Aparcerías Rurales (LL.13897, 14451,
17181) v. (Cassagne, 1977: 41 y 111); (Guastavino 1988, t. II: 7-76). Aplicación de nuevos procedimientos
contravencionales. A) Sobre jurisdicción municipal de faltas. Durante todo el período la Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires estuvo bajo la competencia directa del Poder Ejecutivo Nacional, por lo que las
atribuciones del Intendente eran las propias –por delegación- del Presidente de la Nación. Código de Faltas
Municipales (LL. 19961, 19962); v. (Belarde, 1984, t. II: 23); (Bagnardi, 1988-C: 1091); (Cassagne, 1980: 2; B)
Sobre jurisdicción administrativa policial, sobre convalidación de edictos policiales (L. 14467 y arts. 27 y 586
Código de Procedimientos en materia Penal (L. . .) v. (Guastavino, 1984: t.I: 193); (Dayenoff, 1984: 34);
(Zaffaroni 1977: 76); (Levene, 1975: 428). Nuevas competencias de tribunales militares. a) Sobre jurisdicción
militar. Excluídos los procedimientos disciplinarios internos para el personal militar (LL. 3679, 14029, 16970 –
Código de Justicia Militar-) v. (Zaffaroni, 1977: 71); (Levene (h). 1975: 435); (Ekmekdjian , 1977: 449).
15 .- La posibilidad de demandar al Estado evolucionó en un contexto general que se remonta a los tiempos de la
Organización Nacional y llega hasta nuestros días a través de una secuencia de 5 etapas : 1.- Entre 1863 y 1872,
estando en vigencia las leyes 27 y 48 sobre Organización de la Justicia Nacional, la jurisprudencia de la CSJN
9

sólo y excepcionalmente podían presentarse ante el Poder Judicial cuando concurrían tres
condiciones : casos de sanciones y penalidades de “mayor cuantía”; agotamiento previo de la
vía administrativa; pago anticipado del quantum reclamado 16 .
Todo indica que la “jurisdicción” administrativa era de tal calibre que las facultades
jurisdiccionales asignadas al Poder Ejecutivo unipersonal, lejos de fortalecer el “Estado de
Derecho”, fomentaba la concentración del mando. Durante las siete décadas del período, el
mítico equilibrio de poderes debió soportar un efecto aniquilador de previsibles
consecuencias.
estableció la “reclamación legislativa” y la “incompetencia judicial”. Este procedimiento, en que el Congreso
debía resolver por si mismo y expresamente, pagar o no lo reclamado, fue seguido en la práctica legislativa de
aquellos años. v. leyes 162 (1865), 225 (1868), 513 (1872), 639 (1873). 2.- Entre 1872 y 1900, el Congreso
estableció la “venia legislativa previa” sancionando leyes como la 475 (1871) y 675 (1874) en que autorizaba
reclamos al Estado ante la justicia previa “autorización legislativa”; criterio que ya venía aplicando la CSJN y
que mereció el posterior respaldo jurisprudencial del alto tribunal.. 3.- Entre 1900 y 1932, a la doctrina de la
“venia legislativa” se sumó el criterio de la “previa reclamación administrativa”. La ley 3952 de 1900 aplicó la
doctrina de la “doble personalidad del Estado”. Cuando el Estado actuaba como persona de derecho privado no
era necesaria la autorización legislativa para demandarlo; cuando lo hacía como persona de derecho público la
“venia” legislativa era necesaria. 4.- Entre 1932 y 1972 se suprimió el requisito de la “venia legislativa” previa y
quedó subsistente el recaudo de la “reclamación administrativa previa”. Tal la aplicación de la ley 11634 de
1932, que modificó la anterior 3952 de 1900. A partir de entonces la CSJN empieza a acoger excepciones a la
reclamación administrativa previa, admitiendo la demandabilidad directa ante el Poder Judicial. 5.- Desde 1972
en adelante, y a partir de la ley 19549 de procedimientos administrativos, se acoge el criterio de “reclamación
dual opcional”. Las numerosas excepciones a la “reclamación administrativa previa” reconocidas por la CSJN
permitieron al administrado optar entre elegir directamente la vía judicial o intentar previamente la reclamación
administrativa. La sanción así dispuesta por los arts. 30 a 32 de la LNPA vino a incrementar el grado de
litigiosidad estatal y con ello, el protagonismo “jurisdiccional” del poder administrador. v. (Dromi, 1992, t. 2:
327-329) ; ( Zorraquín Becú , 1967: 185)
16 Ejemplos de estas condiciones, presentes en la amplia legislación citada, pueden verse en las llamadas “vías
recursivas” establecidas por las leyes 11683 de procedimiento Tributario; 18695 de procedimiento de las
Inspecciones Laborales; 19439 de procedimientos para Infracciones de Entidades Financieras; 20405 de
procedimientos de Faltas Náuticas, 21844 de Transportes, entre muchas más. El requisito del “agotamiento
previo de la vía administrativa” era también exigido por el procedimiento administrativo general previsto en el
art. 23 de la ley 19549 de Procedimientos Administrativos en nuestra hipótesis : los casos de acceso a la vía
judicial por silencio de la administración o recurso de alzada en trámite , que eran casos de agotamiento implícito
o explícito por acto final de un ente autárquico con personería propia para litigar con él. v. (Gordillo, 1997: 99).
Los casos de acción previa a la ejecución de un acto -art. 32, incs. a y b de dicha ley- estaban expresamente
excluídos de los regímenes de procedimiento especial que se aplican; y los demás casos de vía judicial directa –
repeticiones, acciones de daños y perjuicios, amparos e incluso habeas corpus- no eran “vías recursivas” contra
actos “jurisdiccionales” de la administración. Uno de los corolarios de este sistema en vigencia, presente en
todos los procedimientos ejemplificados, era el principio llamado “solve et repete”, sobre la obligatoriedad del
previo pago de toda suma reclamada por la administración como requisito para emprender cualquier acción
judicial o recurso tendiente a su impugnación, que tenía especial gravitación en el procedimiento tributario pero
que se hallaba presente en los demás. v. (Giuliani Fonrouge y Navarrine, 1996: 687-695); (Bidart Campos, 1998-
II, 11); (Aguilar Caravía, 1987-A: 323); (Chiappini, 1985-C: 285); (Licht 2000-C: 98); López 199...., 1400);
(Perdomo 1985-C, 285); (Cané, 1997-B, 1532); (Powlowski 1998-A: 103; y 2000-A. 946).
10

Actuación institucional
En el funcionamiento del Poder Judicial, que en un sistema de división de poderes
suponía el goce de una auténtica independencia, no estaban ausentes factores que
condicionaban su autonomía y contribuían al mayor protagonismo del Gobierno. En tal
contexto, los presidentes del período siguieron desconociendo la autonomía del Poder Judicial
y condicionando la independencia de los jueces según las exigencias y modalidades de cada
tiempo 17 . Fueron sus expresiones la privación de la estabilidad de los jueces; la designación
de magistrados afines a los oficialismos de turno; y la convalidación judicial de las
actuaciones del Poder Ejecutivo.
