Nº 32, Enero 2011 - Centro de Estudios Garrigues

COLABORACIONES
Antonio Martínez Mosquera
Responsable del Departamento Fiscal de Amper. Antiguo Alumno Máster en Tributación 1998-1999.
Fiscalidad medioambiental
Recientemente han salido informaciones
acerca de la necesidad
de incrementar la fiscalidad
medioambiental en España, como
mejor incentivo para reducir la contaminación
y a un coste inferior a otras
medidas. Quizá por ello sea un buen
momento para recordar la situación actual
de la fiscalidad medioambiental en
España.
Hay que recordar que el artículo 31
de la Constitución Española concibe
al sistema tributario como un medio
dirigido al sostenimiento de los gastos
públicos. En nuestra Constitución no se
contempla directamente la posibilidad
de que la fiscalidad pueda ser utilizada
con una finalidad distinta de la de
sostener el gasto público. Es en la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, en la que se reconoce abiertamente
la posibilidad de utilizar las
potencialidades de la fiscalidad para
fines no estrictamente recaudatorios.
En particular, el artículo 2 establece la
posibilidad de que los tributos puedan
servir para atender a la realización de
los principios y fines contenidos en la
Constitución, dentro de los cuales se
encuentran los medioambientales.
Lo primero que hay que destacar
es que quienes más beneficiados pueden
salir del incremento de la fiscalidad
medioambiental son las Comunidades
Autónomas, ya que, al tratarse normalmente
de hechos imponibles no gravados
por el Estado, no hay ninguna
limitación para implementarlos. La Ley
Orgánica de Financiación de las Comunidades
Autónomas (LOFCA) recoge
en su artículo 4 que los recursos de
las Comunidades Autónomas estarán
constituidos, entre otros, por sus propios
impuestos, tasas y contribuciones
especiales. Las limitaciones que tienen
las Comunidades Autónomas para establecer
sus propios tributos son las
siguientes:
- No pueden establecer privilegios
económicos o sociales ni imponer
la existencia de barreras fiscales.
- No pueden establecer tributos
que supongan un obstáculo para
la libre circulación de personas,
mercancías, servicios y capitales.
- No pueden afectar de manera
efectiva a la residencia de las personas
ni a la ubicación de las empresas
o capitales.
- No pueden recaer sobre hechos
imponibles gravados por los tributos
locales.
Como consecuencia de la crisis, las
Comunidades Autónomas han encontrado
en la fiscalidad medioambiental
una fuente para paliar sus debilitadas
cuentas. En la actualidad existe una
gran variedad de tributos medioambientales
que afectan principalmente al agua
y al saneamiento, a los residuos, a los
gases contaminantes y a las grandes
superficies. En el 2010 se han creado los
siguientes tributos medioambientales:
1) Impuesto sobre el depósito de
residuos en vertedero, creado
por Cantabria.
2) Canon eólico, creado por Galicia.
Para el año 2011 Andalucía ya ha
anunciado que van a entrar en vigor
diversas medidas medioambientales.
Entre ellas, la creación de un impuesto
sobre las bolsas de plástico de un solo
uso, de 10 céntimos por bolsa, para incentivar
el uso de otros productos más
compatibles con el reciclaje. En Baleares,
el Govern ha anunciado la creación
de un impuesto ecológico sobre las
empresas de energía y comunicaciones
que incidan en el medio ambiente.
En Cantabria se ha anunciado la creación
de un nuevo tributo que va a gravar
el uso de las bolsas de plástico en los
comercios.
También han aprovechado los ayuntamientos
esta moda medioambiental
para establecer nuevas figuras tributarias.
Así el Ayuntamiento de Madrid
creó en el año 2006 la Tasa por Gestión
de residuos Sólidos a Grandes Generadores,
si bien, en el año 2008, esta
tasa fue modificada, pasando a ser la
actual Tasa por Prestación del Servicio
de Gestión de Residuos Urbanos.
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