Diálogo intercultural - Ediciones Universitarias

En nuestro país la construcción decimonónica de una noción
de mexicanidad homogénea, conveniente a un modelo específico
de ciudadano y también al autoritarismo, nos privó por mucho
tiempo del reconocimiento de una sociedad plural, que fue sacudido
gracias a los movimientos sociales de la segunda mitad del
siglo XX, o de reivindicación indígena a través del Movimiento
Zapatista en 1994. Estos procesos abrieron paso a que al menos
en el discurso y en el papel se asentara la apuesta por la igualdad,
mediante el reconocimiento de diferencias.
En las últimas décadas, la aceptación de la diversidad social se ha
percibido cada vez más como una condición indispensable para
el desarrollo democrático, y se han presentado avances plausibles
en el marco jurídico sobre derechos humanos, especialmente en
las cartas fundamentales sobre la materia: constituciones o tratados
internacionales. Por ejemplo, ya existe un reconocimiento expreso
de los pueblos originarios en la conformación pluricultural del
Estado. O bien, las llamadas cláusulas de prohibición de discriminar
se han asentado entre nosotros, y se determinan ya como el
estatuto más reconocible de la universalidad de los derechos.
Sin embargo, el discurso ha tenido que medirse con la realidad.
Desmontar las distintas formas de exclusión pasa por reconocer
formas de violencia institucionalizada, a veces sutiles, como la que
evidenció la reciente declaración patrimonial de los funcionarios
federales de primer nivel, ante la exhibición de que las tres secretarias
de Estado del Gobierno actual ganan menos que sus homólogos
varones, además de ocupar carteras tradicionalmente consideradas
propias para mujeres: turismo, desarrollo social, salud. Otras, terriblemente
evidentes, como la que nos dio a conocer la Encuesta Nacional
sobre Discriminación en México (Enadis) de 2010, al reflejar que el 87%
de las trabajadoras o trabajadores del hogar no tienen ningún tipo de
seguro médico, o que el 50% no reciben aguinaldo 2 .
Y en este sentido, los tribunales han jugado un papel cada vez
más protagónico, para que se haga efectivo el reconocimiento de
la diversidad social, del multiculturalismo, y el acceso al ejercicio
de derechos humanos, que se ha negado simplemente cuando
no se pertenece a la mayoría que detenta una protección legal
“natural” desde los parlamentos que la representan.
En términos de raza, en el proceso de visibilizar a las minorías
afroamericanas en Estados Unidos, es paradigmático el Caso Brown
vs Board of Education (1954), resuelto por la Suprema Corte de ese
país. En este caso, se decidió que era discriminatorio establecer
escuelas separadas para la educación de los afroamericanos, lo que
fue un motor fundamental para eliminar la segregación racial, y la
implementación de acciones afirmativas a favor de esa población,
al asignarle lugares predeterminados en universidades y empleos.
Justo este año, la misma Corte norteamericana tendrá la importante
tarea de decidir si todavía son pertinentes estas acciones
afirmativas para favorecer minorías raciales, como afroamericanos
o latinos, en el acceso a la educación superior. Se trata de considerar
los límites ante los que la composición multicultural puede
ser atendida como un factor en la admisión a las universidades, en
el Caso Fisher vs. University of Texas.
_En nuestro país la construcción
decimonónica de una noción
de mexicanidad homogénea,
conveniente a un modelo específico de
ciudadano y también al autoritarismo,
nos privó por mucho tiempo del
reconocimiento de una sociedad plural.
También en los próximos meses, esa misma Corte se hará cargo
de determinar si es constitucional una ley, The Defense of Marriage
Act (DOMA), que prohíbe extender beneficios federales destinados
a los matrimonios heterosexuales a las parejas del mismo sexo;
o si es posible por vía de referéndum cancelar la extensión de la
institución matrimonial a estas parejas, y que había sido otorgada
mediante la legislación estatal.
En nuestro país no tenemos una trayectoria de larga data en esta
defensa, como en otros contextos, no sólo el norteamericano, sino
el argentino, el sudafricano, o el colombiano, por señalar algunos de
los más representativos. Recién iniciamos una experiencia de reivindicación
social mediante los tribunales, en el reconocimiento de la
diversidad y del multiculturalismo, especialmente a través del litigio
estratégico que emprenden organizaciones de la sociedad civil.
Por ejemplo, en el Amparo Directo en Revisión 1624/2008
(2008), la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación determinó que para aplicar una sanción por posesión de
huevos de tortuga marina, el tribunal debía considerar las costumbres
de la comunidad indígena a la que se vinculaba el recurrente
del juicio de amparo, y que había sido imputado en la causa penal.
Por su parte, en el amparo 1157/2007-II, el famoso Caso Mininuma
(2008), el juez otorgó la protección de la justicia a una comunidad
rural del Municipio de Metlatónoc, Guerrero, que no contaba
con servicios médicos indispensables, lo que hacía nugatorio su
derecho a la salud. La consideración de esta carencia inexcusable
pasó por la evidencia de que sólo se habían hecho acreedores a
la política pública de contar con un centro de salud, por parte
de las autoridades del estado de Guerrero, las poblaciones de más
de 2,500 habitantes, lo que dejaba en desamparo prácticamente a
las comunidades menos pobladas, integradas justo por indígenas.
En esta resolución, el juez estimó que era necesario dotar de los
elementos materiales para el funcionamiento de una clínica, así
como una cartera de servicios médicos adecuados a la misma.
Es interesante observar cómo el empleo del instrumento judicial
no sólo puede servir a quienes por esa vía intentan aproximarse a
la defensa de los derechos, sino también a movilizar culturalmente
patrones estereotipados que favorecen desigualdad y discriminación,
lo que es una gran asignatura pendiente en México. Los
tribunales pueden contribuir a la emancipación de las minorías.
Finalmente en eso estriba su función original. Ya no es una cuestión
de tolerancia.
25
1 En la expresión de Luigi Ferrajoli en su ya clásico Derechos y garantías. La ley del más débil, Madrid, Trotta, 1999.
2 Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, Enadis 2010, México, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 2011, p. 102.