Privación de la estabilidad de los jueces
Durante el período en estudio, el menoscabo de la investidura judicial y la
interrupción de la estabilidad funcional tuvo su manifestación en el frecuente relevo de los
jueces, como respuesta automática a una táctica arraigada : “cambiar los jueces porque
cambia el gobierno” 18 . La inestabilidad institucional producida por los golpes de Estado y los
17
(GH 18) La falta de independencia del Poder Judicial argentino en el siglo XX es no sólo una opinión que
refleja los hechos sino un concepto ampliamente reconocido por los estudiosos. En tiempos de Yrigoyen la
sumisión de la Justicia fue advertida por los propios “golpistas” para quienes “la desnaturalización de la justicia
hizo que el presidente fuera el árbitro supremo, inapelable y absoluto de los poderes nacionales, provinciales y
hasta municipales de la república entera...”, afirmándose que “la influencia y presión del presidente pueden
fácilmente hacerse sentir (...) sobre el Poder Judicial, merced al régimen vigente, que facilita la infiltración en
los tribunales de los intereses políticos”. v. Manifiesto . El General Uriburu sometió al Pueblo las Reformas a la
Constitución Nacional. 9/06/1931. Las diferencias entre los autores se concentran más bien en determinar cuál
es el momento histórico originario de tal falta de independencia del Poder Judicial –por ej. el del período
colonial, el de la formación de las instituciones patrias, el de la organización nacional, el de la intervención de
los militares, el de la llegada del justicialismo en 1946- y, acto seguido, se discute sobre las causas que
alimentaron o favorecieron tal situación de dependencia o abdicación. Algunos, como Roberto Gargarella
atribuyen la falta de independencia a los incentivos nocivos que provienen del mismo sistema “presidencialista”
con los “frenos y contrapesos” establecidos por la misma Constitución Nacional. Ricardo Zorraquín Becú analiza
los factores que condicionan la autonomía judicial y contribuyen al mayor protagonismo del gobierno. Otros,
como José Roberto Dromi, apuntan a la inestabilidad institucional misma y al poco apego de los sucesivos
gobiernos a respetar las investiduras judiciales acorde con los preceptos constitucionales . v. (Gargarella, 1996:
229, 230); (Zorraquín Becú,1967: 182); (Dromi, 1984: 129-131.(desarrollar más: Oyhanarte, de Zavalía, Tansi,
Pellet Lastra, etc.) Con un enfoque singular el constitucionalista Humberto Quiroga Lavié considera que “... el
Presidente depende del Poder Judicial en la medida en que éste puede declarar la inconstitucionalidad de los
actos emanados del presente en exceso de sus atribuciones”. v. (Quiroga Lavié, 1985: 807).
18 Desde 1863 hasta 1930 ocuparon la Corte Suprema 36 jueces, mientras que desde ese año hasta 1983 pasaron
por los sitiales del máximo tribunal otros (66-confirmar) ministros. Puede arriesgarse con bastante certeza que
esa inestabilidad del Alto Tribunal casi siempre estuvo atada a los cambios presidenciales y en poco contribuyó
al desarrollo de las instituciones democráticas del país. (La Nación, 4/01/2002. (GH 19): v. (Dromi, 1984: 132).
11

gobiernos de facto incrementó esa típica situación a tal punto que no se registran cambios en
esta tendencia a lo largo del período. En todos los casos, la renovación de los jueces
constituía una pieza clave para la gobernabilidad del sistema y un factor de acompañamiento a
la acción presidencial. Así, tanto en las alternancias formalmente constitucionales de
1916,1922, 1928 y 1934 19 ; como en las restauraciones institucionales de 1946, 1958, 1973 y
1983 el Poder Judicial debió soportar sucesivos cambios 20 . Basten algunos ejemplos referidos
a la Corte Suprema. Perón promovió el juicio político para reemplazar a tres de los cinco
miembros de la Corte Suprema 21 ; Frondizi amplió el Alto Tribunal para disponer de una
mayoría propia y colocó a sus propios hombres en la máxima judicatura 22 ; Cámpora, tras el
cese de los jueces del gobierno de facto, conformó a nuevo el Alto Tribunal 23 . Más aún, los
gobiernos de facto de 1955, 1966 y 1976 dispusieron la renovación total de los ministros del
Alto Tribunal con bajas masivas en todos los fueros tanto nacionales como provinciales 24 .
Desde comienzos de la década de los sesenta, se difundió la práctica de designar jueces “en
comisión” sin aprobación senatorial 25 .
Designación de magistrados por sus afinidades con los gobiernos de turno
Los presidentes del período, tanto de gobiernos de iure como de facto, seleccionaron a
los jueces no sólo por su formación jurídica sino por su afinidad ideológica o política con los
oficialismos de turno. Se recuerda al respecto a un reconocido jurista que, dejando a salvo
que “no siempre la elección recaía en correlegionarios, simpatizantes o amigos políticos” 26 ,
reconocía enfáticamente las posibilidades abiertas a los candidatos vinculados a la política
Comenta Gargarella que “en la Argentina ha sido una situación típica que cada nuevo gobierno pretenda quitar
independencia a la Corte nombrando otra completamente nueva o cambiando al menos los jueces que sean
necesarios para contar con la mayoría a favor” v. (Gargarella, 1996: 229, 230).
19 .- v. (Oyahnarte, 1969, pari passu)
20 .- v. ibid. pari passu.
21 .- v. (Pellet Lastra, 97-134 y 137-168)
22 (GH 23) v. D. 51/58; (Gargarella ... 229-234); (Pellet Lastra, 2001: 209, 211,213,233)
23 .- (Pellet Lastra, 2001: 318;328;344)
24 (GH 22) v. en 1955, D. 51/58; D. 2373/55; D. 318/55; D. 468/55; en 1966 (GH 25) ..... y L. 20550
25 (GH 24) v. (Dromi, 1984: 134)
26 (GH 26) Yrigoyen, por ej. mantuvo a Figueroa Alcorta, quien pertenecía ostensiblemente a las filas
adversarias; y Frondizi llevó a la Corte a dos profesores de derecho civil, los doctores A. Orgaz y L.M. Boffi
Boggero, ortodoxamente liberales. Tal vez en uno y otro caso haya existido el propósito de contrabalancear o
bien el de permitir que “la otra” concepción del país tuviera ocasión de expresarse, incluso en el Alto Tribunal.
Sobre comportamientos similares en los Estados Unidos con sus conflictos sobrevinientes, v. (Cusham , 1958:
220 y ss.); también (Oyhanarte 1969: 62 y n. 139).
12

oficialista y la gravitación de la influencia presidencial en la designación de los jueces.
Estudios recientes confirman la conjetura, al señalar que aún en períodos de relativa
normalidad institucional, el 60% de los magistrados de la Corte Suprema estaban directa o
indirectamente vinculados a la arena política 27 . Entre los casos paradigmáticos de afinidad
ideológica o política con los oficialismos de turno se recuerda, por ejemplo, la designación del
ex-ministro radical Antonio Sagarna por Alvear, del ex–diputado, senador y gobernador de
Salta, Luis Linares, por Justo; del ex – ministro del gobierno justicialista bonaerense Justo
Alvarez Rodríguez, por Perón; del candidato a diputado desarrollista Julio Oyhanarte, por
Frondizi; o del ex-convencional constituyente radical Amilcar Mercader, por Illia 28 .
