Educación y políticas sociales Sinergias para la inclusion

Introducción
del universalismo en la medida en que divorcia el acceso a ciertos
componentes del bienestar de la situación laboral, la que, con frecuencia,
no depende de la voluntad del individuo, sobre todo en
contextos de crisis y desocupación. Esta condición de no contributivos
coloca todo el peso del financiamiento en los recursos fiscales
del Estado sin que su implementación dependa de la recaudación
de aportes de las personas y/o de los empresarios, para su posterior
redistribución. Esta definición constituye un tema para discutir la
sustentabilidad de los programas en el mediano y largo plazo, en
relación con la coyuntura económica y política. En el caso argentino,
tal como lo planteó Perczyk en su presentación, se trata de una
lógica de extensión de los derechos de los trabajadores formales a
los informales, en un camino al universalismo. Sin embargo, esta
extensión es discutible ya que los informales beneficiarios están
obligados a cumplir con determinados requisitos que los formales
no tienen, a la vez que aparecen restricciones de acceso –como no
cubrir a más de cinco hijos– que tampoco afectan al otro grupo.
En síntesis, el sencillo mecanismo de focalizar en una población
con privaciones más o menos predeterminadas, transferir efectivo
para la satisfacción de algunas necesidades básicas a determinar por
los hogares y exigir determinados comportamientos en contrapartida,
se consideró como una llave para disminuir la incidencia de la
pobreza, romper el ciclo de su reproducción generacional y mejorar
los niveles educativos y sanitarios de la población bajo programa.
EDUCACIÓN Y POLÍTICAS SOCIALES
SINERGIAS PARA LA INCLUSIÓN
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Implementación
En la mayoría de los casos, estos programas son de diseño centralizado
con baja articulación y coordinación con los sectores que
integran su diseño conceptual y analítico y su operatoria. Cubren
en la actualidad a más de 120 millones de personas, el 20% de la
población de la región a un costo de alrededor del 0.4% del PIB
regional, por lo que se los considera baratos desde el punto de vista
de su funcionamiento (Cecchini). Su centralización hace que su operatoria
sea top down, yendo del centro rector a los beneficiarios,
sin mayor intervención de otros actores. La existencia de macro
bases de datos de identidad, tributarias, de acceso a programas,