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Por otra parte, esto ha traído como consecuencia un creciente
aumento de la regulación. Según un estudio: “Hubo cierta sofisticación
en el establecimiento de estos indicadores, ajustándose parámetros a
partir de coeficientes de regresión y estableciendo otros criterios como
el IDD, que pretende medir el valor agregado de la formación de las
carreras, mediante la comparación de notas de los entrantes a determinada
carrera, de los egresados, y de la formación cultural promedio
de los padres de los estudiantes. La tendencia observada es el aumento
de la complejidad de los indicadores que guían a las comisiones del
Ministerio de Educación que visitan las instituciones para recomendar
el reconocimiento de las carreras y el uso intensivo de estos mismos
indicadores para establecer prioridades para el otorgamiento de financiamiento
de los estudiantes en las instituciones y carreras” (Centro
Interuniversitario de Desarrollo, 2011, p. 35). Otro autor sostiene que
“la dinámica del lucro, también promovió un incremento del nivel regulatorio,
el cual a su vez incrementa las imperfecciones del mercado (...).
Así, por una parte se liberó el funcionamiento de los mercados, y, por
otra, se sentaron las bases para un aumento del nivel regulatorio, que
crecientemente se ha dado en forma altamente centralizada y politizada.
Y una de cuyas manifestaciones ha sido el establecimiento de mecanismos
de aseguramiento de la calidad” (Rama, 2011, p. 7).
Douglass habla del “efecto Brasil”: cuando “la educación pública
no puede satisfacer la creciente demanda” por acceso a programas de
educación superior, las universidades con fines de lucro “se apresuran
a llenar ese espacio. Éste es el patrón en muchos países en desarrollo,
incluido Brasil” (Douglass, 2012, p. 12). La falta de inversión estatal
y, más tarde, el subsidio estatal explicarían el fenómeno. El resultado
es “un tipo de política por omisión. El futuro mercado terciario de la
educación no será el resultado de una política bien pensada (...) sino un
mercado cuasi-libre que promoverá proveedores de baja calidad” incapaces
de lograr los niveles educacionales requeridos (Douglass, 2012,
p. 2). Dado que el sector universitario con fines de lucro “no se sostiene
gracias al libre mercado, sino que gracias a subsidios estatales”, la pregunta
es qué ocurriría si esos subsidios se destinaran a universidades
públicas y a universidades sin fines de lucro (Douglass, 2012, p. 13).
En suma, pareciera que ni Estados Unidos ni Brasil han dado todavía
con un marco regulatorio satisfactorio para las universidades con
fines de lucro.
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