Convalidación judicial de las actuaciones del Poder Ejecutivo
Las facultades, actos y decisiones de los gobiernos que se sucedieron durante el
período 1916-1983 fueron escasamente cuestionados en sede judicial, aún cuando fueran
violatorios de la letra de la Constitución Nacional. Como primera evidencia cabe evocar el
reconocimiento judicial de los golpes de Estado plasmado en sendas acordadas de la Corte
Suprema de Justicia en 1930, 1943, 1955, 1966 y 1976 29 . Y si es cierto que “los jueces
27 (GH 27) . La socióloga Ana Kunz ofrece información empírica sustentada en acreditados testimonios. Tras
los datos ofrecidos para gobiernos de “relativa normalidad institucional”, señala cómo en épocas de gobiernos
de facto la proporción de magistrados políticamente afines al Poder Ejecutivo se elevaba a un promedio del 82%,
ya que si bien la proporción de magistrados con carrera política era algo menor –42%- , en cambio el
mencionado 82% compartía la visión ideológica conservadora característica de estos gobiernos, la cual, junto
con el desinterés por la participación partidista pueden interpretarse como signos de afinidad política hacia los
valores que representaban aquellos gobiernos de facto. v. (Kunz, 1989). Se agradece a la socióloga Ana Kunz la
ampliación de la información estadística mediante listados de magistrados confeccionados tras consultas con
informantes-clave autorizados.
28 (GH 28) v. (Gargarella, 1996: 229-242).
29 .- Como lineamiento general, el triunfo de los movimientos militares permitió a los gobernantes de facto
surgidos de ellos, obtener “obediencia” y “reconocimiento”de la Corte Suprema de Justicia. En 1930 y en 1943,
cursadas por los generales Uriburu y Ramírez sendas comunicaciones a la Corte Suprema, en la que daba noticia
de la asunción del PoderEjecutivo, el alto tribunal emitió las Acordadas del 10 de septiembre de 1930 y del 7de
junio de 1943, en las que citaba a Albert Constantinau, autor del célebre Tratado de la Doctrina de Facto que
venía en apoyo de las insurrecciones violatorias del orden constitucional. Cuando en 1955 la llamada
Revolución Libertadora destituyó al presidente Perón, la Corte Suprema acusó recibo de la comunicación
cursada por el general Aramburu y dejó establecido que “la designación de la persona que ejerce la presidencia
provisional ha sido realizada sin alterar los fines que la revolución triunfante originariamente se propuso”. En
1966, cuando el movimiento militar destituyó al presidente Illia, la Corte Suprema acusó recibo de la
comunicación cursada por la Junta de Comandantes en Jefe, recién en junio de 1970, dejando aclarado que los
“términos de dicha comunicación importan ratificar la vigencia de los instrumentos básicos de la Revolución
Argentina”. Tras la destitución de la presidente María Estela Martínez de Perón en 1976, sobrevino el
reconocimiento judicial cuando la Corte Suprema reconoció que “... se instituyó un gobierno efectivo cuya
autoridad fue acatada en toda la nación, a cuya disposición se pusieron los medios necesarios para asegurar el
orden y cumplir las funciones del Estado”. v. (Bidart Campos, 1993, t.II: 701-702).
13

hablan por sus sentencias”, el ritual de la inagotable compulsa jurisprudencial nos muestra
que los jueces legitimaban la progresiva concentración de facultades en el Gobierno, hasta
avanzar sobre atribuciones legislativas y judiciales propias de los otros poderes del Estado.
Así, respecto de las facultades del Poder Legislativo: Convalidaban las delegaciones al
presidente en materias en rápida mutación; reconocían la vigencia de decretos reglamentarios
incluso más allá de la fecha de derogación de la ley que reglamentaban; o facultaban al
presidente a completar con resoluciones administrativas tipos penales en blanco fijados en la
legislación 30 . Respecto del uso de facultades judiciales por el Gobierno: Admitían
ampliamente las “jurisdicciones administrativas primarias”, e incluso, legitimaban al
organismo “jurisdiccional” administrativo para litigar contra los particulares cuando se
concedía la revisión judicial de sus intervenciones 31 ; aplicaban una doctrina llamada
30 (GH 29-30). La primera evidencia de la progresiva concentración de facultades en el gobierno se hace presente
en la Convalidación de actos del Poder Ejecutivo respecto de las atribuciones del Poder Legislativo. A)
Sobre convalidación de delegación de facultades legislativas al presidente puede verse Fallos 148 : 430; 243 :
276. Sobre convalidación de la facultad de completar tipos penales por el presidente puede verse Fallos 300 :
392 y los antecedentes allí citados. Entre otros es ilustrativo el caso referido al Banco Central : “En materia de
actividad cambiaria, al igual que en otras formas de actividad económica, por esencia movedizas y proteicas,
resulta indispensable disponer de un instrumento ágil que pueda describir con rapidez conductas dañosas y a la
vez discriminar otras que han dejado de sero”. v. también Fallos 293 : 378. B) Sobre vigencia temporaria de
decretos reglamentarios, es de interés la opinión del especialista Elías Guastavino quien, analizando
jurisprudencia, concluye afirmando que “la reglamentación puede subsistir después de sancionada una nueva ley,
pues en tal supuesto es necesario examinar si las normas cuestionadas son verdaderamente incompatibles o
compatibles con el sistema de la legislación ulterior, ya que sólo en el primer supuesto se produciría la
insubsistencia de las reglamentaciones que tenían su razón de ser en la antigua”. Si acerca de la interpretación de
las leyes del derecho común se cuestionase el exceso de la reglamentación respecto de la norma legal,
Guastavino afirma que prevalece el criterio de que “de lo que se trata es de la interpretación de los alcances de
la disposición legal de derecho común y, salvo la excepción de arbitrariedad, ello no suscita cuestión federal a
los fines del recurso extraordinario del art. 14 de la ley 48”. v. (Guastavino, 1988, t.1: 69,70).
31 (GH 31 a 35). La segunda evidencia de la progresiva concentración de facultades en el gobierno se hace
presente en la Convalidación de actos del Poder Ejecutivo respecto de facultades propias del Poder
Judicial.- La preeminencia del PE comprende a las “jurisdicciones” administrativas primarias (1) y a la
legitimación del organismo “jurisdiccional” (2) (1) Las “jurisdicciones” administrativas primarias han sido
reconocidas ampliamente en sentencias emblemáticas del Alto Tribunal registradas en Fallos 193:408; 240:235 y
247:646. Por su significación particular se tratan en detalle en n. (GH 43) Es significativo anticipar que la
doctrina ha reconocido implícitamente que los fundamentos habitualmente invocados para justificar la
instauración de las jurisdicciones administrativas no provienen de una exégesis del texto constitucional, sino más
bien de una postura crítica hacia los principios en que se fundó el mismo. Tales fundamentos podrían dividirse
en argumentos de orden procesal (1.1.-) y de orden propiamente político (1.2.-). 1.1.- Los argumrentos de orden
procesal –recopilados por Elías Guastavino- se refieren a la conveniencia de permitir una etapa conciliatoria
anterior al litigio; dar una oportunidad a la administración de corregir sus errores; merituar los argumentos del
interesado; plantear en la instancia judicial superior una contienda ya sustanciada y delimitada; asegurar la
investigación en manos de una competencia especializada; mantener la uniformidad de criterios sobre la
aplicación de las normas ante situaciones complejas en base a la experiencia. Estos argumentos procesales bien
podrían mencionarse también como base para proponer la creación de un fuero judicial contencioso
administrativo especializado, ya que son similares a las razones que fundaron la histórica creación separada de
otros fueros, como el comercial o el laboral, y no necesariamente de una competencia administrativa. v.
