Seguridad vial Seguridad vial - Revista Profesiones

actualidad
esos listados y no es ilegal la utilización de los datos contenidos
en esas fuentes. En principio esos listados deben ser, son fuentes
de acceso público. Uno de los servicios que prestan los colegios
es el garantizar la deontología profesional y el correcto
ejercicio de las profesiones. Por tanto el acudir a un colegio
para que le indiquen si una persona está o no colegiada es correcto.
El ejemplo más cercano está en la recientemente aprobada
Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. Otra
cosa distinta es que alguien acuda a un colegio y pida la lista
de todos los colegiados. Eso sería distinto. Yo no aconsejaría
que se dieran si no se aclara para qué, por qué,..., etc.
P. Tras su nombramiento como vicepresidente del Grupo de
Trabajo de autoridades europeas de Protección de Datos,
parece que se le empieza a conceder a España cierto protagonismo
internacional, ¿no?
Foto: Maty
R. España tiene cada vez mayor reconocimiento. La Agencia
española ha demostrado que funciona bien, que es seria
y rigurosa. Estamos colaborando mucho con la República
Checa, con Polonia, con Iberoamérica, creamos la Red Iberoamericana
de Protección de Datos. Algo que es muy importante
porque en estos momentos en todos los países de Iberoamérica
se está produciendo un movimiento a favor de la
elaboración de normas de protección de datos, donde hasta
ahora había un gran vacío. Sólo Argentina tiene una Ley general
de protección de datos y éste es el momento oportuno
para estrechar lazos de colaboración. En la Comisión Europea
se reconoce también esta labor. Sin embargo, es verdad que
España es uno de los países donde menor conciencia de protección
de datos hay de toda Europa.
P. ¿Sobre qué aspectos trabaja en la actualidad este Grupo
de Trabajo?
R. En estos momentos estamos analizando una norma comunitaria
que tiene mucho que ver con el ejercicio de las profesiones,
que es la posible creación de un fichero conjunto en el
que se incluyan los datos de personas que han sido inhabilitadas
para el ejercicio profesional en algún país de la Unión
Europea. Esto plantea problemas de protección de datos, porque
es un fichero y hay que ver cuál es la finalidad, qué datos
se incorporan, quién tendría acceso a esos datos...
P. A partir del 20 de marzo, la autoridad responsable de la
sanción de los correos no deseados (spam) será la Agencia
Española de Protección de Datos, ¿cómo tienen previsto enfrentar
esta responsabilidad?
R. Elaborar un marco es ya un problema porque tenemos que
considerar para ello tres leyes: la Ley General de Telecomunicaciones,
la de Firma Electrónica y la LSSI. Son leyes que se están
modificando unas a otras. Es más complicado de lo que parece,
porque la Agencia no tiene competencia para sancionar por el
envío de cualquier correo no deseado o spam y no todo correo
electrónico enviado sin consentimiento son comunicaciones comerciales.
Según la Federal Trade Comisión, sólo el 16% de todos
los correos electrónicos que se envían en el
mundo son legales. El 75% son claramente
ilegales. Además también se están haciendo
estudios que demuestran que con un
porcentaje mínimo de personas que reciban
ese correo electrónico respondan, ese
correo ya es rentable. El panorama que tenemos
ante nosotros es muy preocupante.
Se considera que al día se envían entre
cinco mil millones y diez mil millones
de correos no deseados, esto es algo ante
lo que hay que reaccionar de inmediato.
Pero, la Agencia sola no puede, hará todo
lo que esté en sus manos, pero los propios
ciudadanos también tienen que reaccionar,
mediante el establecimiento de
medidas de seguridad en sus ordenadores,
denunciando los casos ante la Agencia,
poniendo filtros...
P. A todo ello se suma aspectos como los del DNI digital, la
tarjeta sanitaria, la firma electrónica o el nuevo pasaporte.
Gran parte de los temores reside en cómo hacer que todos
los datos que guardan esos chips sean seguros.
R. En alguna ocasión, en relación a la tarjeta sanitaria, he dicho
que prefiero salvar una vida que salvar un dato. Si puede haber
medios que faciliten la atención sanitaria, yo encantado. Ahora
bien, siempre y cuando se haga con las medidas de seguridad
adecuadas. En principio, no estaríamos en contra de la aplicación
de estas nuevas tecnologías, si eso facilita la vida de los ciudadanos.
Que se haga, pero adoptando las medidas de seguridad
que sean necesarias, para que ese documento cumpla con
la finalidad que debe cumplir y no otra. Si de este modo hacemos
más complicada la vida a los infractores de las leyes, pues
bienvenido sea; si lo que hacemos es poner en riesgo o incrementar
el riesgo potencial para las personas que viven tranquilamente
y que cumplen con las leyes, pues plantea problemas.
Consideramos que plantea problemas cuando no queda claro
qué datos se incluyen, quién puede acceder y por qué, en qué
casos, qué hacer con los datos a los que se acceda, ahí sí tenemos
que poner todas las cautelas y las garantías posibles. Y si eso encarece
el producto, pues qué le vamos a hacer. P
8| Profesiones Marzo-Abril 2004