Seguridad vial Seguridad vial - Revista Profesiones

actualidad
El Defensor del Pueblo no
recurrirá la Ley de Extranjería
Satisfacción en la Abogacía porque asuma el fondo
de la petición de inconstitucionalidad
El pasado 5 de febrero el Consejo
General de la Abogacía Española
(CGAE) hacía llegar por escrito
al Defensor del Pueblo el acuerdo
de su Comisión Permanente que solicitaba
la interposición del recurso de
inconstitucionalidad contra determinados
preceptos de la Ley Orgánica
14/2003 de 20 de noviembre (por la que
se reforma la LO 4/2000 de 11 de enero)
sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros
en España y su integración social
(modificada a su vez por la LO 8/2000
de 22 de diciembre).
El informe jurídico elaborado por
la Subcomisión, presidida por Pascual
Aguelo, consta de 78 páginas en las que
se examinaba documentación remitida
por varios colegios de abogados (Bilbao,
Málaga, Valencia y Zaragoza), así como
la opinión de nueve expertos en Derecho
Civil, Constitucional y Filosofía del
Derecho Internacional Privado y Público
de distintas universidades españolas.
En él se manifiestan dudas acerca
de la constitucionalidad de nueve preceptos
que afectan a dos de los cuatro
artículos que conforman las modificaciones
en cinco materias distintas: cesión
y acceso vía telemática de datos de
carácter temporal, garantías jurídicas en
los procedimientos administrativos, devolución
y expulsión de extranjeros,
centros de internamiento de extranjeros
y presentación personal de solicitudes.
El CGAE entiende que estas novedades
violan el artículo 18 de la Constitución
(derecho al honor y la intimidad) y denuncia
la “vaguedad de algunas justificaciones
a efectos de combatir la inmigración
ilegal”.
Ante la decisión adoptada semanas
después por el Defensor del Pueblo, Enrique
Múgica, de no interponer recurso
de inconstitucionalidad contra la reforma
de la Ley de Extranjería, el Presidente
del CGAE, Carlos Carnicer, manifestó
su respeto por esta medida y se
mostró satisfecho de que, en la argumentación
desestimatoria del recurso,
haya considerado las peticiones presentadas
por la Abogacía y éstas hayan sido
plasmadas en la petición del propio Defensor
a la Administración.
Múgica ha pedido a la Administración
que “se efectúe un adecuado desarrollo
reglamentario de la Ley que permita determinar
vías de regularización individual
a los extranjeros que permanecen
en España en situación irregular” y ha
manifestado la necesidad de “buscar fórmulas
prácticas que permitan dignificar
la situación de los extranjeros que permanecen
en España y sobre los que pesa
una orden de expulsión que no puede
ejecutarse”. Según Carnicer, aunque a
la Abogacía le hubiera gustado que se
presentara este recurso, apoya la petición
del Defensor para que la Administración
estime sus ruegos. P
Los notarios y la Fundación Aequitas organizan
una Jornada sobre Inmigración
“El procedimiento de adquisición
de la nacionalidad española
debe ser modernizado”
“Es necesario modernizar el procedimiento
de adquisición de la nacionalidad
por los residentes extranjeros
asentados en el territorio español para
lograr su verdadera integración. Abreviando
plazos y simplificando este procedimiento
se aseguraría la protección
de sus derechos humanos”. Ésta fue
una de las principales conclusiones
expuestas en la Jornada sobre Inmigración,
organizada por la Fundación
Aequitas y promovida por el Consejo
General del Notariado, el pasado 2
de febrero en “La Casa Encendida” de
Madrid, en la que los participantes (catedráticos,
fiscales, jueces, abogados,
notarios y trabajadores sociales) abordaron
la problemática jurídica y social
de las personas inmigrantes en nuestro
país desde distintas perspectivas (sociológica,
legislativa, judicial, fiscal,
administrativa, etc.), con el fin de proponer
a las administraciones competentes
las reformas que consideran necesarias.
Para el vocal del Consejo General
del Poder Judicial, Félix Pantoja,
“existe una progresiva criminalización
de los aspectos administrativos
de la inmigración, lo que se ve reflejado
en la cada vez mayor intervención
de lo penal”. Por otra parte, con
el fin de evitar el tráfico de personas,
la fiscal del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, Elvira Tejada de la
Fuente, destacó la importancia de “intentar
que la administración proteja
a las personas inmigrantes para que
denuncien las situaciones de explotación
a las que están sometidas”.
El problema de la educación de
los menores inmigrantes fue otro de los
argumentos de esta Jornada. Carmen
González Madrid, Jefe del Gabinete
del Defensor del Menor, resaltó que
“en Madrid, donde reside el 12% de
la inmigración en nuestro país, se
precisa que la administración dote a
los centros de infraestructuras y personal
especializado”.
Marzo-Abril 2004 Profesiones |9