14

(Guastavino, 1988: 272). Los argumentos propiamente políticos que plantean la necesidad de evitar
interferencias en los procesos decisorios administrativos, permitiendo que sea el superior jerárquico quien realice
el control de legitimidad y conveniencia de los actos de sus subordinados y mantener unidas las facultades de
ejecutar la ley y de resolver las controversias sobre su aplicación, ya constituyen un cuestionamiento explícito al
sistema de división de poderes, y de controles y contrapesos establecido en el texto de la Constitución de 1853.
En todo caso la jurisprudencia convalidatoria de estas “jurisdicciónes” administrativas primarias constituye la
aplicación más clara de aquella doctrina de la Corte Suprema sobre la interpretación “dinámica” de la
Constitución, esto es, a la luz de las ideas políticas prevalecientes en cada época. v. (Guastavino, 1988: 272).
Para ejemplos y situaciones adicionales, v. notas (GH 43 y 44). 1.3.- En materia de “no revisibilidad” de ciertas
actuaciones policiales, cabe aclarar que, si bien la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad del dictado de
edictos policiales por parte del Poder Ejecutivo –v. Fallos 191:245- una vez que la ley 14467 sancionada en
1958, convalidó las facultades del Poder Ejecutivo para hacerlo, estableciendo el procedimiento policial
contravencional y sus sanciones, varias de ellas inapelables, la Corte Suprema las reconoció plenamente en sus
atribuciones. Por un lado, en la referida etapa jurisprudencial, el control de legitimidad o de razonabilidad de los
actos administrativos que no afectasen libertades ambulatorias en general. (Fallos, 248:600). Por otra parte se
dijo asimismo que la vía del habeas corpus no es la idónea para recurrir una sanción de arresto policial, “toda vez
que éste no encuadra dentro del supuesto al mediar orden escrita de autoridad competente, dada la naturaleza
contravencional de la infracción imputada”. (Fallos, 169:209; 246:210 y antecedentes allí citados). Ver nuevas
citas de fallos en n. (GH 44). 1.4.- En materia de “no revisibilidad” en procedimientos de la justicia militar
aplicados a civiles, se trataba de causas cuya materia eran actividades consideradas subversivas. v. Fallos
254:116 y los antecedentes allí citados. 2.- La legitimación del organismo “jurisdiccional” para litigar contra los
particulares se admitía cuando se concedía la revisión judicial de sus resoluciones (2.1.) y excepcionalmente se
dictaba la nulidad de actos administrativos como resultado de la revisión judicial (2.2.). 2.1.- Si bien la Corte
Suprema resguardó en general el rol formal del Poder Judicial de ser la última instancia en la revisión de los
actos administrativos –con las salvedades señaladas arriba- al punto que una vez declaró la inconstitucionalidad
de un procedimiento por falta de recurso judicial, mantuvo un criterio predominantemente restrictivo sobre la
revisión judicial. v. Fallos. En sentido contrario a la jurisprudencia estadounidense, donde se ha sentado el
principio de que “la doctrina de la “jurisdicción” administrativa determina cuándo será un tribunal y cuándo un
organismo administrativo el que debe dictar la resolución inicial. Esta es su función específica, y no la de
disciplinar la revisión judicial de la actividad administrativa”. El especialista en Derecho Administrativo Héctor
Mairal cita el caso Texas Pacific Railways Co. Vs. Abilene Cotton Oil 304 U.S. 426, que dió lugar a revisiones
amplias y meticulosas de los actos administrativos. v. (Mairal, 1984: 342). En nuestro país, por el contrario, ha
predominado el principio de la instancia judicial como “meramente revisora”, llegándose a restringir la revisión
incluso a aspectos de derecho del acto recurrido”. Según Guastavino, la justicia puede confirmar o anular una
resolución administrativa, pero no modificarla. La tesis contraria importaría que el control judicial de la
actividad administrativa fuese más amplio que el control del Poder Ejecutivo sobre sus entidades
descentralizadas. Sigue diciendo Guastavino que, además del control de legitimidad, el Poder Judicial no
debería ejercer el poder de policía dictando una resolución propia de un ente administrativo o sustituyendo a éste
con una modificación de la calificación de los hechos y cosas, o bien procediendo a modificar una multa. “En
principio -termina diciendo Guastavino- la graduación y el monto de una multa estaban libradas al prudente
criterio del administrador, salvo que alcance extremos confiscatorios que autoricen a declarar judicialmente la
inconstitucionalidad de la cuantía atacada”. v. (Guastavino,1988, t. II: 107). A esto se agrega que, en caso de
concederse la revisión, se reconoce al organismo que dictó el acto jurisdiccional recurrido a actuar ahora como
contraparte del recurrente en sede judicial como parte actora, demandada o al efecto de dictaminar contra el
particular. v. Fallos 293:590; 243:398; 298: 714; 301:228; 302:1812; 295:51; 288:400; 304:535; 305:644. 2.2.-
Respecto de la excepcionalidad del dictado de la nulidad de los actos administrativos como resultado de la
revisión de los actos administrativos, la evolución jurisprudencial de la magistratura argentina difería del
principio sentado por la Corte Federal de los Estados Unidos. Para la jurisprudencia norteamericana “la
evaluación final sobre la revisabilidad no debe encontrarse por medio de técnicas súper refinadas, sino en la
necesidad de la revisión para proteger contra un agravio irreparable ocasionado por reglamentos administrativos
que tienen efectos jurídicos en el procedimiento antes de otras audiencias y de las ulteriores resoluciones que en
su virtud se pudiesen adoptar”. En tal sentido se cita Columbia Broadcasting System Inc. vs. U.S., 316 US 407.
En contraste –según el administrativista Agustín Gordillo- en la Argentina del período predominó el concepto
jurisprudencial de que en materia de nulidad de actos administrativos, los criterios a aplicar debían interpretarse
con mayor flexibilidad que respecto de los actos jurídicos del derecho privado, debiendo estarse, en caso de
duda, a favor de la presunción de legitimidad que tiene el acto. v. (Gordillo, 1990, t. III:1).
15

“discrecionalidad administrativa” vedada a la intervención de la justicia 32 . Convalidación de
las motivaciones políticas invocadas en los actos y decisiones del Poder Ejecutivo 33 .
