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jorge fábrega 63
Entonces, ¿existe alguna justificación ética para limitar los derechos
abortivos? Como indica Rawls (1993), un postulado normativo es
justo y puede ser concebido como parte de la razón pública si quienes
se rigen por él lo entienden como legítimo. Por eso, en el contexto de
una sociedad que reconozca la libertad de pensamiento, de existir una
justificación, ésta no puede fundarse en creencias religiosas porque los
individuos que no compartan dichos credos están impedidos de aprehender
las normas que de ella se derivan. Por tanto, en esos casos, su
sometimiento a la norma sólo puede sustentarse mediante coacción. Tal
imposición legal sobre ellos sería injusta y, por ende, ilegítima. En tal
sentido, el argumento de la autonomía para ofrecer bases normativas a
la validez del aborto es impecable: nadie obligaría a una mujer que no
quiera abortar que lo haga, pero tampoco obligaría a otra mujer a renunciar
a su derecho a disponer de su cuerpo y abortar si ello es lo que
desea. No obstante, la argumentación sobre la base de creencias religiosas
no es ni la única ni la principal objeción que puede hacerse sobre
derechos abortivos. En este artículo deseo documentar que es el propio
concepto de autonomía, por sus implicancias, el que motivaría a individuos
autónomos a comprometer límites a la aplicabilidad del concepto
y, por ende, limitar tales derechos.
Para evaluar la pertinencia de un principio normativo como justificación
de reglas vinculantes, tal principio debe ser analizado en todas
sus consecuencias. Ello no es una posibilidad más entre muchas; al
contrario, se trata de un ejercicio necesario para deducir (y no imponer)
ese criterio como legítimo. Dicho ejercicio tiene dos etapas: primero, se
debe analizar las consecuencias lógicas que se derivan de la aplicación
del principio en cuestión en diversos escenarios relevantes; y, posteriormente,
se debe evaluar su razonabilidad, vale decir, la posibilidad de
que sea aceptable como principio rector por quienes se han de guiar por
él, es decir, como parte de la razón pública.
Ese ejercicio aplicado sobre el principio de autonomía genera
algunas implicancias con escasas posibilidades de calificar como
parte de la razón pública. Específicamente, si la despenalización del
aborto se justifica sobre el principio de autonomía, lo mismo ha de
concluirse del infanticidio de un neonato y de todo infante que no ha
alcanzado el desarrollo suficiente para que su autonomía sea eviden-
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