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medio ambiente
Advertencia de Bruselas
Aunque la Estrategia para el Cumplimiento del Protocolo de
Kioto es el eje vertebrador de todas las demás políticas del Gobierno
que inciden en el cambio climático, una herramienta clave
para el cumplimiento del Protocolo será el comercio de emisiones.
Antes, el Gobierno debe asignar las cuotas máximas de
emisión a varios sectores (generación de electricidad, refinerías,
coquerías, parte de la cogeneración, cemento, cerámica y vidrio;
siderurgia; papel-cartón y pulpa de papel) en el Plan Nacional
de Asignación que debería presentarse en Bruselas antes
del 31 de marzo. De hecho, si el Ejecutivo no cumple con este
plazo, la Comisión Europea abrirá “rápidamente” un proceso
de infracción contra España. Pero lo más grave es que el hecho
de no presentar un plan de asignación significaría que la industria
española renuncia a participar en el mercado comunitario
de derechos de emisión, mientras que el Estado tiene que
cumplir con los objetivos del Protocolo de Kioto y el acuerdo
de reparto de la carga entre los países miembros.
El comercio de emisiones contempla
una fase piloto para el periodo 2005-
2007 y otra para el periodo 2008-2012
La Directiva que establece el comercio de emisiones contempla
una fase piloto para el periodo 2005-2007 y otra para el
periodo 2008-2012 y cubre los sectores antes mencionados, que
son responsables de un porcentaje estimado entre el 45% y el
50% de las emisiones de CO 2 correspondientes al año 2001 en
España. Esta misma establece los criterios que han de aplicarse
para asignar los derechos de emisión a estos sectores.
Cumplir con el Protocolo de Kioto costará a las sociedades
españolas unos 5.000 millones de euros al año, por lo que su
cumplimiento ha de hacerse con el reparto más acertado entre
cada sector y cada empresa. Es aquí donde surgen diferencias
de criterio y matices divergentes.
Para Gonzalo Echagüe, lo principal es analizar en profundidad
las emisiones de los diferentes sectores. “Se debe estudiar
cuál es el coste de la reducción de las emisiones y optimizar
ese coste; en cualquier caso los deberes se deberían
haber hecho antes”, señala.
Según las principales organizaciones ecologistas, el sistema
para asignar los derechos debería ser el de subasta, hasta
el máximo que permite la Directiva. El resto debería asignarse
a razón de una cuota fija de derechos de emisión por unidad
de producción. Además, exigen que el Estado incluya
dentro del Plan una reserva de derechos de emisión para ser
asignados a nuevas instalaciones por el procedimiento de subasta,
así como debería reservarse sin asignar una cierta cantidad
de los derechos, para tener cierto margen y poder venderlos
en caso de necesidad a quienes sobrepasen los límites
asignados.
“El Gobierno debería haber hecho
los deberes antes”
No hay “plan B”
El comercio de emisiones entrará en funcionamiento el 1 de
enero de 2005 en el ámbito europeo y a escala internacional en
2008, siempre y cuando Rusia, el mayor contaminador mundial,
ratifique el Protocolo. Es altamente previsible que Rusia
dé próximamente el sí quiero. Un claro indicativo ha sido la
reciente ratificación por parte de Ucrania. En todo caso, no
hay un “plan B” si Rusia cumple su amenaza, no ratifica el
texto y nunca llega a entrar en vigor. Entonces serán más fuertes
las voces de los que piden una revisión de los instrumentos
para enfrentar el proceso de cambio climático. P
Marzo-Abril 2004 Profesiones |51