Facultades condicionadas y restricción de competencias
El Poder Judicial del período mantuvo las limitaciones que, desde los tiempos
fundacionales, venía soportando en sus facultades y competencias. Si, por el contrario,
hubiera asumido el “arbitraje” de los conflictos trabados entre los poderes políticos ¡cuántas
revueltas políticas e intervenciones federales se habrían ahorrado! Al no ser así, la abstención
del Poder Judicial fue ocasión propicia para alentar medidas fundadas en conveniencias
políticas o en razones de poder 34 . Dos características de la jurisprudencia ponen de manifiesto
la tendencia: un frágil control de la contitucionalidad de las normas; y la abdicación de las
competencias propias.
32 (GH 40-41) La tercera evidencia de la progresiva concentración de facultades en el Poder Ejecutivo se hace
presente en la llamada “discrecionalidad administrativa” según la cual está exenta de control judicial, como
regla general, toda actividad o decisión que concierne a la oportunidad –“discrecionalidad”- de la actividad
administrativa en las “esferas no regladas” . v. (Guastavino, 1988, t. I: 106, 107). Recordemos que la posibilidad
real de la revisión judicial sobre los aspectos reglados del acto debe entenderse dentro de los criterios restrictivos
ya ofrecidos (v. la nota 328 (GH 34 y 35). La definición más enfática la daba nuevamente Miguel Marienhoff
para quien “Actos no judiciables son aquellos en los que la relación entre los poderes políticos es de
coordinación y en los cuales la intervención del Congreso sólo es válida dentro de las cuestiones que la misma
Constitución deja libradas a su reglamentación y siempre que con ellas no se impongan al Poder Ejecutivo
restricciones que la ley suprema no establece ni explícita ni implícitamente”. Más adelante aclara que tales
facultades presidenciales “están expresadas en fórmulas de tal magnitud que se vuelven inapropiadas para ser
aplicadas por un tribunal judicial”. v. (Marienhoff, 1984-A-). Para Elías Guastavino, tal discrecionalidad
administrativa abarcaba nada menos que “la elección de criterios normativos generales y la aplicación de los
criterios que los motivaban para la regulación de los intereses sociales”. v. (Guastavino, 1988:112).
33 La cuarta evidencia de la progresiva concentración de facultades en el Poder Ejecutivo se hace presente en la
convalidación judicial de las específicas motivaciones políticas que invocaba el presidente en sus actos, incluso
cuando estos fueran contrarios, a veces, a la letra expresa de la ley o de la Constitución. Para comprender este
proceder es de interés evocar, una vez más, la interpretación dinámica de la Constitución (A) y señalar algunos
casos ejemplares en la aplicación jurisprudencial (B). A) Sobre la interpretación dinámica de la Constitución,
cabe recordar que, imbuída del concepto según el cual era valioso ajustar las interpretaciones al pensamiento de
la época, la jurisprudencia de la propia Corte Suprema muestra en varios casos más receptividad a pensamientos
políticos críticos de los principios constitucionales positivos que a estos y a las normas positivas que ellos
expresan. Ya hemos visto cómo aparecen instituciones que no se fundan en los principios de la Constitución;
cómo la doctrina de la época retacea la revisión judicial a un mínimo formal pese a que el art. 100 prevé con
naturalidad que el Estado podía ser parte en juicios; cómo otra doctrina interpretaba las facultades del Poder
Ejecutivo como la norma general y las atribuciones del Congreso como las excepciones, exactamente al
contrario de lo que sostenían los artículos 29, 19 y 28 del texto constitucional. Esta particular tensión que
caracterizó al pensamiento y la práctica jurisprudencial de la época, permite advertir que la Constitución, más
que como una base a la cual referenciarse, parecía percibida a menudo como un escollo a superar, muy acorde,
en el fondo, con la inestabilidad institucional que sentó la tendencia general del contexto de su tiempo en el país.
Sobre la llamada “mutación constitucional” ; el pasaje del método interpretativo estático al método interpretativo
dinámico, y la aplicación de la doctrina Ballot-Baupré , v. (Oyhanarte, 1969: 88, 97, 105).
16

Frágil control de la constitucionalidad de las normas
La facultad constitucional asignada al Poder Judicial para declarar la
inconstitucionalidad de las normas de los poderes políticos cuando entraban en colisión con la
ley suprema, pareciera ser un factor decisivo para la autoafirmación de su propio poder 35 . Sin
embargo, entre nosotros, la jurisprudencia subordinaba la admisión de la facultad declarativa
llamada recurso extraordinario, a requisitos selectivos que, muchas veces, volvieron ilusoria
la reparación jurídica de los derechos conculcados por el Estado respecto de los ciudadanos o
por el gobierno central respecto de los estados provinciales. Tal lo ocurrido con la
jurisprudencia cuando establecía recaudos procesales exagerados y restringía los casos de
libre acceso a la justicia. En definitiva, la declaración de inconstitucionalidad quedaba sujeta a
una serie de requisitos que impedían su utilización eficaz y reconocía, casi siempre, la
ampliación de las facultades del gobierno central 36 .
Abandono de las competencias propias
A tono con la tradición recibida del período fundacional, la Corte Suprema siguió sin
intervenir en las cuestiones llamadas de “carácter político”, abandonando sus prerrogativas
propias y dejando en manos del Gobierno amplísimas facultades. En este aspecto, la conducta
del Poder Judicial seguía la consigna de no invadir la esfera de acción reservada al Poder
Ejecutivo. Es así como los jueces ampliaron las llamadas “cuestiones políticas no
judiciables” 37 a una gama de asuntos públicos mucho mayor que los antecedentes
34 .- v. ob. cit. p. 183, nota 7.
35 .- El llamado recurso extraordinario surgía indirectamente del art. 100 de la CN, al establecer que
“Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación, el conocimiento y decisión de todas
las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución...” Se llamaba –se llama- extraordinario porque
la vía de acceso a la Corte Suprema no es originaria sino posterior a una instancia previa o anterior, tal como lo
establece el art. 101 de la C.N. v. (Bidart Campos, 1993: 626-627). Para un conocimiento específico del instituto
de referencia puede consultarse (Morello, 1987); (Sagüés,1992: 316 y ss.); (Guastavino, 1992, t. 1, cap. III).
