LA DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS EN EL PERU (1980 ...

La Desaparición Forzada de personas en el Perú
delitos contra la Tranquilidad Pública tipificó el delito en el artículo 323 en
los siguientes términos:
“El funcionario o servidor público que prive a una persona de su libertad,
ordenado o ejecutando acciones que tengan por resultado su desaparición,
será reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince años e
inhabilitación”.
Desde la perspectiva de los bienes jurídicos protegidos a través de este
dispositivo (vida, libertad, integridad personal, y personalidad jurídica), la
ubicación sistemática del tipo penal resultaba a todas luces equívoca, a
pesar de indicar el legislador que con el artículo antes glosado “se protege a
las personas de conductas atentatorias contra los derechos humanos”63. En
todo caso, esta ubicación y el hecho de que en el tipo objetivo sólo se
contemple la posibilidad de que sea realizado por un agente estatal,
implicaba por parte del legislador el reconocimiento de “que la
desaparición forzada de personas es una práctica de terror llevada a cabo
por cuerpos organizados para el control interno” y por lo tanto una
“manifestación especifica del terror de Estado”64.
Luego de la ruptura del orden constitucional el 5 de abril de 1992, el
gobierno promulgó el Decreto Ley 25475, que en forma expresa derogó los
artículos del Código Penal que tipificaban el delito de Terrorismo (artículo
22), entre ellas, la figura de la desaparición forzada.
Con fecha 2 julio de 1992 se dictó el Decreto Ley 25592, que volvió a
penalizar esta conducta de esta manera:
“El funcionario o servidor público que prive a una persona de su libertad,
ordenando o ejecutando acciones que tengan por resultado su desaparición
debidamente comprobada, será reprimido con pena privativa de libertad no
menor de quince años e inhabilitación, conforme al artículo 36 incisos 1 y
2 del Código Penal”.
El mismo decreto dispuso que las dependencias de la Policía Nacional del
Perú comuniquen de inmediato al Fiscal Provincial las denuncias sobre
desaparición de personas (artículo 2), que el mismo diera cuenta de sus
investigaciones al Fiscal Superior Decano del distrito judicial respectivo.
Por último, estableció que aquel debería emitir informes al Fiscal de la
Nación (artículo 4), quien en última instancia remitiría mensualmente un
63 Diario Oficial “El Peruano”. Exposición de motivos del Código Penal de 1991, promulgado por
Decreto Legislativo N° 635, Lima 1991. Pág. 13
64 Azabache, César, “Delitos contra los Derechos Humanos”. En: Series Penales. Instituto de
Defensa Legal, Lima 1991. Pág 40.
44