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LA DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS EN EL PERU (1980 ...

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La Desaparición Forzada de personas en el Perú<br />

recomendaciones posteriores a visitas in loco, la magnitud de la violación<br />

de los derechos humanos en el país.<br />

De la configuración de este escenario resultan muy ilustrativos los<br />

Informes del Departamento de Estado de los Estados Unidos de<br />

Norteamérica, cuyo informe del año 1982 señaló como indicador de la<br />

buena imagen del Perú en relación con los derechos humanos, la elección<br />

de Lima como sede del III Congreso de Familiares de Desaparecidos<br />

(FE<strong>DE</strong>FAM)171, y paradójicamente, un año después sostuvo que el tema<br />

de las desapariciones se había impuesto con gran resonancia política,<br />

durante los meses de agosto y septiembre de 1983172.<br />

Ese mismo año, Amnistía Internacional hizo pública una carta dirigida al<br />

Presidente Belaúnde173, en la que mostraba su preocupación por la<br />

situación de violencia política desarrollada tanto por miembros de Sendero<br />

Luminoso como de las Fuerzas Armadas. Específicamente sobre las<br />

desapariciones forzadas precisó que las mismas fueron llevadas a cabo de<br />

modo conjunto por agentes de la policía y las fuerzas armadas desde 1983<br />

en las zonas de Ayacucho, Apurímac y Huancavelica, posteriormente al<br />

establecimiento del Comando Político Militar.<br />

Para la comunidad internacional las Fuerzas Armadas se constituyeron en<br />

el principal responsable de las desapariciones, en razón de las excesivas<br />

potestades otorgadas en las zonas declaradas en emergencia174. Pero sin<br />

dejar de resaltar la participación de otros actores: los ronderos o Comités<br />

de Defensa Civil, bajo las órdenes de los primeros, cuando no con su<br />

apoyo175, así como las Fuerzas Policiales y, desde 1988, grupos del tipo<br />

“escuadrones de la muerte”176. Además, se menciona que<br />

mayoritariamente las Bases Militares funcionaron como centros de<br />

detención177.<br />

Incluso, el Comité de Derechos Humanos mostró su preocupación por la<br />

inexistencia de un control de las actividades militares y de los<br />

171 Informe del Departamento de Estado de los EUA, correspondiente al año 1982. Pág. 612.<br />

172 Informe del Departamento de Estado de los EUA, correspondiente al año 1983. Pág. 675. Una<br />

opinión muy similar en: Informe Anual de Amnistía Internacional de 1984. Págs. 186 a 191.<br />

173 Amnistía Internacional, “Carta de Amnistía Internacional al Presidente Fernando Belaúnde Terry<br />

del Perú”, Londres, 1983.<br />

174 Ver: Informe del Departamento de Estado de los EUA, correspondiente al año 1985, y Comité de<br />

Derechos Humanos (Observaciones Finales: Perú). Documento CCPR/C/79/Add.8, del 09 de abril<br />

1992. Párrafo 8. Asimismo, GTNU. Informe E/CN.4/1999/62. Párrafo 236; AMNISTIA<br />

INTERNACIONAL. Informe Anual de Amnistía Internacional de 1986. págs. 193 a 197. Ver:<br />

Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en el Perú. Op. Cit. Párrafo 7.<br />

175 AmnistIa Internacional, “Perú: Derechos Humanos en un clima de terror”. Lima, 1991. Pág. 7.<br />

176 Ibid. Págs. 19 y 24.<br />

177 Informe del Departamento de Estado de los EUA, correspondiente al año 1982, Pág. 685.<br />

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