36 .- v. (Zorraquín Becú, 1967: 182 y ns. 4 y 5)
37 (GH 38-39). La progresiva concentración de facultades en el gobierno se hace presente en la ampliación de las
llamadas “Cuestiones políticas no judiciables” como segmento de asuntos vedados a la actuación del Poder
Judicial. Como aspectos relevantes interesa saber qué son las “cuestiones políticas no relevantes” (1) y cuál es la
amplitud de las. “cuestiones políticas no relevantes”(2)- 1. Caracterización de las “cuestiones políticas no
judiciables”.- La nota común en la práctica de los llamados “actos no judiciables”, tal como es ejercida en
Estados Unidos, Francia, Italia, España, etc. –conocidos habitualmente como “cuestiones políticas” en el primero
y como “actos de gobierno” en los demás- es que se trata de una categoría de actos que se refieren a las
relaciones entre distintos Estados o entre el Gobierno y el Parlamento de un Estado, más que a las relaciones
directas entre el Estado y los particulares. En todos los casos se trata de un concepto que es considerado como de
“interpretación restrictiva”, que es objeto de críticas doctrinarias y que, además, estaría en pleno retroceso
jurisprudencial desde la década del cincuenta. Así : A) En los Estados Unidos, la jurisprudencia federal ha
considerado incluídas en la categoría de las “cuestiones políticas no judiciables” el proceso de sanción de las
17

leyes; la reforma constitucional; el juicio político y sólo algunas materias en sede internacional, tales como los
poderes militares; el reconocimiento por el presidente de gobiernos beligerantes o insurgentes extranjeros; la
calidad diplomática de los agentes de terceros países ante los Estados Unidos; así como la extensión territorial de
terceros países. La exposición más completa de la doctrina actual se desarrolló en Baker vs. Carr, donde la Corte
Suprema dejó sentado que no todos los aspectos de política exterior son cuestiones políticas y, por otro lado,
aceptó revisar la constitucionalidad de una ley electoral estadual, a la que terminó declarando inconstitucional
porque no reconocía la necesidad de aumentar la cantidad de representantes que debían ser elegidos por un
distrito cuya población había aumentado significativamente más que otros en los últimos cien años. También ha
llegado a ser objeto de revisión judicial la decisión de una cámara legislativa de excluir a uno de sus miembros
imputado de inconducta. Pero desde 1962 la Corte Suprema de los Estados Unidos reconoció carácter de
“cuestión política” a una sola controversia. Si bien otros tribunales federales aplicaron la doctrina para declarar
no justiciables los litigios en que se impugnó la constitucionalidad de la guerra de Vietnam o el apoyo militar a
Israel, los casos Baker vs. Carr y Powell vs. Mc.Cormack marcan un retroceso de la noción, y existen autores
que niegan su persistencia en la actualidad. Tales los citados por Mairal: Henkin J. “Vietnam in the Courts of the
United States” en American Journal Comparative Law, 63, p. 284 y 285; Schwartz E. y Mc.Cormack L. “The
Justiciability of Legal Objections to the American Millitary Effort in Vietnam”, en Texas Law Review, 43, p.
1033. v. (Mairal, 1984: 472-480). Sobre aspectos generales del rubro v. (Bidart Campos, 1993, t. II: 74-77 y 520-
527). B) En Francia, ya en el siglo XIX se abandonó la definición del “acto de gobierno”, llamando asi a aquel
que persigue un móvil político; y a mediados del siglo XX se abandonó también la extensión conceptual a todo
acto vinculado al interés general o a todo aquel que aplique directamente la Constitución en lugar de la ley. La
actual jurisprudencia francesa sólo incluye en el concepto de “acto de gobierno” dos categorías : los actos
referidos a las relaciones del gobierno con un Estado extranjero o con algún organismo internacional. v.
(Ducrouquet, cit. Mairal 1984: 480-498). C) En Italia se han entendido como “actos de gobierno” los que
constituyen el ejercicio directo de funciones constitucionales –disolución del Parlamento, relaciones
internacionales de paz y guerra, declaración del estado de peligro público, pero cabe advertir que la exclusión de
la tutela jurisdiccional sólo se refiere a la que proporcionan los tribunales administrativos respecto de los
intereses legítimos, no existiendo dicha restricción si se lesionan derechos subjetivos, ya que la protección de
éstos corresponde a los tribunales judiciales con los alcances amplios señalados en notas anteriores –v. n. 244-
(GH 16). v. (Mairal, 1984: 498-501). D) En España, desde 1965 la legislación contencioso administrativa
restringió las cuestiones políticas a los casos de defensa del territorio nacional, relaciones exteriores,
organización militar y seguridad interior, pero sin perjuicio de las indemnizaciones que fuesen procedentes y
cuya determinación se realizaría en sede judicial. En 1978 la reforma constitucional estableció la revisión
judicial amplia. Así como en los Estados Unidos y en Francia, también en España hay autores que afirman que la
noción misma de “cuestión política”, “acto de gobierno”, “acto no judiciable” estaría desapareciendo desde la
década de los ochenta. v. (Mairal, 1984: 501-503). 2. Amplitud de las “cuestiones políticas no judiciables”.-
Los jueces argentinos del período extendieron la variedad de las llamadas “cuestiones políticas no judiciables”
mucho más allá de los antecedentes comparados que solían invocarse, incorporando hipótesis tan amplias como
los rubros “consecución del bien común” ; “subsistencia de la comunidad”; “defensa de las instituciones básicas
de la nación”, el “respeto a las garantías del sistema republicano” al extremo de haber sostenido alguna vez que
“las pautas constitucionales no son aptas para ser aplicadas judicialmente” , las hipótesis señaladas fueron
extraídas del calificado estudio de Elías Guastavino; del detalle presentado por Miguel Marienhoff. v.
(Guastavino, 1988, t. I: 72-75); (Marienhoff, 1984-A:757) y de sentencias extraídas de Fallos 238:391; 301:291
y otros. Al contrario de las tendencias en las democracias de la época, la doctrina y especialmente la
jurisprudencia parecían inclinarse a extender y apoyar la noción de que deberían existir actos no judiciables del
Poder Ejecutivo. Una definición representativa de la doctrina de la época es aquella según la cual “los actos de
gobierno institucionales en sí mismos, aunque no siempre en cuanto a sus consecuencias, están sólo sometidos a
controles políticos variados, que responden a la estructura constitucional del Estado y a la condenación o
aprobación implícitas en la renovación de las autoridades por medio del sufragio” v. (Guastavino, 1988: 212);
(Marienhoff, 1984 –A-).. La jurisprudencia de la época desarrolló un principio según el cual “el control judicial
debe ser ejercido con mesura”. Ha de tenerse en cuenta que el examen de los actos administrativos y legislativos
no excluye la sensibilidad jurídica o política del legislador o juez, especialmente cuando se tiene en cuenta la
conciencia moral de la comunidad. Tampoco tiene el alcance de convertir a la justicia en una supralegislatura
para juzgar la posibilidad genérica de desviación en un texto legislativo”. v. Dictamen del Procurador General,
con remisión a Fallos 215:53; 284:291, que la Corte Suprema hizo suyo , según registro en Fallos 300:700. Un
ejemplo clásico es la corriente jurisprudencial según la cual “tanto la decisión de implantar el estado de sitio por
el Congreso o por el Poder Ejecutivo en el receso de aquél, como su aplicación por el presidente de la República
en casos concretos, importa el ejercicio de facultades propias cuya consideración es, en principio, extraña al
18

comparados que se solían invocar; mientras se amoldaban al ritmo centralizador impuesto por
el Gobierno en detrimento de los restantes poderes del Estado 38 y negando amparo a los
derechos de las personas. Así extendieron la variedad de las llamadas “cuestiones políticas no
judiciables” a rubros tales como “consecución del bien común”; “subsistencia de la
comunidad”; “defensa de las instituciones básicas”; “respeto a las garantías republicanas”, al
extremo de haber sostenido alguna vez que “las pautas constitucionales no son aptas para ser
aplicadas judicialmente” 39 .
