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COLABORACIONES
como los que sean consecuencia del
funcionamiento anormal de la Administración
de Justicia, darán derecho a
una indemnización a cargo del Estado,
conforme a la Ley.”
El desarrollo legislativo de estas
previsiones constitucionales se incluye
en la actualidad en el Libro III- “Del régimen
de los Juzgados y Tribunales”-,
Título V-“De la responsabilidad patrimonial
del Estado por el funcionamiento
de la Administración de Justicia”-,
artículos 292 a 297, de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
(LOPJ). Concretamente, el artículo
292.1 LOPJ establece que “los daños
causados en cualesquiera bienes o
derechos por error judicial, así como
los que sean consecuencia del funcionamiento
anormal de la Administración
de Justicia darán a todos los perjudicados
derecho a una indemnización a
cargo del Estado, salvo en los casos
de fuerza mayor, con arreglo a lo dispuesto
en este Título”.
Así pues, entre las circunstancias
de hecho que constituyen presupuesto
de la responsabilidad patrimonial del
Estado-Juez que se mencionan en el
artículo 292.1 de la LOPJ, es necesario
distinguir: de un lado, la categoría del
“error judicial” y, singularmente, dentro
de ella, el caso concreto de la prisión
provisional indebida del artículo 294
LOPJ; y, de otra parte, la hipótesis del
“funcionamiento anormal de la Administración
de Justicia”, de la que constituye
el ejemplo típico el retraso injustifi -
cado en la tramitación de los procesos
judiciales.
Los presupuestos para que pueda
declararse la responsabilidad patrimonial
por el funcionamiento anormal de
la Administración de Justicia son los
siguientes:
- En primer lugar, ha de valorarse la
complejidad del litigio.
- En segundo lugar, deberán tomarse
en consideración los márgenes ordinarios
de duración de los litigios del
mismo tipo. En este sentido debe
precisarse que la mera duración
global prolongada de un procedimiento
no determina automáticamente
la concurrencia en el mismo
de una dilación indebida. Para ello
resulta imprescindible que pueda
apreciarse la existencia de paralizaciones
o retrasos injustifi cados que
resulten directamente imputables a
la acción u omisión del órgano judicial.
En este caso se estimaron
las siguientes paralizaciones injustifi
cadas: en la Audiencia Nacional,
desde el 5 de diciembre de 1998 –
fecha en la que los autos quedaron
pendientes de señalamiento para
votación y fallo – y el 14 de febrero
de 2000 – fecha en la que se procedió
a efectuar dicho señalamiento
–; en el Tribunal Supremo, desde el
29 de abril de 2002 a 1 de febrero
de 2005 – es decir, desde que los
autos quedaron pendientes de señalamiento
hasta que dicho señalamiento
se efectuó-.
Teniendo en cuenta todas las circunstancias
anteriores fue declarada
por la Dirección General de Relaciones
con la Administración de Justicia
la responsabilidad patrimonial del Estado
por el funcionamiento anormal de
la Administración de Justicia, que se
concretó en la diferencia entre el interés
legal y el interés de demora durante
todo el período de la dilación –desde
el 5 de diciembre de 1998 hasta el
14 de febrero del 2000, y desde el 29
de abril del 2002 hasta el 1 de febrero
del 2005–.
Entiendo que este criterio de la Dirección
General de Relaciones con la
Administración de Justicia puede ser
bastante útil, teniendo en cuenta la
lentitud de los tribunales en el ámbito
contencioso-tributario.
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