Abandono de competencias propias
La supresión de la tercera y última instancia ante la Corte Suprema ocasionada por la
creación de Cámaras de Apelaciones con asignación de competencia en procesos civiles,
comerciales y penales, esquilmó una garantía insustituíble y necesaria del “derecho a la
jurisdicción” 40 . A ello se sumó la unificación de procedimientos entre los tribunales
nacionales de todo el país y los análogos de la Capital Federal, mediante el dictado del Código
Poder Judicial” v. Fallos 195:439; 236:637;242:540;246:205; 248:800; 252:244; 293:298. Siguiendo un criterio
opuesto al de la Corte Suprema de los Estados Unidos de la misma época, la Corte Suprema de la Argentina
nunca consideró judiciables las causas sobre legislación electoral, pese a la existencia de un fuero judicial
dedicado a la materia electoral. La circunstancia de atribuir el legislador a los tribunales de justicia funciones
electorales no altera la naturaleza de las mismas ni basta para convertirlas en judiciables o como emanadas de un
tribunal de justicia. v. Fallos, 237:385. Tampoco consideró admisible la impugnación de leyes provinciales con
fundamento en que las mismas pudiesen no respetar las garantías republicanas. Allí es donde se pronunció la
notable conclusión de que “las pautas constitucionales no son aptas para ser aplicables judicialmente, ya que
dejando de lado casos extremos, los significados dependerán de la ideología política del intérprete”. v. (Mairal,
1984: 503-516). El contraste de este escenario con el de las democracias contemporáneas fue percibido con
diversas valoraciones por la doctrina nacional. Fue implícitamente aceptado por autores como Elías Guastavino y
explícitamente recibido como una expresión de autorrestricción de los jueces frente a la política por Arturo
Sampay, y especialmente por Miguel Marienhoff; siendo explícitamente denunciado por Héctor Mairal, y
explícitamente criticado por Ricardo Zorraquín Becú; Víctor Tau Anzoátegui-Eduardo Martiré; y Agustín
Gordillo.; todas ellas expresiones del desamparo en que se encuentran las garantías constitucionales frente a los
“abusos” del Poder Ejecutivo. v. (Zorraquín Becú,1967: 183-185); (Tau Anzoategui y Martiré, 1989: 638);
(Gordillo, 1990, II:.37). Nuestra Corte Suprema llenó con acierto su misión porque, al desempeñar
moderadamente su contralor y al adoptar la doctrina americana de la “injudicialidad” de las cuestiones políticas,
pudo salvarse de las candentes pugnas entre los partidos políticos, que llegaban repetidamente hasta ella
demandando corrección para las violaciones constitucionales de índole política. Tanto es asi que cuando a partir
de 1930 la Corte Suprema abandonó, en una célebre y muy propia teoría sobre los gobiernos de facto, su
prescindencia en “cuestiones políticas” –las “political quaestions” de los americanos, que los autores de aquel
país indicaban como la válvula de escape que permitió a la institución atravesar más de un siglo- soportó la crisis
que todos conocemos. La complejidad del tema de los poderes “discrecionales” y “reglados” del gobierno
unipersonal, se refleja, además, en la sofisticación del debate. v. (Quiroga Lavié , 1985: 803-806).
38 .- v. (Zorraquín Becú, 1967: 183).
39 .- Las hipótesis señaladas fueron extraídas del calificado estudio de Elías Guastavino; del detalle presentado
por Miguel Marienhoff y de sentencias extraídas de la Corte Suprema de Justicia. v. (Guastavino, 1988, t.I:72-
75); (Marienhoff, 1984-A: 757) (Fallos, 238:391; 301:291 y otros).
40 .- v. ob. cit. p. 184, nota 8.
19

Procesal Civil y Comercial de la Nación, que fué un engranaje más para favorecer, de últimas,
el afán controlador del poder político central 41
La convergencia entre los dos poderes
Para sumar nuevas evidencias “hiperpresidencialistas”, la exploración de la
jurisprudencia es el camino adecuado y la historia de los fallos la piedra de toque que marcó
con signo indeleble la actuación judicial durante el período muestreado 42 . Superada la
situación inicial de los gobiernos radicales en que la Corte de Bermejo, heredera del
roquismo, impuso una doctrina conservadora y “positivista” para intentar recuperar un mundo
pretérito que a la clase dirigente le parecía imperfectible 43 , la jurisprudencia del período
ofrece pruebas consistentes sobre la preeminencia del Gobierno sobre la Justicia 44 .
Con la transformación provocada por la crisis mundial de 1929, los gobernantes
conservadores impulsaban la intervención del Estado en resguardo de las instituciones
preexistentes 45 . A través de una jurisprudencia dinámica, la Corte de Repetto no vaciló en
consentir la fórmula política de los sucesivos gobiernos, otorgando el exequátur al
intervencionismo estatal; a la “extensión del poder de policía”; a los nuevos derechos
laborales; a la responsabilidad administrativa del Estado 46 . Los tiempos excepcionales tras la
Segunda Guerra Mundial fueron capitalizados por Juan Domingo Perón cuyo poder
protagónico se hizo sentir en el discutido juicio político al subsistente tribunal heredado del
41 .- v. ob. cit. p. 185, nota 9.
42 En su análisis de la historia jurisprudencial, Oyhanarte considera que entre la Corte Suprema y los hombres de
la Casa Rosada no hubo ni independencia ni dependencia sino paralelismo o adecuación, en beneficio del poder
más “fuerte”, el Poder Ejecutivo, y en interés del poder más “débil”, el Poder Judicial v. (Oyhanarte, 1972: 89)
43 Bajo la acción propulsora del juez Antonio Bermejo –designado por Roca en 1903- la jurisprudencia de la
Corte empezó a quedar cada vez más sometida a las rigidices, la estrechez filosófica y la erudición aparente y
fácil del positivismo que imperaba en todos los niveles, sectores y estamentos. v. (Oyhanarte, 1972: 96). La
Corte de Bermejo, desde 1903 hasta 1929, pasa por tres momentos diferentes. Desde 1903 hasta 1914, solidez y
coherencia casi absolutas con el positivismo imperante; entre 1916-1922 y 1928-1929, la posición conservadora
de Bermejo es de “choque y enfrentamiento” con los gobiernos de Yrigoyen . Entre 1922 y 1928, modus
operandi con el gobierno de Alvear. Es de advertir que el juez Bermejo, durante los gobiernos radicales de
Yrigoyen mantenía una posición ortodoxa que lo alejaba cada vez más de los restantes integrantes del Alto
Tribunal. v. (Oyhanarte, 1972: 99).
44
La tesis sustentada por Oyhanarte es sometida a verificación empírica a través de la exploración
jurisprudencial selectiva acompañada de la observación de procesos y comportamientos de los principales
protagonistas actuantes a lo largo del período en estudio.
45 v. ibid p. 103. Además, (Di Tella y Zymelman, 1967: 17-19); ( Martínez de Hoz, 1977 :192-195).
46 v. ibid. p. 103 y causas “Avico” (Fallos 172-29); “Inchauspe” (Fallos 194-483); “Swift” (Fallos 171-343);
“Anglo” (Fallos 171-366); “Compagno” (Fallos 198-81); “Martini” (Fallos 200-450); “Sabena” (Fallos 201-
71); “Condomi” (Fallos 170-12); “Ñuñorco” (Fallos 204-811); “Quinteros” (Fallos 179-113) ; “Guardian
Assurance” (Fallos 150-104)
20

período conservador 47 . Afín con los designios de la fórmula política, la Corte de Casares
continuó acompañando la expansión del Estado a través de la economía dirigida; la justicia
distributiva; la función social de la propiedad 48 . La ola desarrollista que en los años ´60
recorría continentes enteros, proclamaba un “cambio de estructuras” mediante la acción
positiva del Estado; las libertades públicas garantizadas y la vigencia irrestricta de los
derechos humanos 49 . La fórmula política liderada por Frondizi, quedó plasmada en una fuerte
acción legisferante que la Corte de Oyhanarte supo convalidar , interpretando las tendencias
que reclamaban el desarrollo económico y social; la “modernización de la estructura
agroindustrial”; la declaración de los “estados de emergencia”; el “ordenado progreso de la
comunidad”. 50
En fin, las tendencias de la historia, que poco saben de escrupulosas autonomías y de
sumisiones irredentas, mostraron un Poder Judicial que funcionó como una correa de
transmisión que permitió incrementar aun más el poder del protagónico actor presidencial que
se mostró muy superior al de sus modelos referenciales comparados 51 .
47 v. ibid. p. 108. Además (Di Tella y Zymelman, 1967: 29-31); (Buchrucker Cristian, 1987). Sobre el juicio
político a la Corte de Repetto, v. Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 1946, t. I, pp. 508
y ss.; t. IV, pp. 811 y ss; 830 y ss.
48 v. ibid. p. 110-114 y causas “Martín” (Fallos 208-497); “Castellanos” (Fallos 208-430); “Banco de la Nación”
(Fallos 226-408); “Cia. de Electricidad de Corrientes” (Fallos 201-432); “Pacheco Santamarina de Alvear”
(Fallos 226-134) ; “S.A. Comercial Staudt y Cia” (Fallos 229-368); “S.A. Neumáticos Goodyear” (Fallos 229-
456); “Tomás Celesia” ( Fallos 229-630); “Elisa Manuela Torrá “ (Fallos 232-134). Resultan aleccionadores los
conceptos expuestos por el convencional Arturo Enrique Sampay al exponer las ideas que orientaban la Reforma
Constitucional de 1949, íntimamente vinculada con la Constitución histórica de 1853, cuyo Poder Judicial
“empleando con mesura sus facultades y tratando de contemporizar con la orientación gubernativa de los
órganos políticos, fue también un factor que contribuyó al robustecimiento de la autoridad del Estado...” v.
ADLA, 1949-B- p. 51
49 v. ibid. p. 114. v. además (Nosiglia, 1983)
50 v. ibid. p. 115-118 y causas “Asociación Bancaria” (Fallos 245-86); “Alfredo Masi” (Fallos 256-114);
“Larralde” (Fallos 243-98); “Tornquist” (Fallos 241-73); “Cine Callao” (Fallos 247-121); “López de Reyes”
(Fallos 244-548); “Fernández Arias” (Fallos 247-646); “Lares” (Fallos243-276); “Angel Russo” (Fallos 243-
467); “Prattico” (Fallos 246-845); “José E. Roldán” (Fallos 250-46); “Kot” (Fallos 241-291) ; “Siri” (Fallos
287-459); “Antonio Sofía” (Fallos 243-504).
51 .- El grado de expansión de la “jurisdicción” administrativa en desmedro de la intervención del Poder Judicial,
justifica el cotejo comparativo con su similar norteamericana y los sistemas de Europa Occidental posteriores a
la II Guerra Mundial. A) Estados Unidos.- Se identifican numerosos rangos de casos en que la intervención de
los jueces no estaba supeditada a la ejecución de los actos administrativos. Elías Guastavino registra casos en
materia impositiva, decomisos aduaneros y otras sanciones . v. (Guastavino,.1988, t.I.: 294; Wright John. Law of
Federal Courts. University Press, Saint Paul, Minessotta, 1983 pp. 15-27, (cit. Mairal, 1984: 81-90). Desde
1887, la legislación que creó las jurisdicciones administrativas solía incluir la regulación de los recursos
judiciales y, en caso de no estar regulados, se abría la vía judicial de acuerdo a procedimientos generales, hasta
que en 1946 la Ley de Procedimientos Administrativos –APA- estableció la revisión judicial como regla general
para todo acto administrativo; habiéndose interpretado que las disposiciones de las diversas leyes que otorgaban
carácter final a una decisión administrativa se referían tan sólo al ámbito administrativo y no excluían la ulterior
revisión judicial. Tales disposiciones, de todas maneras, eran muy poco frecuentes y se encontraban en leyes que
establecían pensiones o compensaciones que en la Argentina llamaríamos “graciables”. V. Burnet P, “The
Constitutional Tolling Principle. Procedural due Process, Right to Judicial Review”, Houston Law Review, 17,
21

Conclusión.-
El relevamiento, análisis y sistematización de los hechos da cuenta de algunas
generalizaciones empíricas a título de inferencias conjeturales. Con el grado de expansión
política y administrativa del régímen “hiperpresidencialista” del período, las facultades
judiciales del Poder Ejecutivo se fueron liberando cada vez más de la intervención de
magistrados independientes cuya misión era precisamente la de impartir justicia. Tal
desarrollo de facultades judiciales, habilitadas en su orígen por los ordenamientos
constitucionales en vigencia, trajo aparejado el incremento de los poderes presidenciales a lo
largo de las siete décadas del período en estudio. Tal conclusión histórica desmiente las
corrientes doctrinales que desde los años ’30 quisieron ver en el predominio de la política
sobre la justicia una garantía para la introducción de un orden social deseable que nunca se
verificó. Y con ello la experiencia histórica exalta la importancia de construir consensos
políticos y sociales sobre los fundamentos de un orden institucionamente previsible que, por
eso mismo, significaría un mayor aporte a la paz social.
_______________________
1979, p. 135, (cit. Guastavino 1988, t.I, 1984: 261, 272, 291-293); Mairal, 1984: 113-116; 303-314). B)
Francia.- La revisión judicial en Francia estaba a cargo de una justicia administrativa separada de la justicia
ordinaria con inclusión de varias instancias ordinarias de revisión. v. (Mairal, 1984: 314). C) Italia.- La
Constitución republicana de 1948 estableció en su art. 113 la revisabilidad judicial de cualquier categoría de
actos de administración. v. (Mairal, 1984: 314-315. D) España.- Desde 1956, la revisión judicial de actos
administrativos se estableció para casos de vulneración de derechos subjetivos. Tras la reforma constitucional de
1978 , la revisión judicial se extendió a todo tipo de acto administrativo sin excepción. v. (Mairal, 1984: 315).
22

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